Editorial
El Tiempo, Bogotá
Agosto 13 de 2009
La inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las problemáticas más graves que hoy aquejan a los habitantes de las capitales colombianas. Homicidios, robos, atracos callejeros y venta de drogas atentan diariamente contra la calidad de vida de millones de compatriotas. Dentro de estos preocupantes fenómenos se encuentra uno de ingrata recordación nacional y que ya se convirtió en un sello de la violencia urbana nacional: el sicariato.
Durante el año pasado y lo corrido de este, las alarmas acerca de un crecimiento de los homicidios por encargo en las grandes ciudades se han disparado. El caso de Medellín y su área metropolitana es el más preocupante. Solo en el pasado puente festivo se presentaron unas 22 muertes violentas en el valle de Aburrá; en cuestión de horas se cometieron 11 asesinatos por ajuste de cuentas en Bello y Envigado. En los primeros siete meses del 2009 la capital antioqueña reporta 1.081 homicidios, 40 más que todos los registrados durante el 2008.
Esta práctica criminal no es exclusiva de dicha metrópoli. Las autoridades, así mismo, han alertado acerca de la consolidación de 'oficinas de cobro' en Cali, cuyas vendettas han incrementado las tasas de homicidios. En Cartagena, 77 muertes violentas de las 105 ocurridas en la ciudad durante la primera mitad del 2009 se registraron bajo la siniestra modalidad del sicariato. A mediados de mayo, los alcaldes de nueve ciudades capitales -Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, Pasto, Ibagué, Pereira, Manizales y Tunja- pidieron al Gobierno central más herramientas para enfrentar la violencia por venganzas.
Hasta la capital del país, tradicionalmente ajena a este tipo de delitos, han llegado los 'encargos' de estas franquicias de asesinos. Este año,
Los factores que originan estas alarmas en las distintas capitales son los mismos. Bandas del narcotráfico y de la criminalidad organizada se enfrentan por el control de rutas, territorios y zonas de venta de droga. Por ejemplo, en Medellín, de acuerdo con
En más de una ocasión, el presidente Álvaro Uribe ha identificado las 'oficinas de cobro' como una problemática que debe solucionar la política de seguridad democrática. Aunque no hay una fórmula mágica para enfrentarlas, más dureza en el control del porte ilegal de armas, la vigilancia de los sectores críticos y presión en los sitios de venta de estupefacientes son medidas que ya se están implementando en algunas ciudades.
Así mismo, el reforzamiento de los equipos de investigación judicial y de inteligencia policial ha dado resultados en el desmantelamiento de estas organizaciones delictivas. No obstante, se necesita más. Si no se combate el crecimiento de la actividad sicarial, se corre el riesgo de regresar a los altísimos índices de violencia que azotaron las capitales colombianas a principios de los 90.
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