¿Y la plata para seguridad?

Editorial

El Colombiano, Medellín

Junio 23 de 2009

Es una verdad de Perogrullo afirmar que un buen gobierno debe velar por la seguridad de todos sus gobernados, pero no sobra plantear que también es un deber de todos los gobernados contribuir económicamente para garantizar esa responsabilidad del Ejecutivo. Es por esto que el proyecto para financiar la seguridad democrática, que presentará el Gobierno Nacional al Congreso el próximo 20 de julio, tiene toda la validez política y entraña el compromiso social con el país.

Las autoridades económicas, que preparan el proyecto de ley, plantean que las tesis fiscales que pondrán en manos de los congresistas en la nueva legislatura no afectarán los fundamentos actuales de la tributación colombiana. Es decir, que la iniciativa no tocará el tratamiento diferencial de que gozan en la actualidad las personas que invierten y quienes no lo hacen. Obviamente, como se trata de una nueva carga tributaria, la justificación de motivos deberá contar con el mayor nivel de consenso entre los contribuyentes.

Estamos de acuerdo con que el Gobierno debe buscar nuevas formas para obtener los recursos que demanda la política de seguridad democrática, máxime en medio del complicado panorama fiscal que deberá enfrentar en los próximos años.

Durante el seminario "Pobreza, Desarrollo y Objetivos de Desarrollo del Milenio" , el Presidente de la República planteó que el proyecto tributario buscará los recursos que permitan, desde 2011, financiar lo que será el faltante de seguridad democrática y evitar que se hagan recortes en los programas sociales. En palabras del Mandatario: "Si no le garantizamos sostenibilidad, ¿dónde va a estar la inversión? Y sin inversión ¿cómo garantizamos la sostenibilidad y el avance de los programas sociales?"

Obviamente, volvemos a recalcar la importancia de dos aspectos fundamentales en materia de reformas tributarias. El primero tiene que ver con la necesidad de ajustar los procesos de recaudo, de tal manera que el número de evasores y elusores se reduzca al mínimo, cruzando las bases de datos. El segundo aspecto tiene que ver con la necesidad de que haya en nuestro país una verdadera reforma tributaria estructural que le dé coherencia a la "colcha de retazos" en que se han convertido las leyes tributarias colombianas.

Recordemos que una de las formas más eficaces de atraer inversión extranjera es garantizar una seguridad jurídica y tributaria sólida en el tiempo. El Gobierno no puede cambiar las reglas de juego cada 24 meses ni reajustar los impuestos cada vez que sus arcas sean escasas. Pero sí estamos de acuerdo con que, en la búsqueda de los recursos para financiar la seguridad, es indispensable el rediseño del impuesto al patrimonio.

Con un hueco fiscal superior a los 10 billones de pesos es de destacar la responsabilidad con que ha actuado el Ejecutivo de anticiparse a los futuros problemas de seguridad. Así, las administraciones que vengan no los heredarán.