Oportunidad oportuna

Por Alfredo Rangel

Domingo 21 Junio 2009

Revista Semana, Bogotá

Parece increíble que a estas alturas muchos de los que en su momento aplaudieron la amnistía total para el M-19 y otros grupúsculos guerrilleros, ahora se rasguen las vestiduras porque fue aprobada una ley que consagra el principio de oportunidad para resolver la situación jurídica de los 19.000 paramilitares que entregaron las armas, se desmovilizaron y están en proceso de reinserción a la vida civil.

El principio de oportunidad era la única salida jurídica a un embrollo que consistía en tener que detener, procesar, condenar y encarcelar por asociación para delinquir a esos paramilitares desmovilizados, o sea, reversar el proceso de paz y dar al traste con su reinserción. El embrollo fue originado al negarles el carácter político a los paramilitares, lo que impedía que fueran objeto de amnistías o indultos por haberse levantado en armas. Esta negativa iba en contra de toda evidencia. En efecto, el mismo Estado en su conjunto ya les había reconocido de hecho tal carácter: el gobierno, al establecer una mesa de negociación con ellos; el Congreso, al discutir y aprobar para ellos la Ley de Justicia y Paz, un instrumento de la moderna justicia transicional únicamente aplicable a actores de un conflicto armado interno, para poder transitar hacia el posconflicto, y el sistema judicial, al procesar a los paramilitares con ese instrumento extraordinario de justicia.

Lo curioso es que, a pesar de lo anterior, el gobierno siempre se negó a reconocer la existencia de un conflicto armado interno, y sin embargo apoyó el reconocimiento de los paramilitares como delincuentes políticos. Y los críticos del gobierno, que afirmaban la existencia de un conflicto armado de carácter político, se negaron a reconocer a los paramilitares como delincuentes políticos, a pesar de que los reconocían como actores de dicho conflicto armado. Las inconsistencias lógicas y políticas abundaron en las dos orillas, y las Altas Cortes de justicia contribuyeron a la confusión al afirmar que únicamente se podía reconocer como delincuentes políticos a quienes aspiraban a destruir el Estado por medio de la violencia -la guerrilla-, pero no a quienes pretendían defenderlo también mediante la violencia -los paramilitares-.

Eso sí, el gobierno y sus críticos siempre han coincidido en que los métodos bárbaros y la financiación del narcotráfico han sido características comunes de guerrilleros y paramilitares. Pero el desacuerdo consistía (consiste) en considerar que los crímenes de los unos son amnistiables y los de los otros no. Así, para las guerrillas se reservan las amnistías porque son políticas, mientras que para los 'paras' se aplica el principio de oportunidad, porque no lo son. No importa que unos y otros se hubieran disputado a sangre y fuego el control de territorios y el dominio sobre poblaciones enteras. O que los 'paras' hubieran aprendido de las guerrillas cómo capturar el poder y las rentas locales y regionales del Estado, en lo estas últimas fueron precursoras. O que la influencia violenta de unos y otros en la política y en los procesos electorales hubiesen provocado la aparición de la 'farcpolítica' primero, y de la 'para-política', después. No importa.

Para las Cortes pretender destruir el Estado es idealismo y oponerse a eso es codicia. Y aunque unos y otros hayan cometido crímenes, los desmovilizados de la guerrilla son personajes de activa vida social, se les abrieron los medios de comunicación y disfrutan de derechos políticos; los 'paras' desmovilizados, en cambio, son aislados, repudiados por los medios y perdieron sus derechos políticos.

Pero, en fin, a pesar de estas asimetrías, tanto la amnistía como el principio de oportunidad significan perdón para quienes voluntariamente dejaron las armas. No hay reconciliación nacional sin perdón. Y por eso hay que revindicar el perdón, aun en su doble condición paradójica de ser al mismo tiempo necesario e imposible, como lo plantea Sandrina Lefranc: "El perdón es necesario porque la violencia política existe, en particular cuando se ha cometido lo imperdonable". El perdón es imprescindible para recomponer las relaciones políticas que la violencia ha destruido.

Por esta razón, para Hannah Arendt, la esfera política sólo perdura por la gracia de esta "experiencia auténticamente política" que es el perdón, el cual, al romper la cadena sin fin de la venganza, permite acabar con la violencia endémica. Por estas importantes razones necesitábamos la Ley que consagra el perdón por medio del principio de oportunidad. Aunque a los 'paras' nunca se les haya reconocido como delincuentes políticos, sino como puros delincuentes comunes. Paradójico, ¿no?