Todos en la cama o todos en el suelo

Por Ramiro Valencia Cossio

El Colombiano, Medeellín

Septiembre 19 de 2009

Los altos funcionarios del Estado, los parlamentarios y los magistrados de las Cortes tienen un fuero constitucional y legal para su juzgamiento.

En el caso de los magistrados de las Altas Cortes es la Comisión de Acusaciones quien investiga y la Plenaria de la Cámara acepta si los acusa ante la Plenaria del Senado.

Como puede verse, tienen ellos un órgano investigador, otro la Plenaria de la Cámara, quien toma la decisión de si los acusa formalmente ante el Senado. Y éste decide.

En el caso de los congresistas y de los altos funcionarios del Estado, con excepción del señor Presidente, es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia quien los investiga y juzga.

La Honorable Corte Constitucional ordenó en un fallo reciente que la investigación de los parlamentarios y su juicio se hiciera en dos instancias diferentes.

La Sala Penal interpretó esta orden dejando que tres de sus miembros fueran los investigadores y los seis restantes miembros de la Sala, los jueces de fallo.

Pero de todas maneras es, aun así, la Sala Penal quien investiga y quien falla.

Como se ve, hay una asimetría en la manera como se investiga y falla a los congresistas y a los magistrados.

El fuero de los congresistas tiene el sentido de darles las garantías de que sus jueces son hombres con conocimiento, con experiencia y de altas calidades morales y jurídicas: son los magistrados de la Sala Penal.

Estallado el escándalo de la parapolítica y vinculados muchos parlamentarios, algunos tomaron la decisión de renunciar al Congreso para hacerle el quite a su juez natural: la Sala Penal de la Corte.

Esta aceptó este hecho y envió los expedientes a la Fiscalía para que se siguiera el trámite ordinario, es decir, sin fuero.

Pero ahora, después de varios meses y de muchas renuncias de congresistas, la Sala Penal dice que a pesar de las renuncias, ella, la Corte, sigue siendo el juez competente si las conductas investigadas tienen relación con sus funciones de parlamentarios.

Cambió su criterio y su jurisprudencia. Lo hizo legalmente y dentro de su leal saber y entender. No hay discusión.

¿Por qué si los parlamentarios quieren cambiar la ley, que es su función, y decidir dos instancias para su propia investigación y juzgamiento, se les sataniza?

¿Acaso no están en su derecho y en su función legislativa?

Lo que hay que exigirles es que esa nueva ley no se aplique a sus propios casos o que se le ponga una fecha de entrada en vigencia para después de que termine esta legislatura y para conductas nuevas.

Creo que ellos tienen, como cualquier ciudadano, el derecho a la garantía de las dos instancias.

Abramos el debate: todos en la cama o todos en el suelo.