La tragedia de los awás

Editorial

El Colombiano, Medellín

Agosto 31 de 2009

La muerte violenta de 12 miembros de la comunidad Awá, en Nariño, es un hecho condenable que exige claridad, pero no acusaciones precipitadas contra la Fuerza Pública. Las comunidades indígenas deben saber que sus enemigos son los grupos armados ilegales y los narcotraficantes que los amenazan y asesinan, y no quienes desde la legitimidad del Estado los protege

Tan graves y lamentables como los hechos que terminaron con la muerte violenta de 12 miembros de una misma familia de la comunidad Awá, en Nariño, son las denuncias apresuradas de dirigentes indígenas y de organizaciones internacionales de derechos humanos que, sin pruebas, ya pusieron en el banquillo de los acusados a miembros de la Fuerza Pública.

Ha vuelto a prevalecer, infortunadamente, la peligrosa estrategia de acusar primero y comprobar después, con la que muchos enemigos del Gobierno, dentro y fuera del país, buscan réditos políticos o económicos, pues ya hay ONG extranjeras que condenaron al Estado colombiano y abogados buscando poderes de familiares de las víctimas para demandarlo ante los tribunales internacionales.

Olvidan, con cierta frecuencia, que fue el Presidente Álvaro Uribe el primero en pedir la presencia de Naciones Unidas en las investigaciones que se adelantan por las masacres del miércoles anterior y de febrero pasado en esa misma comunidad Awá, así como lo hizo con la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, una vez se conocieron los lamentables hechos.

Lo que no puede olvidarse es que el drama de las comunidades indígenas ha estado ligado a la confrontación de grupos armados ilegales que operan en sus territorios. Han sido las guerrillas, los paramilitares, el narcotráfico y ahora las llamadas bandas criminales (Bacrim) los que han violado sus derechos humanos y condenado al exterminio y el desplazamiento, dentro de una disputa por el dominio de los cultivos ilícitos, muchos de los cuales han sido sembrados por la fuerza en sus territorios protegidos.

Al Gobierno no le ha temblado la mano para actuar, reconocer y castigar a los miembros de la Fuerza Pública que se hayan podido ver comprometidos en la violación de derechos humanos, y así lo reiteró el viernes pasado el propio Presidente Uribe en Bariloche, Argentina, donde dijo que "todavía no hay claridad sobre la masacre de los awás y siempre hacemos todo lo posible para esclarecer estos crímenes".

Por eso, es lógica la petición del Ministerio del Interior, en el sentido de que el Gobierno participe en la Comisión Internacional de Investigación que se creó para dar con los responsables del hecho, pues las garantías que pidieron Naciones Unidas y Human Rigths Watch para los indígenas son las mismas que demanda la Fuerza Pública, ante las precipitadas acusaciones en su contra.

Confiamos en que la justicia actuará con transparencia, independencia y celeridad y esperamos que las comunidades indígenas entiendan que sus verdaderos enemigos son los que durante décadas se han dedicado a violar sus derechos y no quienes desde la legitimidad del Estado siguen empeñados en protegerlos.

Es necesario que las comunidades del sur del país, especialmente las de Nariño y Cauca, acepten la presencia de un oficial de enlace, como funciona actualmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, para que el Gobierno pueda mantener una comunicación permanente y oportuna con ellas y se conjuren las muertes, amenazas y presiones que mantienen los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública pueda hacer su trabajo de salvaguardar su vida, honra y bienes.