Por Saúl Hernández Bolivar
El Mundo, Medellín
Junio 15 de 2009
No cabe duda de que están sucediendo cosas muy graves. Mientras que el Fiscal General, Mario Iguarán, admite que hay suficiente acervo probatorio para que la Corte Suprema de Justicia llame a juicio por farcpolítica a Wilson Borja, el alto tribunal sigue ignorando olímpicamente el contenido de los computadores de ‘Raúl Reyes’ y, en cambio, se apresura a citar a 86 representantes a la Cámara por haber votado el referendo reeleccionista.
Esta semana, el presidente de esa Corte, Augusto Ibáñez, calificó como “cortinas de humo” las denuncias de la UIAF sobre las relaciones entre algunos altos magistrados y personajes cercanos al narcotráfico, y aseguró que la CSJ seguirá haciendo su trabajo, refiriéndose sólo a la parapolítica sin hacer la menor alusión al caso de los políticos cercanos a las Farc. Distinción que intentó subsanar el Procurador General, Alejandro Ordoñez, abriendo investigación contra parlamentarios amigos de las Farc que deberían estar en la cárcel si primara, en la Corte Suprema, el mismo rasero que ha usado contra decenas de congresistas sin tener pruebas contundentes de sus supuestas relaciones con las autodefensas.
Pero el nuevo episodio es más grave porque con su decisión, la Corte Suprema pretende dar un golpe de Estado no sólo legislando –cosa que no le corresponde– sino asumiendo un poder de facto casi extorsivo sobre los parlamentarios, y asumiendo la potestad de decidir, en contravía del Constituyente primario, sobre la continuidad o no de un funcionario que, a diferencia de los integrantes de la Corte, ha sido elegido por votación popular en dos ocasiones y de forma masiva.
Por eso no es exagerado decir que este tribunal está haciendo política. La investigación por prevaricato que abrió contra 86 parlamentarios que votaron por el referendo no tiene sustento legal porque ellos no estaban obligados a esperar el concepto del Consejo Nacional Electoral sobre la financiación de la campaña de recolección de firmas. De manera que no es más que una leguleyada para entorpecer y demorar el trámite del mismo, y acaso enterrarlo definitivamente por el temor que tienen los parlamentarios de actuar favorablemente en la conciliación requerida entre Senado y Cámara para unificar el texto.
Con el antecedente de una Corte que encarcela sin la menor prueba a cualquiera que tenga cercanía con el Gobierno, será muy difícil que el Congreso concilie la reelección para el 2010 e, incluso, que lo haga para el 2014; no sería de extrañar que terminen hundiendo la iniciativa. Un representante a la Cámara dijo que temía perder su investidura de más de diez años en el Congreso, y que el Gobierno no le iba a responder por ese perjuicio. Será muy difícil que unos políticos de profesión metan las manos en el fuego por un Uribe maniatado que no puede recurrir a la vieja práctica de otorgar participación política después de que ese fue el motivo de escándalo de su primera reelección.
Lo que ha hecho la Corte Suprema ha dado pie para muchas cosas. Por un lado, se pone en juego la inviolabilidad del voto parlamentario, puesto que la Corte los está poniendo entre los palos simple y llanamente por haber votado una ley –incluso negativamente–, lo cual es su trabajo.
De ahí que se ventile la idea de resucitar la inmunidad parlamentaria, beneficio que en el pasado se suprimió para evitar que verdaderos delincuentes se sirvieran de su poder para acceder a una curul en el Congreso en busca de ese fuero que los blindaba ante la ley, como hiciera el mismísimo Pablo Escobar. Habría que entender, por supuesto, que esta prerrogativa sólo debería cubrir las actuaciones relacionadas estrictamente con el ejercicio parlamentario, como en este caso, y pare de contar.
De otro lado, como una serpiente que se muerde la cola, resulta que varios de los 86 parlamentarios investigados pertenecen a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, único ente que puede acusar e investigar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, aunque no puede imponerles ningún tipo de sanción. ¿Cómo va a investigar un parlamentario a altos magistrados que lo pueden poner en prisión con sólo tronar los dedos? La Corte no tiene quien la ronde y se siente soberana y omnipotente para tomar decisiones que no le competen. De ahí la necesidad de una reforma que le ponga cortapisas.
Ah, y como si fuera poco, todo esto ha generado ruido de Asamblea Constitucional, esa caja de Pandora…
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