Víctimas y ley manipulada

Jaime Jaramillo Panesso

El Mundo, Medellin

Junio 28 de 2009

“Cuando el agua viene sucia desde el nacimiento, no hay quien se la tome”, eso suelen decir los campesinos de los arroyuelos pantanosos. Eso mismo sucedió con el proyecto de ley de víctimas. Dos congresistas liberales, Cristo y Rivera, deseando congraciarse con las víctimas de la confrontación armada que se desató hace 45 años cuando afloraron las Farc y el Eln, y luego a poco andar el Epl, presentaron un proyecto que les quedó grande. En sus comienzos no pasaba de veinte articulitos. Después aparecieron las diferentes corrientes de conocedores y voceros de organizaciones de desplazados, desaparecidos, secuestrados, niños reclutados, mujeres agredidas, propietarios despojados, etc.- Los proponentes se dieron cuenta del caudal electoral que estaban palpando y decidieron ampliar el escenario con jornadas regionales.

Uno de los artículos propuestos creaba la Alta Consejería para las Víctimas que sin decirlo, implicaba sustituir la CNRR, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz, la cual venía trabajando por las víctimas desde hacía dos años en esos momentos. Los congresistas de las comisiones pertinentes consideraron oportuno reunir en un solo cuerpo las normas relacionadas con las víctimas. Mientras tanto los dos proponentes se dedicaron a las jornadas de consulta y contrataron una ONG de segundo grado, que a grupa a varias ONG, y la cual está adscrita al Polo Democrático, para su desarrollo, no obstante que dicha ONG no tenía nexo alguno con víctimas. En las regiones comprobaron el tamaño del problema social. La ONG organizadora del contacto taumatúrgico de los congresistas liberales con las sufridas víctimas, creó un filtro donde impedían la participación de los comisionados de la CNRR.

El proyecto de ley, no obstante, creció y reunió en su entorno voces sensatas de personalidades y organizaciones de toda índole que conformaron un cuerpo de posibles normas, muchas incorporadas de las ya expedidas por el mismo Congreso, ya de los decretos reglamentarios, así como de iniciativas populares de víctimas. Obviamente también pusieron su grano celestial supranacional las agencias de la ONU y demás oficinas “humanitarias”. El proyecto se perfiló de una manera positiva en una larga cadena de reuniones donde la Procuraduría jugó un papel conciliador. Pero desde antes se notaba el papel disolvente de las contrapropuestas maximalistas que iban por todo, no obstante la búsqueda de soluciones realistas. Como de costumbre los fundamentalistas querían el máximo de reparación, así se quebraran las finanzas públicas o se les incumpliera a las víctimas. No obstante se llegó a una serie de acuerdos que permitieron la aprobación del proyecto en la Cámara de Representantes.

¿Cuáles eran los dos problemas que habían tenido atrancada la ley? Uno: la reparación de las víctimas por agentes del estado, es decir, causadas por la participación de miembros de la Fuerza Pública. No se les negaba a las víctimas la reparación, sino que estaba condicionada a que el Estado fuera vencido en juicio y con debido proceso, puesto que los presuntos acusados, en un conflicto como el colombiano, podían haber dado de baja a guerrilleros o paras en combate, y ello era legítimo. O habían violados los derechos fundamentales a ciudadanos no combatientes y eran responsables de delitos imputables ante la justicia. No ocurre igual con la acción de los miembros de los grupos armados ilegales los cuales, de por sí, son responsables de violar la ley y en consecuencia las víctimas deben ser reparadas por solidaridad. Dos: de ocurrir la imputación a los miembros de la Fuerza Pública sin ser investigados y por la sola denuncia de familiares o amigos, el valor de las indemnizaciones reparatorias, acumuladas durante 45 años de confrontación, equivaldría a 75 billones de pesos, es decir, habría que subir los impuestos a todos los habitantes colombianos e hipotecar las finanzas públicas por muchos años.

El proyecto aprobado sin la propuesta maximalista, salió adelante en un acto de racionalidad y cordura. Pero a renglón seguido, los proponentes liberales ya citados, dieron un golpe de procedimiento, mediante una comisión de presunta conciliación, y de nuevo resucitaron el proyecto inicial del Senado que incluía el problema de los agentes de la Fuerza Pública ya explicado. Entonces, ante el vuelco de lo acordado y destrozada la confianza colectiva sobre el acuerdo original, la bancada congresional mayoritaria negó la ley. Gran alborozo de la oposición que, perjudicando a las víctimas ahora y en la hora electoral, sale a señalar al gobierno como culpable del hundimiento de un proyecto positivo y necesario. Y poco alborozo en los círculos de ciertos colectivos de abogados que cobrarían el treinta por ciento de 75 billones de pesos, donde está el verdadero fondo del problema. Un bocado de proporciones gigantescas. Pero tiene la careta de humanista y defensa “igualitaria” de las víctimas.