Por Eduardo Mackenzie
Blog Debate Nacional, París
Junio 25 de 2009
¿Qué país democrático con problemas de terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, puede darse el lujo de prescindir de las escuchas telefónicas? Ninguno. En Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y España, por ejemplo, las intercepciones telefónicas se hacen a diario, y por miles, dentro de un marco legal. Y no sólo legal. Esos actos, aunque no evitaron los atentados islamistas en Nueva York y Washington del 11 de septiembre de 2001, ni los atentados en Madrid y Londres en 2004 y 2005, han servido para impedir en esos países y en otros, nuevos ataques similares o peores.
¿Por qué Colombia, un país víctima durante más de cincuenta años del terrorismo marxista más bestial, y de carteles de narcotraficantes tenaces y despiadados, debería abolir ese instrumento de investigación?
Es legítimo lanzar esta pregunta pues lo que están tramando algunos jefes de la oposición va en ese sentido. Detrás del confuso debate de febrero de 2009 acerca de las “chuzadas” del DAS, con su cortejo de noticias falsas y verdaderas, de amalgamas y deducciones gratuitas, de las promesas de “investigaciones exhaustivas” en manos de un “grupo élite” que no llegó a nada, de falsos testimonios y pruebas que no lo son, lo que aparece en perspectiva es el perfil de una obscura campaña que tiene un sólo propósito: lograr el desmantelamiento de hecho del DAS, organismo que realiza esa vigilancia específica bajo el control de la Fiscalía (dicho sea de paso).
Algunos están tratando de montar las condiciones de ese desmantelamiento, bajo el dudoso móvil de que alguien escuchó las conversaciones de unas personalidades de la oposición, de la prensa e incluso del Gobierno. Sin embargo las pruebas de esa vasta operación ilegal están por verse.
La meta de esa gente es imponer la creencia de que el uso legítimo y legal de la vigilancia telefónica y numérica de los delincuentes de diverso pelambre que viven, o que transitan, por Colombia, es la más vil de las actividades del Estado.
Cuando el senador Jaime Dussán, nuevo jefe visible del Polo Democrático, vuelve a agitar el trapo de las escuchas telefónicas, como hizo el pasado 16 de junio, él da una nueva prueba de gran irresponsabilidad. Cuando lanza, sin prueba alguna, la acusación de que él y su grupo son objeto de ese tipo de seguimientos y que detrás de eso está la mano de la presidencia de la República, Dussán no hace sino recitar el violento libreto que fabricó el senador Gustavo Petro en febrero de 2009. Esos dos jefes del Polo Democrático se exponen, en consecuencia, a que se les lance esta pregunta: ¿un partido como el Polo Democrático, que tiene a varios de sus dirigentes centrales implicados en una investigación judicial[i] por presuntas conexiones con las Farc[ii], puede aspirar a que se lo trate como a una hermana de la Caridad?
Un grupo que tiene el tipo de problemas que tiene el Polo[iii] debería ser menos insolente, y menos proclive a la calumnia fácil y al uso de la técnica de acusar de todo a los gobernantes elegidos. Y debería ser más prudente al momento de pedir garantías, cauciones y privilegios.
Las ínfulas de los dos senadores marxistas vienen quizás del hecho de que ellos creen que su partido[iv]es de la misma estirpe que las formaciones europeas de izquierda parlamentaria, como el PSOE español, el SPD alemán, el PS francés, o el Labor Party británico.
El Polo Democrático, no es, sin embargo, de ese mismo linaje. El PD tiene una historia y una trayectoria que lo inhabilita para ser visto como una expresión genuina de la izquierda democrática. No porque esté en la oposición, ni porque una parte de sus dirigentes venga de un movimiento terrorista vencido y amnistiado, ni porque su programa aspira a la toma del poder para desmantelar el sistema liberal-conservador actual e improvisar enseguida una pesadilla, como las que existen en Venezuela, Cuba y Corea del Norte, sino por dos razones diferentes.
Primero, porque los archivos más secretos de las Farc, en poder del ex número dos de éstas hasta su muerte, Raúl Reyes, revelan que entre las Farc y ciertos sectores del Polo Democrático hay una convergencia de objetivos. Segundo, porque una parte de la dirección del PD, la llamada “ala radical”, no ha querido declarar, hasta hoy, que está realmente en contra del uso de la violencia para imponer unas metas políticas y porque ese mismo sector ha sido incapaz de condenar la tesis criminal fariana de la “combinación de todas las formas de lucha”.
El 28 de febrero de 2009, cuando las Farc enviaron al congreso del PD una carta diciendo que ellas están del lado del Polo en su lucha para impedir la continuidad del uribismo y de la estrategia de la seguridad democrática[v], ese congreso, ni el presidente del PD, fueron capaces de rechazar unánimemente la exigencia de las Farc. Sólo dos voces secundarias lo hicieron.
Si el PD quiere adquirir el estatuto que tienen los socialistas británicos, españoles, franceses y alemanes, debería ser y hacer como ellos. Pero ese no es el caso. Pues ser y hacer es una cosa y ser y decir es otra. ¿Puede alguien encontrar en Europa, o en Estados Unidos, un partido legal que tenga las amistades y las ambigüedades ideológicas que tiene el PD? ¿Puede alguien encontrar, por ejemplo, un dirigente del PSOE español que vacile entre sostener el régimen democrático de su país o apoyar por acción u omisión la actuación criminal de ETA?
Claro que no. No es sino ver lo que ocurrió este 19 de junio de 2009, cuando Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, líderes de la izquierda y de la derecha española, se unieron para condenar, como también lo hizo, por unanimidad, el Congreso español, el asesinato del policía Eduardo Puelles, por un comando de ETA en Arrigorriaga[vi]. ¿Cuándo se ha visto una actitud semejante en Colombia por parte del Polo? Jamás.
Grupos como Batasuna, que defendían las tesis políticas de ETA diciendo que, como dice en Colombia Piedad Córdoba respecto de las Farc, no hacían parte del aparato militar de ésta, son ilegales en España y no pueden participar siquiera en elecciones. Pues la tal separación era y es una ficción. Los socialistas británicos, alemanes y españoles hace lustros echaron por la borda, en congresos memorables, el bagaje marxista que tenían. Los franceses no lo han hecho y por eso el PS es un partido enfermo, que ha perdido su electorado y deriva no se sabe hacia dónde.
Después de haber logrado alejar la justicia penal militar, después de haber politizado y desorganizado profundamente la justicia, sobre todo la Fiscalía y la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, ramas del poder público donde los abusos judiciales son ahora, como nunca antes, objeto de frecuentes denuncias en la prensa, incluyendo casos gravísimos como el asunto Tasmania[vii], contra el jefe de Estado colombiano, hasta el incalificable acoso judicial contra los militares y policías que están ganando la batalla contra el narco-terrorismo, y contra aquellos que fueron sus precursores, como lo demuestra la infame persecución judicial que sufre el coronel Alfonso Plazas Vega, el Polo Democrático quiere ahora demoler el DAS.
¿Por qué el DAS precisamente? Porque él juega en Colombia el papel de entidad encargada, entre otras cosas, de la seguridad nacional y de las idas y venidas de los extranjeros. Buen regalo se le hará a las mafias y a las células de agentes cubanos, venezolanos y ecuatorianos que espían e intrigan en Colombia si se desmonta el organismo civil competente que puede y debe hacerle frente a esos aventureros.
Creado en 1953, el DAS coordina sus operaciones con los ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Justicia. Es pues una pieza fundamental de la lucha antiterrorista, del combate contra el tráfico de drogas y el lavado de activos. Quienes buscan su destrucción trabajan para intereses hostiles que quieren sembrar el caos en Colombia.
¿Por qué el DAS? Porque, además, es el organismo más apto para recabar las pruebas para procesar a los congresistas, diputados y particulares mencionados en los archivos de Raúl Reyes y en los otros computadores de las Farc.
La campaña anti DAS ocurre en momentos en que la Farcpolítica sigue en el limbo bajo el pretexto de que, como están diciendo ya algunos en la Fiscalía y en la CSJ, “no tienen pruebas suficientes” y que las pruebas que tienen “son precarias”. El DAS, sin embargo, podría sorprender a esos magistrados y obtener lo que les falta. Al fin y al cabo, el DAS fue el cuerpo que obtuvo, para la UIAF, las pruebas que confunden hoy a los altos magistrados que tenían negocios con los mafiosos Giorgio Sale, Chepe Ortiz y Asencio Reyes.
¿Ex terroristas hoy convertidos en padres de la patria, que ocultan celosamente los episodios de su vida en las bandas armadas, temen que los servicios del DAS descubran un día sus turbias actuaciones del pasado?
El nuevo escándalo de las escuchas del DAS comenzó el 21 de febrero de 2009 tras la aparición de un artículo de la revista Semana en la que se afirma que agentes del DAS “están interceptando de manera ilegal a reconocidas personalidades del país”.[viii] El artículo no mencionó ni circunstanció sus fuentes, ni utilizó los condicionales, ni las fórmulas de prudencia que son legítimas en ese tipo de investigación provisional periodística. El tono es categórico, brutal, sin asomo de una duda.
Obviamente, como ocurre casi siempre en Colombia ante una denuncia espectacular, muchos tomaron eso como un hecho comprobado y el escándalo tomó proporciones enormes: el senador Gustavo Petro mostró al presidente Álvaro Uribe como posible instigador de esas escuchas ilegales. El mismo ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo que esas “chuzadas” eran “terribles”, aunque descartó que el gobierno las hubiera ordenado. Pero llegó a pedir el cierre del DAS. Un desmentido completo hizo el presidente Álvaro Uribe: “A lo largo de los años, con gobierno o sin gobierno, jamás he dado ni una sola orden para que se vigile la vida privada de las personas”, declaró el mandatario ante la radio RCN de Bogotá. Por su parte, el director del DAS, Felipe Muñoz Gómez, dijo que se opondría a ese intento de “linchamiento” de su entidad. “El DAS no es una cueva de mafiosos”, agregó, antes de afirmar que había “muchos interesados” en que el DAS sea cerrado.[ix]
Todo eso en medio de las salvas ensordecedoras de la oposición y de la CUT, de otras supuestas “víctimas” y de numerosos comentarios de observadores que nunca averiguaron si el informe deSemana reposaba sobre una base seria.
El matutino El Tiempo informó el 23 de febrero: “La denuncia de la publicación llevó al fiscal general Mario Iguarán a ordenar el registro de las instalaciones del DAS para buscar pruebas de las irregularidades.” En otras palabras, la lógica que se estaba aplicando en esos momentos era: primero se denuncia y luego se buscan las pruebas de lo denunciado. Y en efecto, antes de tener las importantes pruebas, el Fiscal general y el presidente en esa época de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, aseguraron que todo se debía “a un complot del DAS”, y que las intercepciones telefónicas a funcionarios del gobierno eran una “falacia”. [x]
La consigna de movilización general había, pues, atravesado todos los cenáculos y roto las talanqueras de lo razonable. Los 23 magistrados de la CSJ firmaron una declaración. Respaldándose únicamente en el texto de Semana, dicen que “tales comportamientos punibles [del DAS] constituyen una degradación del Estado de Derecho y un aleve atentado contra la democracia y la libertad de opinión”.[xi]
Al día siguiente de estallado el “escándalo”, el director del DAS prometió que conformaría, con la Fiscalía general de la Nación y con la Procuraduría general de la Nación, un “cuerpo élite” que iniciaría las investigaciones dentro del DAS, para que estableciera “si existe allí una red mafiosa que pretende atentar contra la seguridad nacional”. Cinco meses después, el tal “cuerpo élite” no ha descubierto la “red mafiosa”. Semana tampoco ha podido identificarla, ni probar ni ampliar lo que dijo en febrero pasado. La opinión sigue huérfana de las verificaciones necesarias.
Incluso horas después de las “revelaciones”, los descubrimientos fueron nulos. Diez investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía invadieron la sede del DAS y admitieron más tarde que el “inventario de aparatos de intercepción estaba completo” lo que descartó la hipótesis de que uno de esos aparatos hubiera sido robado.[xii]
No obstante, dos senadores de la oposición pidieron inmediatamente la destrucción del DAS. Gustavo Petro pidió desmembrarlo: que se “reforme el servicio de inteligencia del DAS y se pasen sus oficinas y funciones a la Fiscalía”.[xiii] Al día siguiente, el senador Héctor Helí Rojas, del Partido Liberal, fue aún más vehemente y planteó: “La única solución es acabar con el DAS”.[xiv] Andrés Peñate, ex director del DAS, pidió, por su parte, que ese organismo sea “simplificado” y que dos de sus ramas pasen a otros organismos: la rama de extranjería al ministerio del Interior y la policía judicial al CTI. [xv]
Así comenzó un desmantelamiento parcial y confuso del DAS: el director y el subdirector de Inteligencia, dos funcionarios con hojas de servicios muy limpias, Luis Enrique Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos, quienes negaron cualquier participación o conocimiento del nuevo escándalo de escuchas ilegales, presentaron su renuncia protocolaria. Muñoz Gómez se la aceptó a Lagos, un capital retirado de la Armada con mucha experiencia en el campo de la contrainteligencia, aunque contra él no había ni hay acusación alguna. Muñoz describió esa aceptación como una simple “medida administrativa”. También le aceptó la renuncia a Gustavo Fierro, subdirector de análisis, y a Marta Leal, subdirectora de operaciones. ¿Culpables todos ellos de qué? Seis meses más tarde nada se sabe al respecto.
¿Por qué fueron lanzadas en ese preciso momento esas acusaciones contra el DAS y contra el alto gobierno? ¿Por qué la oposición trató de focalizar sobre Uribe el origen de esas escuchas “ilegales”?
Hay tres factores principales que explican esa súbita operación.
A comienzos de febrero de 2009, la crisis interna del Polo se había agravado notablemente. Ocho miembros del comité ejecutivo nacional[xvi] habían renunciado “irrevocablemente” a sus cargos, tras considerar, como dijo Radio Caracol, “que no hay garantías para adelantar un congreso nacional de esa colectividad de manera amplia y deliberatoria”.[xvii] El congreso del Polo estaba previsto para finales de febrero de 2009. ¿Quien dirigía esa estampida? El senador Petro, quien denunció que, desde la dirección del partido, el grupo de Carlos Gaviria y Carlos Bula lo estaba “agrediendo” y quitándole garantías. Petro denunció algo más grave: que la agencia Anncol, vocera de las Farc, estaba “tomando partido por un sector del Polo”, es decir por el “sector radical” de éste, para que Carlos Gaviria sea el “candidato único del partido en las elecciones presidenciales de 2010”.[xviii]
¿Las “revelaciones” ulteriores de Semana buscaban frenar esa dinámica de división dentro del Polo? ¿El papel protagónico asumido por Gustavo Petro al utilizar las “denuncias” de Semana como un garrote contra el presidente Uribe buscaba forjar una imagen de él como el mejor jefe del partido y el mejor candidato presidencial? Es imposible descartar esa hipótesis.
Segundo. Los artífices del juego denunciatorio estaban probablemente al corriente de que Colombia había adquirido en Estados Unidos seis vehículos especiales para el DAS, capaces de interceptar y grabar conversaciones en casas, oficinas y calles y que la entrega de ese equipo avanzado requería el visto bueno del Departamento de Estado, quien exigía, con razón, que fuera usado exclusivamente para combatir el narcotráfico y la subversión. Un cuestionamiento sobre la honradez del DAS y una “denuncia” acerca de que el equipo técnico del DAS estaba siendo utilizado por paramilitares, podría congelar definitivamente la entrega de esos vehículos. La prueba de que por ahí iba la cosa es que la operación montada tuvo efectos tangibles: en marzo de 2009 tal exportación no había sido aún realizada pues una juez de Miami se oponía a ello.[xix]
El tercer factor es aún más interesante. También en marzo de 2009, el jefe del poder ejecutivo colombiano debía sancionar la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia. Mediante esa ley, el DAS recuperaría la autonomía para realizar escuchas telefónicas, bajo el control de una Junta de Inteligencia. Encabezada por el ministro de Defensa y con la participan de los directores de la Policía Nacional, del DAS, de la UIAF y de dos miembros del Senado y de la Cámara, esta junta reforzaba el dispositivo colombiano de lucha contra los delitos contra la seguridad del Estado y el orden democrático.[xx] La ley fue aprobada por el presidente Uribe el 5 de marzo de 2009.
¿El escándalo del 21 de febrero buscaba enrarecer las condiciones de la sanción de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia? ¿Buscaba que la autonomía operativa le fuera retirada definitivamente al DAS para transferirla a otra entidad? El 26 de febrero, una semana después del articulo de Semana, el presidente Álvaro Uribe le retiró al DAS esa función y se la encargó a la Policía Nacional. “Los equipos de inteligencia del DAS seguirán utilizándose siempre con orden judicial y de ahora en adelante operados por la Policía”, ordenó el jefe de Estado.
Empero, dos años antes, la Policía Nacional había sido objeto de sanciones (doce generales fueron destituidos) por un problema similar de escuchas ilegales. Evidentemente, el alto gobierno estaba dando bandazos en el tema de la inteligencia y contrainteligencia, bajo la tremenda presión de escándalos inesperados, sobre todo de origen mediático, que resultaban en desmentidos, en desórdenes institucionales concretos y en destituciones de oficiales, funcionarios y expertos. Si alguien quería amarrarle los brazos y dinamitar el sector de la inteligencia y contrainteligencia civil colombiana no podría hacerlo mejor.
Alguien que no se dejó ofuscar por las supuestas revelaciones de la revista Semana fue el consejero presidencial José Obdulio Gaviria, quien pidió serenidad y propuso averiguar primero si una organización criminal había logrado realmente penetrar el DAS “y usar sus instrumentos técnicos para grabar” a funcionarios, magistrados y periodistas. José Obdulio Gaviria pidió saber si, por el contrario, se estaba ante “un positivo criminal en auspicio con algunos medios de comunicación que se han dedicado a comprar esa información”.[xxi] Acusado por alguien de la oposición de ser un inspirador de tal estado de cosas, el consejero declaró[xxii] al día siguiente que las denuncias de Semana “carecen de pruebas concretas y no están respaldadas por fuentes creíbles”. Concluyó que son tonterías destinadas a “socavar el prestigio nacional e internacional que ha alcanzado el presidente Uribe en seis años y medio de gobierno”.
Otro que pareció guardar cierta lucidez en esos agitados momentos fue una agencia extranjera de noticias, la Associated Press, quien estimó que en ese episodio de las “chuzadas” podrían estar operando narcos y/o espías extranjeros, al recordar en uno de sus cables que en Colombia “los grupos armados ilegales (traficantes de drogas, paramilitares y rebeldes) hacen frecuentemente esas escuchas ilegales, así como los servicios de inteligencia extranjeros”. [xxiii]
Dos días más tarde, El País, de Cali, retomó en parte la sospecha de la AP al decir que “los autores del espionaje ilegal lo hacen muchas veces por negocio, para venderle esas informaciones a los medios y a las organizaciones criminales”.[xxiv]
Para acabar de romper la falsa unanimidad que parecía forjarse en el país, el ex ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, resumió la situación así: “Semana reveló la existencia de grabaciones indebidas, a destinatarios bien escogidos, laboriosamente seleccionados y el mundo se incendió contra el Presidente [Uribe]. Que estamos en un Estado policía, al mejor estilo estaliniano; que la democracia está en peligro; que se trata de un atentado vil contra la justicia, contra el periodismo, contra la oposición política […]. Lo único que no se oye, y lo que no se sabe, y lo que no se cuenta, es cuáles son los testigos que le permiten a Semana mantener semejante montaje. A cuyo perfeccionamiento acudió presto el joven y atolondrado Director del DAS, por curiosidad cuñado de una de las figuras claves de la Fiscalía y por casualidad antiguo subalterno del tío del Director deSemana, el mismo ministro que pidió la sepultura del organismo desde Estados Unidos y el mismo en cuyas manos queda concentrado todo el poder de la inteligencia nacional, destruido el único reducto que respondía al Presidente de la República sin pasar por la alcabala del Ministerio de Defensa”.[xxv]
El ex ministro y escritor denunció igualmente los métodos utilizados por los dos actores mayores del episodio: “No es la primera vez que Semana monta una escena parecida, con los mismos elementos. Un testigo delincuente le sirvió para dedicarle tres entregas a la acusación que levantó contra el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, héroe de la República y pacificador del Cesar. En auxilio de Semana, y del bandido que tuvo por “fuente”, llegaron el Fiscal, primero, y enseguida el Ministerio de Defensa por obra del Viceministro Sergio Jaramillo, según denuncia el Coronel, con hechos y pruebas que la Fiscalía, por supuesto, no investiga. Lo que tal vez se investigue ahora, es el celo investigador del Fiscal [Mario Iguarán] sorprendido en suculenta comilona, rociada con buen vino, acompañado de su jefe de prensa, con el Director de Semana y sus periodistas más cercanos. Este nuevo estilo de investigación criminal, tendrá que ser examinado con buen juicio. A nosotros nos parece, como todo lo ocurrido, y acaso peor que todo lo demás, sencillamente repugnante.” [xxvi]
Fuera de ellos, nadie más vislumbró la posibilidad de una operación de falsa denuncia y todos corrieron como borregos a enviar sus epítetos y conjeturas dudosas contra el DAS, luego de tomar como verdad revelada la historia lanzada por Semana.
Y ello a pesar de que, en efecto, algunos espías o “agentes de inteligencia extranjera” estaban rondando, como se verá, por algunas oficinas de redacción en esos días. Un redactor de El Tiempo, de Bogotá, dijo, en efecto, que “un agente de inteligencia extranjera” le había confiado esto: “Aquí lo novedoso no es que estén ‘chuzando’ en Colombia sino que no hagan nada para frenar esa vieja práctica. La última vez todo quedó con la destitución de doce generales.”[xxvii] ¿Cómo y por qué los cálculos de un espía extranjero son recibidos sin beneficio de inventario por el diario más importante de Colombia? ¿Ese espía sabía o sabe quien está haciendo esas escuchas? ¿Por qué El Tiempo no lo interrogó al respecto?
En cuando al famoso dossier del 21 de febrero de 2009 de Semana, intitulado “El DAS sigue grabando”, varias detalles anómalos llaman la atención. Esa revista asegura que el DAS “se ha puesto al servicio de narcos, paras y guerrilleros”. Nada menos. La acusación es feroz, totalizante y sin matices. Según la revista, todo el DAS está gangrenado. Sin embargo, Semana no pidió la destitución del director del DAS. Si ello fuera cierto, tal renuncia se imponía. ¿Semana no está segura de lo que dice?
En cuando al punto principal del dossier, las pruebas del asunto y la fuente de donde vienen esas alegaciones, una realidad se impone: las pruebas son perfectamente intangibles pues las supuestas intercepciones ilegales estaban, dicen, en unos discos duros extraíbles que fueron “destruidos”. La fuente de Semana es una sola persona: “un detective del DAS que participó” en esa destrucción.
Si Semana investigó al DAS “durante seis meses” por qué no tiene una sola copia de las grabaciones “ilegales” que después serían “destruidas”? Si alguien trabajó esos puntos desde septiembre de 2008 por qué no tiene pruebas materiales y solo tiene “declaraciones de testigos y protagonistas”? Raro es que el contenido de unos discos duros haya sido “destruido”. Difícil es destruir, borrar definitivamente, un fichero informático. De eso queda huella en varias soportes: en otros discos duros, en llaves USB, en discos CD o DVD, en impresos, etc. El cambio de un disco duro por otro se detecta fácilmente. El disco duro substituto tiene unas fechas de comienzo. ¿Por qué los técnicos del CTI no descubrieron ese tipo de manipulación cuando invadieron el DAS el 23-24 de febrero de 2009?
La tal “destrucción”, dice la revista, ocurrió durante tres días, del 19 al 21 de enero de 2009. Sin embargo, escribe, “pocos integrantes del DAS se percataron de los inusuales movimientos durante esos días”. Ello es increíble, técnicamente imposible. ¿Cómo destruyeron ese material? ¿A martillazos? ¿Con una motosierra? ¿Mediante el fuego? ¿Nadie vio el humo? ¿Nadie vio esos residuos? ¿Dónde los ocultaron? ¿Cómo los sacaron? ¿Nadie oyó nada? ¿El personal del DAS estaba sordo y ciego?
“¿Qué era lo que estaban destruyendo?” La respuesta dada por Semana es, evidentemente otra suposición, no un hecho, pues el redactor no vio los documentos que habían sido “destruidos”. La fuente tampoco los vio. El artículo no lo dice.
Así, evacuando rápidamente esos puntos capitales, el artículo se centra sobre temas aún más abstractos y subjetivos, como las motivaciones de esa “destrucción”: la llegada de un nuevo director que podría descubrir esos abusos.
Semana dice que hizo su investigación durante seis meses y que dispone de “30 declaraciones de testigos y protagonistas directos de los hechos”. ¿Quiénes son esos testigos? La revista no cita a ninguno, ni siquiera bajo un alias. Y lo que estos le aportaron es extrañamente muy poco.
Lo que sí es evidente es que la declaración del “testigo” intenta dar a ciertos personajes de la oposición el estatuto de víctimas del gobierno, como a Gustavo Petro y Piedad Córdoba, ambos con vínculos especiales con el régimen venezolano de Hugo Chávez. ¿Todo ellos para lavarlos de culpa por anticipado, antes de que se inicie la investigación de la farc-política? Igual procedimiento ocurre respecto del vice fiscal Iván Velásquez, “jefe de la investigación de la para-política” y protagonista central del tenebroso caso Tasmania.
El dossier de Semana busca algo más: satanizar actos que son legítimos y legales. ¿Recoger información sobre las conexiones de los paramilitares con otra gente es ilegal? ¿Por que reprocharle a Martha Leal, funcionaria del DAS encargada de ese tema, haber estado presente en la visita que hizo alias “Joe”, un paramilitar del grupo de “Don Berna”, al palacio de Nariño para dar información sobre miembros de la CSJ? ¿Esa presencia de ella fue un acto reprensible?
El blanco de los ataques de Semana fue la oficina de Contrainteligencia. ¿Por qué? Dos funcionarios de ese sector fueron puestos en la mira desde el comienzo: Fernando Tabares, jefe de inteligencia, y Jorge Lagos, jefe de contrainteligencia. Ambos fueron citados, cuenta la revista, en un correo electrónico que Félix de Bedout, de la W Radio, envió a uno de sus colegas en Semana. Tal mensaje habría sido interceptado por el DAS.
El artículo no olvida nada. No olvida deslizar el nombre del presidente Álvaro Uribe y de sus funcionarios inmediatos quienes (que horror) consultan al DAS. El DAS depende de la presidencia de la República pero ésta debería abstenerse de consultarlo. Tal es la lógica de Semana. Consecuente con ese curioso criterio, que muestra el deseo de Semana de que la presidencia de la República pierda el hilo de la información y sea también gradualmente arruinada, el ex ministro Rafael Pardo, eterno candidato a la candidatura presidencial de la oposición, lanzó esto: “El DAS se convirtió en una entidad al servicio del régimen”. ¿Debería estar al servicio de la oposición? ¿De los terroristas? ¿De agentes extranjeros?
Semana no olvida otra técnica: la exageración del daño. Los seguimientos “descubiertos”, dice, son apenas “la punta del iceberg”. La revista habla de unos documentos que el Ejército habría hallado en el computador de un miembro del ELN. A Semana no se le pasa por la cabeza que el ELN pudo haber infiltrado al DAS y deduce otra cosa: que el DAS le “vendió” esa información al grupo terrorista. Pero, a falta de prueba, lo uno es tan posible como lo otro. ¿Por qué Semana optó por lo segundo? Su actitud no fue informativa. Fue política.
La revista alude brevemente a la compra por Colombia de los vehículos de intercepción móvil en Estados Unidos, pero lo hace sólo para insinuar que ese equipo técnico sofisticado servirá a los paramilitares. ¿Para hacer fracasar esa exportación en la que es necesario el visto bueno del Departamento de Estado?
Para Semana los integrantes de la CSJ son intocables. Sin embargo, la corrupción se ha infiltrado en esos estrados y en otros, como quedó visto cuando se descubrió la historia de los cuatro magistrados que tenían negocios con tres mafiosos, gracias a los hallazgos de la UIAF y del DAS.
Si un magistrado de las Cortes no quiere alertar las antenas que vigilan el lavado de activos no debe andar en tráficos con gente dudosa. Si un periodista no quiere llamar la atención de los organismos de seguridad no debe andar en maniobras de propaganda con terroristas. Si una senadora no quiere ser investigada por los jueces y la policía no debe fungir como consejera de terroristas, ni intercambiar con éstos mensajes acerca de qué hacer con la rehén Ingrid Betancourt y a espaldas de todo el mundo. Eso es lo que dice la ley. Semana, sin embargo, está contra eso. Semana estima que un político por ser de la oposición no puede ser investigado, que un senador de la oposición está por encima de la ley.Semana llama “intercepción ilegal” las escuchas que se hacen contra personas que asumen conductas reprensibles. Semana trata de desacreditar la noción de “blancos legítimos”.
Objetivamente, el artículo busca proteger ciertas conductas que están lejos de ser legales y leales. El otro objetivo es fabricar una imagen del gobierno de Uribe como una dictadura. Semana miente cuando dice que “cualquier crítico u opositor del presidente o del gobierno” es objeto de una vigilancia ilegal. Salpicar toda investigación que hace el DAS acerca de las personas que juegan con la legalidad o van más allá de la legalidad, es proteger el crimen, defender la impunidad, no luchar por la verdad.
Semana caracteriza erróneamente el DAS como una “policía política” y pide “reformas de fondo” en el DAS, pues éste se ha convertido en una “peligrosa rueda suelta para el Estado y [para] el propio Presidente”. ¿Y Semana que es? ¿El mejor consejero del jefe de Estado?
Otro aspecto preocupante que hace pensar que manos muy obscuras podrían estar detrás de ese violento ataque de Semana es el recuadro intitulado “¿Cómo y dónde ‘chuzan’?” Esa es la pieza más extraña del dossier. El habla de cinco supuestas “oficinas clandestinas” del DAS en Bogotá. Las enloda y las muestra como algo ilegal y sospechoso. Da sus direcciones y describe un poco su vida interna. El lenguaje de ese recuadro es diferente. Es el de una misión de seguimiento realizada más por un oficial de inteligencia que por un periodista. Ese recuadro puede haber develado secretos de Estado. El personal de esas oficinas puede haber sido puesto en peligro de muerte. La lucha contra la subversión y el espionaje extranjero pudo haber sido golpeado por ese texto.
¿Qué dirían Hugo Chávez o Rafael Correa si una publicación de oposición o no da la dirección exacta de las oficinas en Caracas y Quito de los respectivos servicios de inteligencia y contraespionaje de esos países?
Semana cree haber destapado un Watergate en Colombia. Pero en el Watergate auténtico, el de Richard Nixon, John Ehrlichman, Carl Bernstein y Bob Woodward, entre otros, tuvo una característica: las pruebas materiales abundaron desde el comienzo. Lo de Semana es una parodia. Donde las acusaciones vuelan y las pruebas faltan.
Semana no explica qué motivó a su fuente para hacer esas “revelaciones”. ¿Es normal que un funcionario de un cuerpo como el DAS que debe tener una disciplina casi militar, tenga pulsiones que lo lleven a contarle a la prensa los detalles confidenciales de su servicio?
¿Quién es y qué hace esa fuente? ¿Es un funcionario corrupto que vende información a la prensa? ¿Es un topo de las Farc? ¿Un infiltrado del PC3? ¿Un submarino de los paras? ¿Un “patriota” que lucha contra la “dictadura” de Uribe? Debe haber una razón para ese acto de develación. ¿Cuál fue? ¿Por qué ese “detective”, si él existe, decidió hablar? ¿Estaba acaso moralmente en desacuerdo con lo que pasaba en esas oficinas? ¿Si ello es así por qué el artículo no lo dice?
Ante esas dudas crecientes sólo queda hacer tres nuevas pregunta: ¿Quién está detrás de la “investigación” de Semana? ¿Por qué los santuarizables son todos chavistas? ¿El espionaje cubano está detrás de esa “investigación”?
Escuchar las conversaciones de otro plantea siempre un problema de ética. Interceptar sin orden judicial el correo o los mensajes numéricos y las comunicaciones telefónicas de alguien, de un ciudadano, de una empresa, de un partido, es ciertamente un delito. Empero, la vigilancia de individuos y de grupos que pueden constituir una amenaza contra la seguridad de los colombianos, o contra la seguridad del Presidente, o contra la salud económica del país, es una obligación del Estado democrático y no puede ser vista como algo ilegítimo.
Esa labor de vigilancia es particularmente compleja. La mundialización, la aparición de internet y de la telefonía móvil aceleraron los flujos de información y de dinero. El terrorismo moderno utiliza las nuevas tecnologías para transmitir mensajes, impulsar propaganda, reclutar y formar gente a distancia. Un país que acepta que alguien le desorganice sus dispositivos de vigilancia electrónica y humana contra esos frentes le abre avenidas al terrorismo, a la desinformación y a la influencia subversiva. Es eso lo que se busca probablemente con la campaña contra el DAS.
Ningún país democrático se avergüenza por haber reforzado sus servicios de inteligencia y sus capacidades de vigilancia de las comunicaciones electrónicas. Pues ningún país está a salvo de las escuchas salvajes o ilegales y de su poder desestabilizador. Oír las conversaciones de agentes peligrosos es una cosa. Impedir que los particulares escuchen a otros ilegalmente y siembren la división y la confusión es otra tarea del Estado, aunque es difícil obtener resultados. François-Bernard Huyghe, un especialista en ciencias de la información y de la comunicación, admite que en Francia podría haber “cien mil escuchas ilegales, al lado de 30 000 ‘legales’”.
Tras los escándalos de los micrófonos clandestinos encontrados en el semanario satírico Le Canard Enchaîné y de las escuchas telefónicas ordenadas por el presidente François Mitterrand, el parlamento francés votó la ley del 10 de julio de 1991 que reglamenta las intercepciones de seguridad. Después, con la ley del 23 de enero de 2006, el dispositivo fue completado y extendido a las conexiones internet. En Estados Unidos el sistema de intercepción de las telecomunicaciones, heredado de la Guerra Fría, funciona según el esquema de la red de acopio (dragnet) que intercepta a diario millones de comunicaciones (teléfonos, e-mails) las cuales son tratadas por robots semánticos que discriminan y aíslan ciertos mensajes valiéndose de palabras claves.
En la actividad de vigilancia regulada de las sociedades abiertas los activistas del Polo Democrático creen ver una expresión más de la « antidemocracia capitalista ». Para ellos, el único Estado de Derecho válido es el que rima con Estado ingenuo, desmantelado, indefenso y dispuesto a sufrir sin reaccionar los abusos y crímenes de las dictaduras « populares ». Colombia quien sufrió eso durante cincuenta años, no debería seguir esos consejos.
[i] Entre los trece primeros nombres dados a conocer por la justicia en el caso de la Farcpolítica, figuran varios dirigentes del PD : Wilson Borja, Jorge Robledo, Jaime Caicedo, Gloria Inés Ramírez y Carlos Lozano. Otros nombres de ese expediente son la senadora liberal Piedad Córdoba, el senador liberal Carlos Julio González Villa, el representante Luis Enrique Dussán López, el periodista William Parra, el ex ministro Alvaro Leyva Durán, el ex asesor de paz Lázaro Viveros y Liliana Patricia Obando, dirigente de una organizacion agraria. Cuatro extranjeros también son incluidos en ese asunto.
[ii] Un fiscal de la unidad Antiterrorismo pidió a la Corte Suprema de Justicia evaluar la posibilidad de investigar al senador Jaime Dussán Calderón pues el nombre de éste es mencionado en algunos documentos encontrados en los computadores de Raúl Reyes, cabecilla de las Farc. Diario del Huila, Neiva, 3 de abril de 2009.
[iii] En noviembre de 2008, dos miembros del Polo Democrático, Arney Tapasco y Félix Hernández, fueron acusados por una fiscal de Manizales por el delito de rebelión, por haber prestado apoyo logístico a las Farc en el secuestro de Oscar Tulio Lizcano. Tapasco y Hernández son dirigentes del PD en Caldas. Ver El Tiempo, 26 de noviembre de 2008.
[iv] El PD es un archipiélago de grupos. En la dirección del Polo Democrático seis fracciones políticas, más o menos rivales, están representadas. La del antiguo Polo Democrático Independiente, de Gustavo Petro, la de Alternativa Democrática, de Carlos Gaviria (ex presidente del PD), y la de la Anapo, de Iván Moreno, hermano de Samuel Moreno, el actual alcalde de Bogotá. También hacen parte de este último grupo, Jaime Dussán, Jesús Bernal y Parmenio Cuellar. Finalmente, está la fracción del Polo al Sur del senador Alexander López, Alfredo Molano y Daniel Libreros. Este grupo es acusado por Gustavo Petro de ser “simpatizante de las Farc”, según explica el propio Libreros en un artículo publicado por él en El Tiempo del 20 de febrero de 2009. En Polo al Sur también se encuentran dirigentes del Partido Comunista como Jaime Caicedo y William Borja, representante a la Cámara, del Moir como el senador Jorge Robledo y el senador Luis Carlos Avellaneda.
[v] Noticias24.com, 28 de febrero de 2009.
[vi] La Vanguardia, Barcelona, 20 de junio de 2009
[vii] En septiembre de 2007, un paramilitar encarcelado, José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania, declaró que un vice fiscal, Iván Velásquez, le había propuesto que involucrara al presidente Alvaro Uribe en un atentado contra un paramilitar. Velásquez negó haberle pedido eso a Tasmania, pero admitió que se había reunido con él en la Fiscalía de Medellín.
[viii] Radio Caracol, Bogotá, 21 de febrero de 2009.
[ix] El Colombiano, y Colprensa, 25 de febrero de 2008.
[x] El País, Cali, 26 de febrero de 2009.
[xi] Prodigy msn, México y BBC Mundo.com, 24 de febrero de 2008.
[xii] El Tiempo, Bogotá, 22 de febrero de 2009.
[xiii] El Espectador, Bogotá, 22 de febrero de 2009.
[xiv] El País, Cali, y Colprensa, 23 de febrero de 2009.
[xv] El Tiempo, Bogotá, 22 de febrero de 2009.
[xvi] Son : Eduardo Andrés Garzón, Guillermo Alfonso Jaramillo, Marcelo Torres, Sebastián Romero, Patricia Buriticá, Antonio López, Alejandro Gutiérrez y Gustavo Petro.
[xvii] Radio Caracol, Bogotá, 9 de febrero de 2009.
[xviii] El Colombiano, Medellín, 10 de febrero de 2009.
[xix] Ver « Polémica por vehículos espías para Colombia », por Gerardo Reyes, El Nuevo Herald, Miami, 11 de marzo de 2009.
[xx] Ver « Al DAS volvería la función de interceptar », por Clara Isabel Vélez Rincón, El Colombiano, Medellín, 7 de marzo de 2009
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