Hoybolivia.com, Washington
Junio 23 de 2009
Representantes de varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) latinoamericanas acudieron esta martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para acusar al gobierno boliviano por delitos de lesa humanidad. Dichas ONGs están adscritas a la Unión de Organizaciones Democráticas de América, UnoAmérica.
UnoAmérica publicó un resumen de la acusación, donde afirma que: "Primero, la agresión fue planificada; segundo, la incursión fue nocturna; tercero, los agresores eran foráneos; cuarto, se usaron tácticas militares; quinto, el objetivo era asesinar, lesionar, secuestrar, torturar y encarcelar a un sector de la población por su forma de pensar (opositores al gobierno); sexto, se violó el derecho al juicio justo y al debido proceso; séptimo, se negó el derecho a la información (Habeas Data); y octavo, en algunos casos, los cuerpos de seguridad del Estado usaron armas de guerra para agredir a ciudadanos civiles desarmados, y en otros, hubo omisión cómplice por parte de los funcionarios militares y policiales".
En ese entonces, el gobierno boliviano culpó a la oposición de la violencia, particularmente al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien todavía permanece encarcelado injustamente hasta la fecha.
UnoAmérica asegura que “planificar enfrentamientos violentos y culpar posteriormente a la oposición -para así criminalizarla y perseguirla- se ha convertido en un modus operandi del gobierno de Evo Morales. Hechos similares a los de Pando ocurrieron anteriormente en Cochabamba y en Sucre”, dice el Informe.
La acusación fue introducida en la sede de la CIDH por el diputado Wálter Arrázola Mendivil (Bolivia), el abogado y defensor de derechos humanos Jaime Arturo Restrepo (Colombia), el activista de derechos humanos Iván Restrepo (Colombia), y el presidente de UnoAmérica, Alejandro Peña Esclusa; en representación de las o nGs que elaboraron el Informe.
El documento fue redactado por el Dr. Jaime Arturo Restrepo y está suscrito por: La Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo (Perú), la Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Colombiana, el Centro de Estudios por los Derechos Humanos de Uruguay, la Federación Verdad Colombia, la Fundación Orión (Venezuela), el Movimiento por la Verdadera Historia (Argentina), la ONG 1810 (Argentina), la Asociación Civil Fuerza Solidaria (Venezuela), el diputado Wálter Arrazola Mendivil (Bolivia), la Dra. Graca Salguero (Brasil), la Dra. María Fernanda Cabal (Colombia), el Dr. Marcelo Cypriano Motta (Brasil) y el Sr. Josué Meneses (Perú).
En la madrugada del 11 de septiembre, dos grupos de campesinos dirigidos por el MAS llegaron a los sectores de Tres Barracas y Cachuelita, donde se encontraban las zanjas. Aproximadamente a las 03:00 horas, el primero de ellos, que venía de Filadelfia, disparó sus armas contra los autonomistas, produciendo como resultado los dos primeros heridos: Roger Arellana y Edgar Vaca. Dice una parte del informe de Pando de UnoAmérica.
Hay agravantes que deben resaltarse: Primero, las agresiones fueron planificadas con antelación; segundo, la incursión fue realizada en horas de la madrugada; tercero, quienes participaron en la agresión no eran pobladores locales, sino que fueron traídos de municipios aledaños e, incluso, de otros países ajenos a Bolivia; cuarto, los agresores estaban organizados militarmente y portaban armas; quinto, los campesinos estaban dirigidos por militantes del MAS, entre los cuales había funcionarios públicos, como por ejemplo, el alcalde Miguel “Chiquitín” Becerra, adversario declarado del prefecto Leopoldo Fernández; sexto, los agresores secuestraron a varios autonomistas para usarlos como escudo humano; y séptimo, no existe registro histórico de enfrentamientos similares en el pasado, puesto que el pueblo pandino se caracteriza por su actitud pacífica y amable, por lo que se deduce que los hechos de septiembre de 2008 fueron provocados por agentes externos, dice otra parte del documento.
El gobierno de Evo Morales responsabilizó a los autonomistas de los hechos de violencia y ordenó —esta vez sí— la intervención de los militares, perono para desalojar a los invasores masistas, sino para reprimir ferozmente a los pobladores locales, dictar un estado de sitio, y deponer y encarcelar al prefecto
Fernández, quien fue sustituido a dedo por un funcionario militar. El informe completo sobre los hechos de Pando lo encontrará en el siguiente link: http://www.hoybolivia.com/documentos/informedepando.pdf
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