El principio de oportunidad

Editorial

El País, Cali

Junio 17 de 2009

El pasado lunes la Cámara de Representantes le dio el último de los ocho debates necesarios para convertir en ley de la República la iniciativa mediante la cual se podrá continuar el proceso que legaliza la desmovilización de más de 30.000 paramilitares. Y aunque significa otro paso importante en la búsqueda de la paz en Colombia, será necesario el compromiso para hacer justicia a las víctimas de la violencia y reparar los daños que les causó.

En términos breves puede decirse que con la aprobación del principio de oportunidad se aplica la justicia transicional, “entendida ésta como la rama de la Justicia que permite que las sociedades puedan enfrentar el legado de violencia generalizada y sistemática de derechos humanos”. Tal declaración, expresada en la exposición de motivos de la nueva ley, no es otra cosa que el reconocimiento que hace el Estado de la necesidad de tomar decisiones políticas para resolver un conflicto de manera pacífica y excepcional.

La iniciativa era necesaria ante los vacíos que presentó la Ley de Justicia y Paz con respecto a quienes, habiendo formado parte de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, habían manifestado de manera inequívoca su intención de reintegrarse a la sociedad, no ejercían autoridad ni fueron considerados elegibles por el Gobierno para el proceso que contempla esa norma. Con lo cual se llena el vacío que dejó en una especie de limbo jurídico a 19.000 miembros del ejército del horror que azotó extensas zonas del país durante una década.

Sin duda, al aplicar tales excepciones el país está pasando un trago amargo: el de darles una especie de impunidad a los crímenes cometidos por los 19.000 desmovilizados que ahora podrán resolver su situación jurídica. Pero ese es el precio que debe pagarse para detener el paramilitarismo, una gran amenaza para la vida y los derechos humanos de millones de personas. Que haya nacido de una supuesta respuesta a la guerrilla y en medio de la debilidad de un estado casi impotente para imponer el orden nunca será argumento aceptable para justificar sus crímenes.

Pues bien, una vez sancionada por el Ejecutivo, la ley permitirá agilizar los procesos que se habían detenido hace unos meses. Pero no significará que sus beneficiarios se liberen de su obligación de contribuir a la reparación de sus víctimas. Como tampoco implicará favorecer a quienes cometieron delitos de lesa humanidad ni borrar sus antecedentes criminales en caso de que reincidan en hechos que atenten contra el ordenamiento jurídico.

Continuará así el duro y difícil proceso que ha escogido Colombia para cerrar las heridas abiertas por décadas de violencia. Para ello también tendrá que actuar en la restauración de los daños que tanto los criminales como la ausencia de autoridad les causaron a millones de personas. Es el principio de oportunidad para las víctimas, los desplazados y desposeídos que deambulan por el país y el mundo a la espera de justicia. Ellos también necesitan una respuesta, ajena a la confrontación partidista e inspirada en el propósito de construir la unidad nacional para que nunca se repita el horror del paramilitarismo, la guerrilla y el crimen organizado.