Miedo a la democracia

Por Alfredo Rangel

Revista Semana, Bogotá

Agosto 29 de 2009

Para la Corte Suprema aceptar la estrambótica demanda del Polo fue una oportunidad para sabotear el referendo.

La confabulación de hecho entre el Polo y la Corte Suprema de Justicia para torpedear el referendo es el origen del lamentable y absurdo espectáculo que hemos presenciado en la Cámara de Representantes, obligada a rehabilitar uno por uno a 86 de sus miembros, puestos sub judice por dichos confabulados.

Esta ha sido una maniobra más de quienes temen que la expresión libre y democrática del pueblo en las urnas le brinde a Uribe la posibilidad de un tercer mandato. Quienes rechazan el referendo dicen defender la democracia, pero en verdad le tienen miedo. Y, obviamente, temen la gigantesca popularidad de Uribe, cuyo gobierno les ha devuelto la seguridad y la esperanza a los colombianos. Es probable que si en las urnas el referendo tuviera un alto riesgo de no ser aprobado, o que si Uribe no contara con el apoyo mayoritario de los colombianos, muchos de los que hoy rechazan el referendo, e hipócritamente se rasgan las vestiduras por la democracia, apoyarían sin reservas el trámite de esa iniciativa popular. Pero como ocurre lo contrario, los domina el miedo a la democracia y tratan de ponerle todas las trampas posibles, leguleyadas y falsas acusaciones incluidas.

En efecto, el representante Germán Navas Talero del Polo denunció por prevaricato a los representantes a la Cámara que votaron afirmativamente el proyecto del referendo, y la Corte Suprema aceptó esa demanda. Según el demandante, no se podía votar el referendo -ni positiva ni negativamente- sin el certificado del Registrador sobre las cuentas de dicha iniciativa popular. Justificando lo injustificable, se ha dicho que no se demandó a los representantes por el sentido de su voto, cosa que no resiste verificación alguna, si tenemos en cuenta que quienes votaron negativamente el referendo no fueron demandados. La acusación, además, no tenía fundamento, puesto que el tema de los recursos utilizados en las campañas electorales no es competencia del Congreso, sino de los órganos de control administrativo; por esta razón los parlamentarios no pueden detener su labor de análisis de las leyes y convertirse en jueces de demandas que no son de su competencia, ni mucho menos asumir que hubo dolo o vicios de legalidad en la recolección de las firmas. Teniendo en cuenta los conceptos del Registrador y del Consejo Nacional Electoral, es la Corte Constitucional la encargada de atender las demandas y determinar ex post y en forma exclusiva si las leyes han cumplido o no los procedimientos legales y si se ajustan o no a la Constitución.

Por supuesto que esto lo sabe la Corte Suprema. Pero para ella aceptar la estrambótica demanda del Polo fue una oportunidad para sabotear el referendo. Esta fue una maniobra política que riñe con el derecho, al cual se deberían sujetar estrictamente sus decisiones. Si la Corte Suprema no mantuviera y alimentara un ánimo de vendetta contra el presidente Uribe, habría podido invocar el principio universal y constitucional de la inviolabilidad del voto parlamentario -garantía de la separación de poderes y condición fundamental de una democracia- y habría trasladado la demanda a la Corte Constitucional. Pero no. Utilizó la demanda para llamar a rendir versión libre a 86 parlamentarios, atemorizarlos con el fantasma de la pérdida de sus investiduras y obligarlos a declararse impedidos para votar el referendo. La Cámara, naturalmente, puede levantar esos impedimentos y rehabilitarlos para votar. Pero el asunto era contribuir a dilatar al máximo el trámite legislativo de tal manera que, en su angustiosa carrera contra el tiempo, los plazos se agotaran y, aun cuando se aprobara el referendo, el presidente Uribe no pudiera ser candidato en 2010.

Esta torticera maniobra desdice del espíritu democrático tanto del Polo como de la Corte Suprema. Detrás de las cortinas, el Partido Liberal y otros enemigos del referendo se han frotado las manos complacidos. Los reúnen el miedo a la democracia y a la popularidad de Uribe. El escándalo sobre manejo doloso de una notaría asignada hace más de tres años, cuando aún no existía el proyecto del referendo, que compromete únicamente a las personas involucradas pero que se relaciona tramposamente con el trámite de esa iniciativa popular, y falsas acusaciones de compras de votos, como si el gobierno no hubiera tenido desde siempre amplias y holgadas mayorías parlamentarias, completan el cuadro de perversas estratagemas contra el referendo. Una auténtica guerra sucia contra la democracia.

Al final, seguramente, el referendo será aprobado y el pueblo decidirá. Pero este mismo pueblo no olvidará las mezquinas triquiñuelas de quienes quisieron arrebatarle el inalienable derecho a ejercer su soberanía política.