Rodrigo Guerrero
El Colombiano, Medellín
Enero 18 de 2010
Es de uso común decir que la primera víctima de toda guerra es la verdad. Disraeli, el premier ministro inglés, decía "que hay mentiras pequeñas, mentiras grandes y estadísticas". Churchill, sostenía que "nunca se dicen tantas mentiras, como antes del matrimonio, durante una guerra y después de una pesquería". Estas remembranzas me vienen a la mente con ocasión de la controversia reciente sobre el número de homicidios ocurridos en Medellín, Bogotá y Cali.
Uno de los grandes progresos que ha hecho Colombia en la lucha contra la violencia es tener información confiable sobre los hechos violentos y usarla para tomar decisiones. Cali, ciudad pionera en este esfuerzo, tiene un registro ininterrumpido y exacto de la criminalidad desde 1993. Bogotá, Medellín y Cali, recibieron créditos internacionales por prevenir la violencia, cuyos objetivos incluyeron desarrollar información precisa sobre el crimen: Características del hecho -quién, dónde, cuándo lo sufrió- y otras variables de importancia. En el momento hay más de 25 ciudades colombianas que tienen sistemas de información sobre violencia, llamados Observatorios del Crimen.
El Departamento Nacional de Planeación, en asocio con Cisalva de la Universidad del Valle y con el auspicio del BID, adelanta un proyecto para desarrollar y adoptar un conjunto de indicadores comparables de violencia y crimen en siete países, porque actualmente cada país tiene sus propias definiciones de los diversos delitos y eso impide hacer comparaciones válidas entre ellos.
A escala internacional se llama homicidio a la muerte causada por una lesión cometida con la intención de herir o matar. No importa si fue en legítima defensa, o si se trata de un enfrentamiento con la fuerza pública, o si es por la pena de muerte -en los países que la permiten-. Basta que la autopsia indique que las lesiones fueron intencionales para que se considere un homicidio, así no exista un fallo judicial que lo dictamine.
En 2007 Bogotá registró 367 muertes como "de causa desconocida", a pesar de que las víctimas mostraban impactos de armas de fuego, cuchilladas o señales de ahorcamiento, con el argumento de que "eran de causa indeterminada y podían abultar las cifras de homicidios para efectos de comparaciones nacionales e internacionales".
La Policía acaba de informar que en Medellín ocurrieron 1.432 homicidios en 2009, pero aclara que ese dato excluye las muertes por enfrentamiento con la fuerza pública y las ocurridas después de la lesión (que eufemísticamente, algunos llaman decesos).
Tanto en Bogotá como en Medellín, la información proviene, en este caso, de instituciones interesadas en mostrar resultados en la reducción del crimen. Es lógico que no se preocupen por mejorar la calidad de los datos, puesto que al mejorarlos deterioran los buenos resultados que quieren mostrar.
El Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, es el facultado por ley para determinar las causas de las muerte violentas. Además de disponer del tiempo y los recursos especializados para analizar el cadáver, el número de homicidios que dictamine no afecta el resultado de su gestión. Es Medicina Legal, como entidad independiente, la que debe resolver las discrepancias entre las fuentes de información.
Según ella, en 2009, en comparación con el año anterior, a nivel nacional ocurrieron 2315 homicidios más -aumento de 15%- y en Bogotá, Cali y Medellín aumentaron en 179, 341 y 1.110, o sea se registraron incrementos porcentuales de 12, 23 y 104 respectivamente.
Esa fue la realidad. Ahora hay que analizar con cuidado las razones del aumento y tomar medidas; no reducir las cifras con subterfugios como crear una categoría nueva para ocultar homicidios ciertos pero que no se muestran en las estadísticas: El subterfugio de los falsos negativos.
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