Plinio Apuleyo Mendoza
El Tiempo, Bogotá
Enero 22 de 2010
Como periodista, he visitado en Colombia zonas duras, de guerra; de esa guerra que se libra en los confines del país sin que a nadie, en la Bogotá de chismes y cocteles, le quite el sueño. De uno de esos viajes guardo un recuerdo imborrable. Estaba en Urabá, alojado en la decimoséptima Brigada, cuando en la primera hora todavía brumosa de la mañana encontré a docenas de jóvenes soldados preparándose para un combate. Sentados bajo los árboles, se teñían la cara con bruscos trazos verdes y negros que configuraban una máscara de camuflaje. El único helicóptero que tenía la Brigada iba y venía llevándolos por grupos a un rincón del Cañón de la Llorona, donde la guerrilla estaba atrincherada.
Al terminar el día, el helicóptero volvió trayendo a varios heridos y a un muerto, el teniente que los comandaba. "Mi general -le decía al comandante de la Brigada un soldado cuya rodilla había sido destrozada por los disparos-, le juro que me restablezco y vuelvo al combate". Recuerdo a ese muchacho cuando veo a tristes y silenciosos soldados con una o dos piernas amputadas en salas del Hospital Militar, cuyos ventanales se abren al panorama de la ciudad.
La absurda respuesta que da el Estado a estos sacrificios nos la recuerda Fernando Vargas, presidente de la Fundación de Víctimas de la Guerrilla, en un texto suyo sobre la total falta de garantías judiciales para los militares. Todo comenzó -dice Vargas- con el desconocimiento de la Justicia Penal Militar. ¿Por qué expedientes de los militares fueron masivamente entregados a la justicia ordinaria? Sin duda, para dar en el exterior una imagen de rigor y apaciguar a las ONG que veían a los militares como encubridores de sus propios delitos.
Muy bonito, pero se olvidó una terrible realidad que el mundo desconoce: en Colombia, muchos civiles que investigan o juzgan a los militares tienen contra ellos prejuicios ideológicos propios de la vieja izquierda. También hay en el Poder Judicial agentes encubiertos de la guerrilla o cercanos a sus brazos políticos. Unos y otros ven en los militares a los malos de la película. El sindicato judicial, Asonal, ha sido manejado por miembros del Partido Comunista. Bajo la Fiscalía del seráfico doctor Gómez Méndez tenían el control de su Unidad de Derechos Humanos. "El único que no es allí 'mamerto' soy yo", me contaba confidencialmente uno de sus fiscales.
Este fue sólo el principio de otras medidas parcializadas que vulneran derechos universalmente reconocidos. Por ejemplo, la aplicación a los militares de leyes con carácter retroactivo o la imputación de delitos que no se habían configurado antes, como la 'desaparición forzada'. Este ha sido el caso, sustentado por falsos testigos, del coronel Plazas Vega. En cambio, se mantienen los beneficios y amnistías dados a los dirigentes del M-19 que planearon el asalto al Palacio de Justicia. Se desconocen, además, a los militares los términos y otras garantías de un debido proceso. Basta una denuncia sin soporte válido contra un oficial para dictarle medida de aseguramiento. Y algo más: arbitrariamente se ha abolido el derecho antes reconocido a los militares de ser recluidos en sus propias unidades.
¿Se mantendrán estos atropellos judiciales? Sería bueno que candidatos o precandidatos no esquivaran este tema crucial. No es suficiente que sólo ofrezcan continuidad en la política de seguridad democrática. Si la guerra jurídica sigue triunfando, van a debilitarse las acciones militares y a fortalecerse las de las Farc. Para ganarle la guerra a la subversión es necesario devolverles a las Fuerzas Armadas sus fueros vulnerados. Quienes nos protegen no pueden quedar desprotegidos.
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