Los magistrados millonarios

Eduardo Pilonieta Pinilla

Vanguardia Liberal, Bucaramanga

Junio 19 de 2009

Ser rico no es un delito en Colombia, pero serlo utilizando métodos fuera de la ley o valiéndose de cargos oficiales, sí lo es y por ende, esta modalidad de conducta debe ser penal y socialmente sancionada.

Ahora bien, los jueces no necesariamente deben ser pobres pero sí viven solamente del sueldo, ser ricos puede resultar sospechoso, pues los ingresos que reciben son un salario y todos sabemos que por grande que éste sea, termina acabándose antes que la quincena.

A los jueces tampoco les está prohibido hacer negocios, ni pertenecer a sociedades dedicadas al lícito ejercicio de las actividades productivas pero sí les obliga demostrar, llegado el caso y peso a peso, cómo adquirieron sus fortunas, si pretenden librarse de las perspicacias que genera en el ánimo de las gentes la existencia de una corrupción generalizada.

La justicia tiene la característica de poderse permear con bastante más seguridad que cualquiera otra institución del Estado, pues su función lleva implícita una enorme dosis de subjetividad que depende de la forma como, llegado el momento, se procesen los elementos de prueba, lo cual permite ver o no ver lo que se quiera.

De otro lado, algunos funcionarios judiciales, altamente publicitados, pueden llegar a ser muy puros, pero las conductas por lo menos indelicadas que de ellos se han mostrado, hace que no lo parezcan tanto, como sucedió con aquél que recibió unos zapatos de regalo proveniente de una persona que posteriormente terminó enredada judicialmente.

Puede un magistrado llegar a tener una veintena de inmuebles eso nos parece no solo posible sino además plausible pero si tal sucede, también sentimos necesario que tenga cómo demostrar de manera indubitable la forma como los adquirió, pues de lo contrario dejará la sensación de que poco clara es el agua que pasa bajo el puente y no hay cosa que apeste más que un fallador judicial corrupto.

La sociedad tiene el derecho de reclamar la vigilancia de la conducta de quienes realizan funciones públicas, máxime si se trata de quienes cumplen la tarea constitucional de precisar, juzgar y fallar los actos violatorios de la ley.