¿Quién está más equivocado?

 Editorial

Vanguardia Liberal, Bucaramanga

Marzo 11 de 2009

 “En Ecuador no es delito ser amigo de las Farc”, dijo el presidente de esa nación, Rafael Correa, en sus más recientes declaraciones sobre el tema a los medios de comunicación. 

Las afirmaciones del primer mandatario vecino, que bien podría pensarse que lo vuelven a decir todo en cuanto a su posición respecto a esa organización criminal, se dieron a raíz de las afirmaciones del ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, sobre el derecho que tendría cualquier nación a perseguir a sus enemigos más allá de sus fronteras.

La manifestación de Santos, que podría considerarse temeraria en estos momentos, no es equivocada teniendo en cuenta la historia reciente. 

De hecho, si de equivocaciones se trata, no se puede desconocer que Correa las ha cometido y en demasía. Sobre todo, porque no ha corroborado con suficiencia ni menos aún con pruebas convincentes, su supuesto distanciamiento de la organización criminal que tanto daño le ha hecho a Colombia. 

Incluso, si se analizan con más detenimiento sus declaraciones, se hace evidente que una vez más caen en mentiras y contradicciones que lamentablemente, el Gobierno Nacional no ha querido exhibir.

Es que si Correa, tal como lo afirma, se enteró de las relaciones cercanas entre su entonces ministro Gustavo Larrea con Raúl Reyes, así como de las frecuentes reuniones de su subsecretario se Gobierno Ignacio Chauvín con el mismo personaje, luego de que se llevaran a cabo, sólo existirían dos explicaciones para entenderlas.

O bien Rafael Correa está mintiendo sin recato alguno, o en su Gobierno cada funcionario, así pertenezca a las altas esferas, hace lo que quiere sin mayores consecuencias. No sobra decir que ambas son igualmente graves, sobre todo cuando aún no se sabe, como se dijo párrafos arriba, el nivel de cercanía del mismo Correa con las Farc.

En fin, tal vez lo único que resulta evidente de todo el asunto, es la necesidad del Presidente ecuatoriano de crear un enemigo común (el Gobierno colombiano) al interior de su país. Sólo así ha podido desviar la atención no solo sobre sus vínculos sospechosos con organizaciones delincuenciales, sino sobre los múltiples fracasos de su administración que incluso han llegado a censurar abiertamente a la prensa de su país.