Editorial
El Mundo, Medellín
Septiembre 10 de 2009
Todo esfuerzo por mejorar su capacidad financiera se traduce en beneficios para el país a mediano y largo plazo.
Con sensacionalismo que en nada ayuda a la claridad y a la solución de los problemas, un diario capitalino publicó ayer en su edición on line la noticia de que “Las Universidades públicas están al borde de la quiebra... Están condenadas a desaparecer por cuenta de las políticas del Ministerio de Educación, dijeron representantes de los cuatro centros más grandes del país”.
No se trata, como parece desprenderse del alarmante informe periodístico, de una hecatombe ni tampoco de una simple “pataleta” de unas cuantas universidades. Pero sí es un problema grave, que merece la debida atención del Gobierno porque afecta al conjunto del Sistema Universitario Estatal, SUE, y que está claramente expuesto, con muy serios argumentos, abundante respaldo estadístico y propuestas de solución, en un Informe-Estudio preparado por la Comisión de Vicerrectores Administrativos de los centros de educación superior del país.
Por la obligada brevedad de un artículo periodístico sólo nos referimos a algunos aspectos fundamentales del documento, cuyos autores parten de la premisa de que, si bien el artículo 86 de la Ley de Educación Superior garantiza los aportes de la Nación a precios constantes, el incremento en la cobertura de los pregrados, la consolidación de grupos de investigación y la calificación docente, entre otros rubros, han demandado cuantiosos recursos de las universidades sin que éstas tuvieran para ello las contrapartidas del Gobierno nacional, generando de año en año un creciente déficit presupuestal.
El primer aspecto es el aumento del número de matriculados en los últimos 17 años, que es del 147.5%, al pasar de 200.000 estudiantes en 1992, a poco menos de medio millón, entre alumnos de pregrado y posgrado de las 32 universidades públicas del país, que atienden en conjunto el 52% de la matrícula universitaria. Aparte de que la ampliación de cobertura conlleva la construcción de nuevas aulas y laboratorios, lo mismo que la implementación de nuevas tecnologías al servicio de la docencia, las universidades han tenido que emplearse a fondo, tanto en el aumento como en la cualificación de su planta docente. Dice el estudio que entre 2003 y 2007 el SUE incrementó el número de docentes con título de doctorado en 47,6%, y “es importante resaltar que estos costos fueron asumidos por las Universidades, sin recibir aportes adicionales del presupuesto de la Nación”. Ese importante aumento de los doctores – aunque aun nos falte mucho para estar a la altura de otros países, inclusive del mismo nivel de desarrollo – es lo que ha permitido que en los últimos seis años se incrementaran en más de un 11% los grupos de Investigación reconocidos por Colciencias. Eso ha implicado también un esfuerzo de las universidades, porque todas las investigaciones, tanto las financiadas por Colciencias como por otras fuentes externas, exigen contrapartidas a cargo del presupuesto universitario.
También se refieren los vicerrectores a gastos extras de las universidades por cuenta de los cambios en el régimen Salarial y Prestacional Docente -Decretos 1444 de 1992 y 1279 de 2002- que hacen que a la nómina no pueda aplicarse simplemente el aumento previsto anualmente por el gobierno nacional, sino que además hay que tener en cuenta, para los incrementos salariales, la productividad académica, la evaluación docente y el ejercicio de cargos académico-administrativos. Para acabar de completar, por sentencias de la Corte Constitucional de 1996 y 1998 y en aras del respeto al “principio de igualdad”, a los docentes ocasionales y de cátedra y a los supernumerarios administrativos, se les deben pagar, como a los de planta, sus prestaciones sociales y de seguridad social.
La propuesta de las universidades consiste en que, a partir de la vigencia 2010, se actualicen los aportes de la Nación en un porcentaje equivalente al IPC más un 5.5%, representado en la cualificación docente por el impacto de las normas y el incremento del aporte patronal por seguridad social; más 3.5% representado en el impacto por gastos generales y gastos de personal por docentes temporales para el cumplimiento del desarrollo misional. Proponen, además, “la creación de un fondo con destinación específica para las Universidades Públicas, administrado por las mismas, que garantice los recursos para atender necesidades de infraestructura y dotación tecnológica conforme a las exigencias que la modernidad educativa y que los Planes de Desarrollo demandan”.
Se viene hablando de la necesidad de destinar más recursos para la educación y, en su más alto nivel, para la investigación universitaria en ciencia y tecnología, cuyo músculo básico es el sistema universitario público. Todo esfuerzo por mejorar su capacidad financiera se traduce en beneficios para el país a mediano y largo plazo. Francamente, nos parecen ajustadas a la realidad las peticiones de las universidades, sobre todo si el Presidente se los prometió en diciembre pasado y tanto el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Planeación consideraron viable el incremento para el 2010 del IPC más 5.5%. Es probable que, por efectos de la crisis y el déficit fiscal de la Nación, la plata no alcance de golpe y porrazo para un 9%, pero nos parece que el Gobierno no puede pecar de cicatero sino llegar a una solución cercana a la aspiración de los rectores y que prevea, a más largo plazo, la debida atención a las necesidades crecientes de las universidades.
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