Los traficantes de víctimas

Por Raúl Lombana Hernández

El Tiempo, Bogotá

Junio 21 de 2009

Desde que el Congreso de la República aprobó la Ley 975 de 2005, conocida como la ley de Justicia y Paz, se ha iniciado en el país una romería por parte de los miembros de las Organizaciones No Gubernamentales, con el propósito de representar a las victimas de los grupos ilegales y en especial las de los Paramilitares. Esta ley se creó con el propósito de facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, etendiéndose por grupo ilegal a la Guerrilla y Paramilitares.

En muchas zonas del país la presencia tanto de abogados como de representantes de ONG para buscar representar a los familiares de las victimas de los grupos terroristas colombianos causa suspicacia. Parecieran que están detrás de un negocio lucrativo. Estas reclamaciones deben ser asumidas, como lo contempla la ley citada, por el Fondo para la Reparación de las víctimas cuyos recursos son financiados con los bienes recibidos por parte de los desmovilizados. Desde entonces en el país no se habla de otra cosa sino de víctimas. Pareciera por ratos que se han disparado el número de colombianos interesados en ser cobijados con este calificativo para obtener los beneficios económicos de la ley.

Lo preocupante de todo este asunto, al cual me referí en otra oportunidad a través de una reflexión por esta misma tribuna titulada: "No todos son víctimas", es que hay un interés por parte de los miembros de la oposición en convertir todo esto en un jugoso negocio. La preocupación expresada el año anterior, hoy es corroborada por los últimos acontecimientos que se han suscitado en el país por cuenta del proyecto de ley que fue hundido en el congreso y que se denominaba Ley de Víctimas. Detrás de este proyecto de ley estaban organizaciones sociales autoproclamadas como defensoras de derechos humanos y que representan a estos colombianos, como al igual que los miembros de la oposición. La no aprobación en el congreso del susodicho proyecto de ley generó reacciones por parte de los partidos de la oposición, sus más representativos dirigentes salieron a despotricar, como es su acostumbrado proceder, del gobierno.

Poco les ha importado las razones que expresó el gobierno para evitar que este proyecto se convirtiera en ley de la república.

El deseo real de los detractores del gobierno apelando a toda esta perorata no es realmente garantizar la reparación de las víctimas de la violencia en Colombia, sino lo que pretenden, de forma irresponsable, es acabar a cómo de lugar con el Estado Social de Derecho. El pueblo colombiano está cansado de que los dineros de los impuestos de los contribuyentes se sigan feriando alegremente en pro de algunos aprovechados.

No es irresponsable reflexionar sobre el verdadero destino que tendrán estos recursos. Además, esta ley pareciera que sólo beneficiaría a las victimas de los grupos paramilitares, desconociendo que en el país hay millones de colombianos que fueron violentados durante 50 años por los grupos terroristas de izquierda.

El colombiano del común se pregunta: ¿Quién resarcirá todas las muertes y vejámenes que han infligido los terroristas afines ideológicos del Polo y parece que también ahora del partido Liberal?

En Colombia por cuenta de los paraguerrilleros sólo se habla de las víctimas de los grupos paramilitares.

De manera flagrante este bonche engaña a la comunidad internacional sólo refiriéndose a las víctimas de estos últimos.

El pueblo colombiano no ve con buenos ojos la posición asumida por el partido liberal. Esta colectividad es la responsable directa de todos los crímenes perpetrados por estas estructuras armadas por haber actuado de manera omisa. Hoy, los dirigentes del liberalismo pretenden engañar a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional con posturas engañosas que esconden el verdadero deseo de expiar sus culpas en todos los macabros acontecimientos sucedidos en el pasado reciente colombiano.

Nadie de estos enemigos del pueblo colombiano responde por las víctimas del grupo terrorista de las FARC, del ELN y de todos los bandidos del mismo pelambre.

Hoy quieren hacerle creer al mundo que las masacres ocurridas en Colombia sólo fueron llevadas a cabo por los grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas.

Hoy quieren hacerle creer al mundo que las masacres cometidas por sus aliados ideológicos merecen ser consideradas como justas y necesarias.

Hoy quieren hacerle creer al mundo que la Colombia de ayer, cuando el pueblo colombiano se desangraba por los embates de las FARC a la población civil, era mejor que la de ahora.

La oposición colombiana y los representantes de las Organizaciones No Gubernamentales no pueden seguir nutriéndose toda la vida con los recursos que le pertenecen a la sociedad colombiana apelando al engaño internacional. El pueblo colombiano sin distingos de clases sociales fue víctima de los grupos al margen de la ley y en especial de los terroristas que hoy quieren ser beatificados por estas Organizaciones, quienes actúan como si fueran miembros activos de estas estructuras criminales.

Hace un año Amnistía Internacional, el liberalismo y todas estas ONG se oponían a la aprobación de la Ley de Víctimas, pero hoy ante su hundimiento en el congreso han salido a cuestionar al gobierno. Ellos, que por ratos la sociedad los ve como si actuaran en pro de la causa terrorista, no sopesan los perjuicios economicos que le generaría al país la aprobación de la susodicha ley. El colombiano del común compara las actuaciones de estos representantes que se han arrogado el título de paladines de la justicia en beneficio de unos pocos (los de su mismo pelambre) con las de los traficantes de víctimas.

Ellos, los traficantes de víctimas, han convertido la defensa de los derechos humanos en fuente de su sustento en desmedro de la verdad.

Ellos, los traficantes de víctimas, han clasificado a éstas de acuerdo con el color político, sólo les interesa las afines

a ellos.

Ellos, los traficantes de víctimas, han usado a los familiares de estas personas como ariete para destruir el Estado Social de Derecho y para atacar al gobierno.

El pueblo colombiano no puede seguir permitiendo tanto vejamen por parte de estos auxiliadores profesionales del terrorismo. Las cruzadas en contra de la sociedad colombiana son disfrazadas sin ningún tipo de recato. Estos auxiliadores parecieran despreciar a los colombianos que fueron masacrados por parte de los grupos terroristas de izquierda, pareciera que estas muertes las consideraran justas y necesarias para sus intereses, mientras las infligidas por los paramilitares las quieren cobrar a como de lugar.

La discriminación que hacen algunos sectores del país de las víctimas es lo que está llevando a que el colombiano del común le duela que éstas sean reparadas con los recursos de los contribuyentes.

Por último, mientras que en el país haya vividores que se alimenten de los cadáveres de la violencia colombiana no se podrán respirar aires de verdadera paz. A estas personas no les interesa que en Colombia haya paz, por el contrario, ellos de alguna manera contribuyen a atizar la hoguera de la violencia.

La ñapa: El pueblo colombiano debe empezar a dar muestras de respaldo al presidente a través de cruzadas. Los ataques en contra de la sociedad colombiana llevados a cabo por parte de los auxiliadores profesionales del terrorismo arrecian cada día más. La gran nación en que quiere convertir este gobierno a Colombia es amenazada por fuerzas empeñadas en derrumbarla y entregársela como trofeo de guerra a gobiernos extranjeros. Se hace necesario un frente común para demostrarle al mundo que las minorías colombianas no pueden pasar por encima de los intereses de la patria.