Guerra política al ejército

Editorial

El Mundo, Medellín

Junio 16 de 2009

Hablar de ‘crímenes de Estado’ en un Estado de Derecho Democrático, como es Colombia, es un absoluto contrasentido.

Hay una especie de confabulación en el Congreso, en donde compiten algunos miembros de la oposición, especialmente del Polo Democrático, en descalificar la política de seguridad democrática y en acusar directamente al Comando general de las FFAA de la responsabilidad de los ‘falsos positivos’. Inclusive nos llamó la atención leer recientemente una declaración del senador Juan Manuel Galán en el sentido de que “los asesinatos de jóvenes inocentes, presentados como miembros de grupos insurgentes dados de baja en combate, no pueden verse como casos aislados sino que responden a una cultura institucional”. De ahí a decir que se trata de una ‘política de Estado’ – como propalan los medios clandestinos de la extrema izquierda terrorista – no hay sino un paso, y nos preocupa que tal deformación de la realidad, so pretexto de hacer oposición al Gobierno, esté haciendo carrera al interior del Partido Liberal.

Hay que partir de la base de que hablar de ‘crímenes de Estado’ en un Estado de Derecho Democrático, como es Colombia, es un absoluto contrasentido. El Estado no delinque, vale decir, no puede atribuírsele la iniciativa y la responsabilidad de la comisión de un delito, ni tampoco la de propiciar una cultura institucional delictiva, porque es el propio Estado, a través de sus instituciones respectivas, el que determina qué es delito, juzga al delincuente, señala la pena y la hace cumplir. Si Colombia fuera una dictadura, manejada arbitrariamente por una tiranía personal, o incluso de partido único como en la ex Unión Soviética o actualmente en Cuba y varias satrapías del África, existiría esa posibilidad, pero este es un país de leyes, que juraron cumplir desde el Presidente de la República hasta el último de los soldados, un país que honra además sus compromisos dentro de los tratados internacionales de respeto a los Derechos Humanos y, en consecuencia, le toca responder ante tribunales nacionales e internacionales por cuantiosas indemnizaciones por crímenes que cometen elementos de la Fuerza Pública que violan su juramento y deshonran la institución, como reparación a las víctimas pero no porque tolere, admita o cohoneste esa clase de conductas.

Por el contrario, ha sido notable la determinación y eficacia del Estado colombiano en la atención, investigación y castigo de los ‘falsos positivos’, especialmente desde que estalló el escándalo por los crímenes de los jóvenes de Soacha. No hay que olvidar, mientras se obre con buena fe – que es lo que no parece animar a algunos opositores – que a raíz de esos hechos se produjo la purga más drástica de que se tenga noticia en los más altos niveles del Ejército Nacional. Tres generales fueron llamados a calificar servicios junto a cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, cuatro mayores, un capitán, un teniente y siete suboficiales, no porque se les hubiera probado la comisión de los delitos, sino porque una investigación administrativa y operativa al interior de la institución, ordenada por el Gobierno, encontró grave negligencia en la línea de mando “que pudo haber facilitado la colusión de algunos miembros del Ejército Nacional con delincuentes externos que gozaban de impunidad, a cambio de contribuir al logro de resultados irregulares que van en total contravía de la Política de Seguridad Democrática y de la doctrina y el honor militar”, según rezaba el comunicado oficial, en el que también se advertía que el llamado a calificar servicios no excluía de la investigación penal y disciplinaria por parte de la Fiscalía General y de la Procuraduría, que está en marcha y que comienza a dar los primeros resultados. En términos generales, y no sólo por el caso de Soacha, la Fiscalía investiga a cerca de un millar de miembros de la fuerza pública relacionados con las llamadas ‘ejecuciones extrajudiciales’ y hasta el momento, según datos de la institución, hay 547 militares detenidos por esa clase de delito, 60 de los cuales ya han sido condenados.

Por eso nos pareció sumamente oportuna la denuncia que hace el ministro encargado de la Defensa y comandante general de las FFAA, general Fredy Padilla de León, en su entrevista del domingo con Yamid Amat, en El Tiempo, sobre la “guerra política con la que se busca hacer daño, no sólo a la Fuerza Pública, sino a otras instituciones del Estado, magnificando los mal denominados ‘falsos positivos’. Quisiéramos que no hubieran ocurrido. Pero fueron las Fuerzas Militares las que detectaron el problema. Lo denunciamos, lo enfrentamos y estamos colaborando con la justicia para que haya un juicio rápido y justo. Además, hay medidas para que hechos semejantes no vuelvan a repetirse”.

Dice el general Padilla que cuando habla de guerra política no se refiere a la oposición sino “a organizaciones criminales que están tratando de frenar el ímpetu de los soldados y el apoyo que les brindan los colombianos”. Es muy prudente en ello. La verdad es que hay elementos de la oposición que, desde la tribuna del Congreso y a través de los medios de comunicación, le hacen el juego a esa monserga de los ‘crímenes de Estado’, tan propia de la extrema izquierda armada, marxista-leninista – que sí tiene en la historia de los totalitarismos, que existieron y existen a su nombre, una larga lista en esa materia – pero que cínicamente utiliza para desacreditar al Ejército por aquello de la ‘combinación de todos los medios de lucha’, de los cuales la mentira es su permanente práctica.