Justicia y medios

Paloma Valencia-laserna

El País, Cali

Junio 27 de 2009

Una opinión ampliamente difundida entre los periodistas sostiene que la mayoría de las grandes investigaciones judiciales que se están desarrollando en el país se deben a las denuncias de los medios de comunicación. Al menos dos reflexiones podemos extraer: Por una parte, habla muy mal de nuestro sistema judicial y, por otra, nos plantea el dilema de los límites y roles que debe tener el periodismo.

Por supuesto que es loable que los medios investiguen y descubran casos aberrantes y llamen la atención de las instituciones sobre ellos, pero ésta debería ser la excepción y no la regla. Un aparato judicial que responde de manera vehemente a los escándalos noticiosos denota una incapacidad para investigar y descubrir asuntos cruciales que, pudiendo ser descubiertos por un periodista, podrían y deberían ser detectados por la entidad dedicada a ello. Además, muestra una institución de Justicia sin solidez, propensa a cambiar como la moda. La labor investigativa del Estado debería liderar, descubrir, denunciar y no simplemente satisfacer los ánimos acalorados del impulso noticioso.

Esta debilidad del sistema instructivo le ha otorgado a los medios un papel que no les corresponde; pasaron de ser informadores de la noticia y eventuales creadores de ella a ser líderes de las investigaciones y seudojueces de los sindicados. Cuando los medios informan sobre sus descubrimientos, juzgan y condenan. Lo hacen con las más íntimas convicciones personales del periodista –en general ajenas al derecho- y vulnerando la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. No digo que debieran aplicar tales principios, simplemente subrayo la dificultad que implica un sistema judicial que corre tras una noticia que ya trae culpables y condenados a los que no se les han respetado sus derechos.

Los juicios individuales sobre lo que es justo son valiosos como elucubración, pero atroces para juzgar judicialmente. Los juicios de valor no pueden imperar en el derecho, pues moldearíamos justicias para cada caso. Pero nuestra Justicia, afanada en complacer a los medios, acepta estas opiniones. Rompen las garantías procesales, desconocen el alcance de la ley y son injustas, pues ‘lo justo’ es el cumplimiento de lo dispuesto en la ley general y previa, ya que aleja al derecho de la arbitrariedad subjetiva.

Más aún, muchos medios han recurrido a prácticas ilegales: en franco desacato de la ley acceden a sentencias, providencias y testimonios que no están a disposición del público. Cabe preguntarse cómo afecta el desarrollo de los procesos esta interferencia ‘periodística’ que corrompe el sistema –y a los funcionarios- para obtener la información. La noticia es importante, ¿pero para llegar a ella son válidos todos los mecanismos?

Este fue el caso del noticiero que reveló el video de la Operación Jaque. No sólo puso en peligro a los integrantes de las Fuerzas Armadas que valerosamente actuaron en esa riesgosa operación, sino que puede ser un camino nefasto de corrupción. No sabemos cómo obtuvieron el video ni si pagaron por él. En caso de haberlo hecho estamos frente un cohecho (pagar a un funcionario). ¿Debería ese noticiero ser investigado? ¿Castigado?

¿Por qué la obtención de la noticia justificaría un acto de corrupción si precisamente se cuestiona que la libertad de los secuestrados justifique el uso de los emblemas de la Cruz Roja?