El informe Alston

Por Alfonso Monsalve Solórzano

El Mundo, Medellín

Junio 21 de 2009

El Informe del profesor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Arbitrarias merece especial atención por las repercusiones que tiene y tendrá en las relaciones internacionales del país y en nuestra política interna.

Lo primero que hace es un reconocimiento a “la mejora dramática en la situación de seguridad desde 2002. La cantidad total de homicidios ha disminuido mucho, y se han transformado los niveles de seguridad en muchas partes del país”. Este es un pronunciamiento muy importante porque un alto funcionario de la ONU enuncia el hecho evidente de que el país ha avanzado en la contención del desangre que ha venido sufriendo por décadas. Es algo que habrá molestado a los críticos de oficio.

En segundo lugar, su Informe no se dedica únicamente a las ejecuciones arbitrarias de las fuerzas armadas del Estado, sino que reconoce la responsabilidad que en esas acciones tienen las guerrillas y los grupos emergentes o paramilitares. Esto produce un sentimiento de confianza en la objetividad del Relator.

El profesor Alston comienza señalando la responsabilidad que en las ejecuciones arbitrarias tienen las guerrillas de las Farc y el Eln, que asesinan para amedrentar y dominar poblaciones, intimidar a funcionarios electos, etc. Resalta el hecho de que las minas antipersona también matan colombianos. Esto habrá molestado a algunos.

También es claro en señalar que no hay evidencia, en el caso de las ejecuciones arbitrarias atribuidas a las fuerzas de seguridad del Estado, de que éstas correspondan a una política diseñada por el presidente de la república o los altos funcionarios encargados de la política de seguridad. Es decir, no se trata de crímenes de Estado. Es más, destaca el Informe que una vez detectado el problema, ya desde 2007, se comenzaron a tomar medidas por parte del gobierno y las fuerzas armadas, que han reducido de manera importante la ocurrencia de las ejecuciones. Estas medidas demuestran, según el profesor, la buena fe del gobierno nacional.

Pero llama la atención sobre el hecho de que dichas ejecuciones no fueron acontecimientos aislados, sino sistemáticos, que ocurrieron no sólo en un lugar, sino en muchos de nuestra geografía y que no fueron ejecutados por una sino por varias unidades militares. Algo funcionó mal en la política de seguridad que incentivó este tipo de conductas. Hay que corregir las causas, y en eso se trabaja, según el propio informe. El objetivo es que no haya una ejecución arbitraria más por parte de las Fuerzas Armadas.

El punto político y ético es que hay que reconocer la magnitud de esta terrible práctica. No podemos seguir diciendo que fueron casos aislados. Hay que facilitar las investigaciones de la Fiscalía, entorpecidas, en algunas ocasiones, por jueces militares, según denuncia el Informe, y se debe sancionar con todo el peso de la ley a quienes cometieron estos delitos. No sólo porque el Estado se lo debe a las víctimas y a sus familiares, sino porque ha de quedar absolutamente claro para todo el mundo la superioridad moral de un Estado que es capaz de reconocer y castigar los delitos de algunos de sus servidores en una confrontación en la que el oponente hace todo lo contrario. Recuérdese el tratamiento que las Farc dieron a la ejecución de los 11 diputados mártires del Valle.

Una actitud autocrítica produce confianza de los ciudadanos en las fuerzas de seguridad, pues saben que éstas en verdad están para protegerlos y defenderlos, y desestimula a los que dentro de ellas quebrantan la ley actuando como matones que se sienten amparados en la impunidad que se desprende de la solidaridad de cuerpo.

Otro aspecto importante es la posición del profesor Alston frente a los crímenes de las bandas criminales emergentes, como las llama el gobierno, conformadas luego de la desmovilización de los paramilitares. Independientemente del nombre que reciban, paramilitares o bandas emergentes, dice el Informe, muchos de los componentes de estas bandas provienen de grupos paramilitares, y hay que controlarlos, procesarlos y castigarlos con severidad, pues hay mucha impunidad frente a sus acciones en ejecuciones arbitrarias y otros delitos.

De acuerdo. Pero hay que entender el fenómeno completo. La desmovilización de los grupos paramilitares ha producido bandas de delincuentes dedicadas al narcotráfico y otros delitos, que utilizan el asesinato como estrategia, independientemente del asunto semántico de su denominación.

Pero en este país, en el que el narcotráfico es el combustible de la violencia, los grupos ilegales de izquierda también son traficantes. Ellos y las bandas emergentes son los amos de ese negocio ilegal. Y, más allá de cualquier frontera ideológica, si es que pudiese hablar de ideología, en una dialéctica que determina la lógica del negocio, se alían y confrontan según las circunstancias específicas del mercado y el dominio del territorio. Nada qué ver con la política. Pura utilidad. Ellos son responsables principales de las ejecuciones arbitrarias. Que nadie se equivoque.