Altura y seriedad

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Junio 19 de 2009

La Corte Suprema de Justicia le acaba de enviar una curiosa carta al Presidente de la República. Una solicitud para que Álvaro Uribe acelere el envío de la terna de candidatos de la cual escogerá al nuevo Fiscal General de la Nación que sucederá a Mario Iguarán, cuyo periodo termina el 31 de julio. Según el presidente de la Corte, Augusto Ibáñez, firmante de la misiva, se necesita ese periodo para entrevistar a los 'ternados', convocar audiencias públicas y hacer la votación en la sala plena.

En situaciones normales no se necesitaría que el máximo tribunal de la justicia le recuerde al Jefe del Estado sus funciones. Pero las relaciones entre el presidente Uribe y la Corte se encuentran en uno de los puntos más bajos de la historia y no existen condiciones para la plena aplicabilidad del principio constitucional de la colaboración armónica entre los poderes. Son conocidas las tensiones y falta comunicación justo entre las dos instituciones -la Presidencia y la Corte- a las que la Constituyente de 1991 les entregó la facultad de nombrar al Fiscal General. El sistema colombiano tiene una naturaleza intermedia entre aquellos en los que el Fiscal es totalmente autónomo e independiente, y los otros, en los que forma parte del gabinete gubernamental.

El episodio mencionado demuestra que entre los órganos de mayor jerarquía del Ejecutivo y el Poder Judicial hay una peligrosa desconfianza. La Corte cree que el Presidente manipulará la elección de un Fiscal de bolsillo, mientras que los colaboradores más cercanos de Uribe consideran que los magistrados están movidos por objetivos políticos y buscan torpedear la labor del Gobierno. En un entorno tan alterado, circulan versiones sobre supuestas intenciones de ambas partes para manipular la selección del sucesor de Mario Iguarán.

Uribe e Ibáñez tienen, ambos, una enorme responsabilidad. El Fiscal es uno de los funcionarios públicos de mayor importancia por el poder que concentra y por la trascendencia de sus atribuciones. Por encima de rencillas personales, de egos exaltados y de pequeñeces politiqueras, deben actuar con altura y seriedad para escoger al mejor posible. Sobre todo cuando en el panorama de la justicia aparecen procesos que el nuevo funcionario encontrará en su escritorio y que afectan los intereses políticos del Gobierno: la 'Yidispolítica', la 'parapolítica' y las interceptaciones telefónicas ilegales del DAS, entre otros.

La selección de un Fiscal con calidades adecuadas para un momento crucial obliga a superar concepciones radicales y dogmas inútiles. Que el Presidente conforme una terna con personas cuya ideología coincida con la suya es normal y la Corte no debería escandalizarse por eso ni exigir una terna con miembros de la oposición. Lo que garantiza que el próximo Fiscal pueda cumplir una gestión positiva es su preparación, su hoja de vida y su carácter, mucho más que su posición política. Uribe, por su parte, no le debería fallar al país a la hora de escoger tres nombres intachables.

Más allá de las consideraciones de corto plazo, el próximo cuatrienio será trascendental para la Fiscalía. Se necesitará manejar al mismo tiempo sistemas diferentes: el antiguo, que todavía opera en algunos lugares; el acusatorio, que debe consolidarse, y el de justicia y paz, que tiene complejas tareas pendientes. Los avances que ha habido en los últimos años en celeridad de procesos y decisiones sobre casos de flagrancia o de conmoción nacional necesitan extenderse y completarse. Todavía la indagación y la investigación son lentas, deficientes y forman un cuello de botella, por ejemplo. Son desafíos de talla mayor, para los que se necesita un peso pesado como Fiscal General. El Presidente y la Corte tienen que evitar que el llamado choque de trenes deje como resultado un Fiscal débil, interino o incapaz.