La ley de víctimas

Editorial

El Mundo, Medellín

Junio 19 de 2009

No se puede dar por hecho que todo el que se queja de haber sido víctima del Estado lo sea realmente.

Poco duró la celebración de su pírrica victoria a quienes propugnaban en el Congreso por una Ley de Víctimas que ponía en un plano de igualdad a las víctimas de las organizaciones narcoterroristas con las de actos delictivos atribuidos a agentes del Estado para que, sin vencerlos en juicio, aquellas pudieran obtener una reparación por vía administrativa sin el requisito de una sentencia judicial previa, como lo venía defendiendo el Gobierno con muy sólidos argumentos.

En la noche del miércoles, con el voto favorable de 14 de los 22 congresistas designados para integrar la comisión encargada de conciliar los textos aprobados por el Senado y la Cámara, entre ellos, curiosamente, algunos miembros de la coalición oficialista, se aprobó el texto como lo presentó su autor y ponente, el senador liberal Juan Fernando Cristo. Por suerte para los superiores intereses del país, el Senado, en sesión plenaria de ayer, por 48 votos contra 24, negó el informe de conciliación. En consecuencia, el proyecto se hundió irremisiblemente porque, para convertirse en ley, el texto conciliado debía ser aprobado en las plenarias de ambas cámaras.

En lo más álgido del debate, a mediados de noviembre pasado, advertimos aquí que el senador Cristo y sus compañeros de bancada, al unirse a los fundamentalistas de izquierda para exigir una incosteable reparación administrativa a las víctimas, ponían al Partido Liberal al lado de la demagogia y el abuso del erario, y abandonaban la responsabilidad con un manejo presupuestal ordenado, como ha sido característico de la colectividad en su larga historia de servicio a la República. Y no porque estuviéramos en contra de la ley, que bien podría ser un estatuto pionero y ejemplo para el mundo si se hace con sensatez y realismo, sino porque el articulado que entonces proponía la oposición no lograba conciliar los intereses de las víctimas con las posibilidades siempre limitadas del Estado para atenderlas debidamente, sin descuidar sus demás obligaciones, especialmente con los más débiles, en materia de educación, salud, alimentación y vivienda, y en la atención de los múltiples desastres naturales de los que también son los pobres los que llevan la peor parte.

Aparte del crédito que le damos al Senado por la oportuna rectificación por parte de sus mayorías de lo que habría sido un error histórico, tenemos que felicitar al Gobierno y en particular a los ministros del Interior y de Hacienda, por la diligencia con que denunciaron ayer, con cifras precisas, lo que implicaba para las arcas del Estado la aprobación de ese proyecto y el intenso trabajo que desplegaron para convencer a los oficialistas indecisos de que era un acto irresponsable aprobar una norma que habría creado un trauma irreparable en las finanzas del Estado, a más de que haría poco menos que imposible la verdadera reparación pecuniaria a las víctimas de la violencia y, en últimas, terminaría convertida en letra muerta, después de servir a la oposición como momentánea bandera de agitación electoral. Por otra parte, como las arcas del Estado no son un barril sin fondo, y lo que salga tiene que haber entrado, principalmente por la vía de mayores cargas impositivas, resultaba un acto de grave irresponsabilidad entregar generosamente tan inmensos recursos a un sector indiscriminado de quienes se declaran víctimas sin plena prueba, aceptando de antemano la culpabilidad del Estado por la supuesta conducta dolosa o criminal de algunos de sus agentes, sin que mediara un juicio justo.

En carta enviada a los presidentes de Senado y Cámara, el ministro Oscar Iván Zuluaga les advertía que de ser aprobada la ley de víctimas, tal como aparecía en el texto conciliado el miércoles, la reparación podía costar cerca de 75 billones de pesos, cálculo que hicieron los especialistas del Ministerio con base en el impacto fiscal que se derivaba de todas las medidas contempladas en el proyecto. En cambio, si se mantenía el texto, tal como fue aprobado el miércoles en el último debate en Plenaria de la Cámara de Representantes, el costo de implementar la ley se vería reducido a una cuarta parte – unos $22 billones de pesos – cifra que a nosotros nos sigue pareciendo exagerada, pero que tal vez el país asumiría en aras de la paz y la reconciliación entre los colombianos, siempre y cuando nos den garantía de que esos inmensos recursos sí van a contribuir a reparar el daño y a mejorar la calidad de vida de las miles de víctimas y no van a parar a los bolsillos de los corruptos y los defraudadores del patrimonio público.

La ley de víctimas, como la querían aprobar los amigos de la oposición, implicaba una generosidad que era necesario cuantificar y esa no es tarea de demagogos sino de expertos en hacienda pública. Uno de los clásicos errores del subdesarrollo es pretender ser muy generosos cuando en realidad no se han hecho los cálculos suficientes y no se sabe de dónde va a salir la sustancia para alimentar tanta largueza con los dineros públicos. Nos parece que la oposición ha sido irreflexiva en su crítica a la exigencia de una sentencia judicial previa para reparar una víctima de la acción de un agente oficial, porque no se puede dar por hecho que todo el que se queja de haber sido víctima del Estado lo sea realmente. De modo que el Senado hizo bien su tarea, y hace bien el Gobierno con el anuncio de un nuevo proyecto que promete presentar en la legislatura que comienza el 20 de julio.