¡Y déle con las bases!

Editorial

El Mundo, Medellín

Septiembre 4 de 2009

No nos acaba de convencer esa línea política que consiste en estar a toda hora en actitud de pedir disculpas.

Hace un mes, el comandante de las Fuerzas Militares y entonces ministro de Defensa (e), general Freddy Padilla de León, reconocía que, pese al esfuerzo de las Fuerzas Armadas y a la cooperación de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, se habían detectado 57 nuevas rutas desde el Pacífico colombiano que no se habían podido controlar por falta de mayores y mejores recursos técnicos y de inteligencia para rastrear los cuantiosos alijos de la droga. Decía que esa era la razón fundamental para que el Gobierno estuviera gestionando con su homólogo norteamericano la posibilidad de que la ayuda antinarcóticos y antiterrorista pudiera operar desde bases colombianas, incluida la de Málaga: “No es nada nuevo – decía – que dentro de la extensión del acuerdo militar incluyamos el acceso a siete bases militares. Eso se había hablado desde el mes pasado (julio) en la audiencia pública donde explicamos los alcances del acuerdo”.

Mientras eso decía aquí el general Padilla, el presidente Uribe y el canciller Bermúdez emprendían su “gira muda” por los países de Sudamérica con el objetivo de explicar a cada uno de los gobiernos de la región, con excepción de los de Venezuela y Ecuador, el alcance del Acuerdo de Cooperación Militar con los EEUU, acuerdo que ya tenía bastante alborotado no sólo al vecindario sino a la mamertería criolla con el exabrupto de que el Gobierno – según reza la declaración del 6 de agosto del Polo Democrático Alternativo – ponía “a disposición toda la geografía colombiana para todo tipo de operaciones dentro y fuera del país. Con las primeras, se involucra a un ejército extranjero en el conflicto interno, se atiza la confrontación y se aleja la paz. Con las segundas, Colombia se convierte en una plataforma para el asentamiento y la expansión bélica de esta potencia, que afecta no solo la estabilidad de los gobierno democráticos y progresistas, sino también los importantes proyectos de integración Latinoamericana y caribeña”. En el mismo sentido se había pronunciado el 18 de julio el llamado Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, reunido en Managua, que al final de su declaración expresa su solidaridad con el PDA e invita a “una campaña mundial contra la militarización, la intervención militar y las pretensiones de los Estados Unidos y sus aliados de afectar los procesos de integración y los avances democráticos de los gobiernos de izquierda y progresistas de la región”. La rúbrica a toda esa retahíla retórica y mentirosa estuvo a cargo del comandante Fidel Castro, con su lírico bautizo de las bases como “los siete puñales en el corazón de América”.

Después vino la cumbre de Bariloche, en la que el presidente Uribe admitió, con cierta amargura, ante la tozudez de sus contradictores, que allí podía quedarse días enteros explicando el alcance del acuerdo y no iban a aceptar razones. Es lo que sigue ocurriendo y, sin embargo, llama la atención la persistencia del Gobierno en su afán explicatorio y, peor aun, en sus esfuerzos denodados por calmar el aguacero de críticas y acusaciones infundadas, ataques, amenazas, retaliaciones comerciales – especialmente del coronel Chávez – como si tuviéramos algo de qué arrepentirnos por la alianza con los Estados Unidos. Si hemos de ser francos, no nos acaba de convencer esa línea política que consiste en estar a toda hora en actitud de pedir disculpas.

La única novedad dentro de esa línea es que hay cierto despertar de la modorra por parte de EEUU, que hasta estos días había dejado sola a Colombia en la defensa del acuerdo. Tal parece que oyeron nuestro reclamo airado, pues ayer se conocieron declaraciones del embajador William Brownfield, respondiendo algunas de las falacias de la oposición. Primero, el acuerdo no es el comienzo de la “colaboración” o del “involucramiento militar gringo”, en los términos del Polo, puesto que la alianza con los EEUU en esa materia, para sólo hablar de los diez últimos años, según cálculos de la embajada norteamericana, ha permitido la estada en Colombia – por días, semanas o meses, explica el embajador – de por lo menos diez mil militares de ese país. En este momento, “tenemos alrededor de 250 efectivos. La tendencia va hacia abajo y creo que va a continuar porque el Congreso de EEUU decidió reducir el apoyo para esfuerzos militares”. Insiste el señor Brownfield en que “el propósito de este acuerdo, básicamente, es actualizar y modernizar los convenios que ya existen, los acuerdos de 1952, 1962 y 1974... “Vamos a ver las mismas misiones, el mismo número de participantes, el mismo equipamiento y el mismo número de aviones. La verdad es que nada va a cambiar con excepción de tener un acuerdo del año 2009”.

Y con respecto a la inmunidad jurídica de las tropas extranjeras, que el Polo y sus amigos asimilan demagógicamente a “impunidad”, el canciller Bermúdez debe estar cansado de explicar que la inmunidad es un principio del Derecho Internacional, consagrado en la Convención de Viena de 1961. Colombia tiene inmunidad en todas sus representaciones diplomáticas y en todas sus misiones militares en el exterior y sería estúpido esperar que EEUU renuncie a ese derecho para las propias. El embajador Brownfield le puso cifras concretas al tema: en diez años han pasado por Colombia 10.000 militares estadounidenses y sólo ha habido seis casos de delitos, de los cuales sólo falta uno por resolver por parte de la justicia norteamericana. “Me imagino que es una cifra mucho menor a la cifra de delincuencia común en Colombia o en Estados Unidos”, concluyó irónicamente.

No tiene vuelta que los EEUU tienen que acabar de declarar, de una vez por todas, que su aliado y el país en el cual tienen confianza en Sudamérica es Colombia. Lo demás es llover sobre mojado.