Los 27 del 29

Por Fernando Londoño Hoyos

El Tiempo, Bogotá

Junio 18 de 2009

Nadie se atrevería a poner hoy en duda la existencia de los falsos positivos, esto es, de los asesinatos que comete el Ejército de Colombia tras del estímulo harto imbécil de una medalla, una mención de honor, una carta de felicitación o un ascenso.

Tampoco sería discutible que esos crímenes tan odiosos son imputables a representantes de toda la escala militar, desde generales hasta soldados. Tampoco, que semejantes barbaridades se cometieron hasta el 29 de octubre pasado, cuando una acción fulminante del Gobierno, atribuible en su parte decisiva al ministro Juan Manuel Santos, les puso punto final.

Todas esas verdades apodícticas constan en multitud de documentos oficiales, que empiezan por la designación de los comisionados que investigaron estos hechos macabros, seguida por el informe que rindieron, el Acta de destitución de los asesinos, el discurso del presidente Uribe anunciando el descubrimiento de estas atrocidades y las múltiples declaraciones del Ministro victorioso subrayando su triunfo y la depuración consiguiente de nuestras depravadas Fuerzas Militares.

Por eso, el Presidente tiene que ir por el mundo llevando a cuestas el fardo de estos pecados inmensos, cometidos precisamente por quienes le dieron la gloria de la Seguridad Democrática. Por eso, no puede poner en duda que comanda legión de asesinos y que Colombia merece muy mal que celebren con ella Tratados de Libre Comercio y que la acojan con respeto en la lista de los pueblos civilizados del planeta.

¿Y si todo fuera mentira? ¿Si los 27 del 29 fueran mártires de inconfesables apetitos o de maniobras políticas despreciables?

Nos dimos a la tarea de averiguarlo. A favor de nuestra inquietud militaba una circunstancia asombrosa. Y ella era que pasando los meses, ya van casi ocho desde entonces, no se abría una sola investigación contra ninguno de los sacrificados.

Nos llamó luego la atención el nombramiento de aquella Comisión ad hoc. Las Fuerzas Militares cuentan con un Inspector que tiene esa tarea. Hay además un Inspector del Ejército, que con el grado de General ejercita esa competencia. Designar un Mayor General, que las tropas quieren tan poco y aprecian en menos, acompañado por un guerrillero arrepentido, por dos damas que acaso vieron combates en alguna película y por dos oficiales de graduación inferior a la mayoría de los condenados, no solo era ilegal, sino altamente sospechoso.

Era preciso esperar copia del informe, que tardaba mucho en llegar. El Ministerio de Defensa se negaba a entregarlo, mediando inclusive orden judicial, pretextando motivos de Seguridad Nacional. Mal síntoma, pensamos.

Hasta que apareció el documento. Lo tenemos en nuestras manos. Son 72 pesadas páginas de naderías adornadas con algún gráfico con el que se le quiere dar solemnidad. ¡Y vaya sorpresa! Entre tanta basura no hay una sola referencia a los hechos para los que la Comisión fue creada. No hay una sola imputación contra ninguno de los acusados. No hay constancia de un cargo que se haya trasladado, de una audiencia a las víctimas, de una explicación solicitada. Y no hay una palabra sobre Soacha, ni sobre los bandidos que salieron de esa ciudad amiga para cometer fechorías en Ocaña y fueron muertos por el Ejército.

Pero que nadie dude de los falsos positivos. Que nadie piense que el Ejército es algo mejor que una colección de truhanes armados, que asesinan inocentes para conquistar una medalla o un descanso. Quien no nos crea, que lea esas 72 páginas. Al terminarlas se preguntará con nosotros cómo es posible que con esa sarta de vaguedades, necedades y tonterías se destruyan 27 vidas excelentes, se vuelva pedazos el honor del Ejército más profesional y serio de América y se ponga este país, como lo viera alguna vez el Maestro Echandía, a la altura de los cafres.