La víctima fue la ley de víctimas

Por Rafael Nieto Loaiza

El País, Cali

Junio 21 de 2009

El manoseo nacional al derecho internacional público no es cosa nueva. Desde que la Corte Constitucional estableció que los tratados internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario constituyen un “bloque de constitucionalidad” junto con la Carta Política, en Colombia se puso de moda alegar normas o principios internacionales como argumento para impulsar las posiciones políticas de quienes los invocan.

El derecho internacional y la “comunidad internacional”, así, en genérico, son usadas una y otra vez para presionar al Gobierno y a los parlamentarios, en la búsqueda de que las decisiones que éstos tomen sean las que convienen a los intereses de oeneges, opositores y columnistas de prensa. Poco importa que la “comunidad internacional” sea algo gaseoso que hay que concretar en cada caso y que en muchas ocasiones tales normas y principios sólo existan en el deseo y en la calenturienta imaginación de quienes los inventan.

Así, por ejemplo, los ponentes liberales han sostenido que la “Ley de Víctimas” debía contemplar la reparación por vía administrativa y sin sentencia judicial previa de quienes han sufrido como resultado de acciones de agentes estatales. Según ellos, negarse a este tratamiento contraviene “principios internacionales que obligan a Colombia” y es una conducta que generará para el Gobierno “repudio internacional”.

No tengo duda alguna de que éstas y todas las víctimas tienen derecho a una reparación integral. Pero no es verdad que haya una obligación internacional para el Estado de reparar por vía administrativa a las víctimas de agentes estatales. De hecho, no sobra recordarlo, no existe norma internacional alguna que obligue a un estado a reparar de su propio pecunio a ninguna víctima, sea de agentes estatales o de grupos armados ilegales, sin sentencia condenatoria previa. Si el Estado decide hacerlo, como lo resolvió el Estado colombiano para las víctimas de los grupos ilegales, será por una decisión soberana que toma por consideraciones de conveniencia y no porque esté internacionalmente obligado a ello.

Así las cosas, ¿tenía sentido que los congresistas de la oposición se cerraran a la banda y asumieran una posición maximalista que dio al traste con la Ley de Víctimas? Fue una actitud abiertamente irresponsable y un juego inexcusable con las expectativas de las víctimas.

Pero el Gobierno tiene también parte de la culpa: el válido argumento de que el costo fiscal de la propuesta era insoportable y ponía en peligro la salud de las finanzas públicas (equivalía casi el 70% del presupuesto nacional del próximo año), debió haberse planteado mucho antes. Y el Ministerio del Interior y Justicia estaba obligado a trabajar con los congresistas de su coalición para conseguir un texto de ley que, al mismo tiempo que no ponía en peligro la salud fiscal del país, permitiera avanzar en la reparación a las víctimas. No lo hizo, reaccionó muy tarde y la oposición lo cogió con los pantalones abajo, haciéndole pagar al Gobierno un costo politico enorme.

El Gobierno tiene ahora la tarea de cumplir lo prometido: presentar un nuevo proyecto de Ley de Víctimas el 20 de julio, al inicio de la próxima legislatura. Deberá hacerlo de manera que se aprovechen los avances y acuerdos ya alcanzados en la discusión de la ley fallida. Sería un sinsentido empezar de cero.