Aunque usted no lo crea

Editorial

El Colombiano, Medellín

Septiembre 19 de 2009

Jamás pensamos que tuviésemos que escribir un Editorial pidiéndole a la Corte Suprema de Justicia que cumpla la Constitución Nacional. Es como para Ripley, ícono del absurdo y de lo increíble. El rechazo a la terna pasada por el Presidente Uribe, para que elija al Fiscal General de la Nación, parece un boicot que puede conducir a la desestabilización total. Nos negamos a pensar que es eso lo que buscan algunos Magistrados.

Es muy grave que el pueblo perciba que en Colombia la Justicia se esté convirtiendo en una justicia espectáculo que habla primero por los medios de comunicación, sin tener el texto definitivo de sus planteamientos. Es muy grave también que el pueblo perciba que, en vez de tener una Justicia autónoma tenga una justicia que permita el manoseo político.

La Corte Suprema de Justicia, a través de su Presidente, el Magistrado Augusto Ibáñez, anunció antier jueves, ante los micrófonos de los medios de comunicación, el rechazo total de la terna enviada por el Presidente de la República para que la Corte elija al nuevo Fiscal General de la Nación, sin expresar las consideraciones legales que los Magistrados tuvieron para rechazar dicha terna.

Según informaciones fidedignas, en la reunión del jueves no se consideraron los tres candidatos a Fiscal General sino si había o no terna y, por tal motivo, hubo una votación por mayoría simple y no calificada. ¿Acaso es este el papel de la Corte Suprema? Expertos dicen que no y que, por el contrario, está obrando inconstitucionalmente.

Al hacer el anuncio ante los medios, el doctor Ibáñez anticipó que el próximo martes 22 dará a conocer las justificaciones que llevaron a la posición asumida por la Corte. ¿Por qué usó este mecanismo mediático, antes de entregar el documento al Gobierno nacional? ¿Qué razones subyacen para convertir en un show, con alta dosis de dañino suspenso, a la mejor manera de las películas de su género, una decisión tan seria y de tan hondas repercusiones en la institucionalidad de Colombia? ¿O mejor, en la desinstitucionalización nacional?

Lamentamos esta justicia espectáculo que se está dando en el país. Nos parece a todas luces inconveniente que la Corte Suprema de Justicia comunique sus trascendentales medidas a través de los medios de comunicación. Esto no puede ser así. Una Justicia justa, sin politiquería, habla por medio de sentencias, es decir, en documentos escritos, debidamente razonados, sopesados y sustentados por actas. No, bajo el influjo de la coyuntura política del momento.

Cada rama del poder público debe dedicarse a realizar lo que le corresponde según las normas constitucionales. En el caso de la elección del Fiscal General es más que claro el procedimiento: Es función exclusiva e indelegable del Presidente de la República conformar la terna. Es función exclusiva e indelegable de la Corte Suprema de Justicia elegir como Fiscal General a uno de los tres de la terna, si reúne los requisitos exigidos por la Carta Magna. En el presente caso, los candidatos cumplen estos requisitos. Una denuncia, que no una sentencia judicial, no inhabilita a un postulado. Bien se sabe el bazar de denuncias que impera en Colombia con fines desestabilizadores.

En aras de la transparencia, el Presidente Uribe acostumbra ir más allá de la Constitución y la Ley y obliga a publicar los nombres de los ternados en la página web de la Casa de Nariño, para que quien tenga alguna observación sobre las calidades de las personas postuladas, la exprese. La Corte urgió en julio que se surtieran los requisitos y se definiera la terna, porque consideraba nociva la interinidad en el segundo cargo más importante del país: la Dirección de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, han transcurrido 72 días desde que la Presidencia pasó la terna. Lo hizo, 24 días antes de que el doctor Iguarán terminara su periodo. ¿No es una incoherencia de la Corte presionar y luego dilatar? ¿Por qué lo hará? ¿Habrá razones ocultas en su actuar?

La objeción que se hace en corrillos sobre la cercanía de algunos de los candidatos por ser conocidos del Presidente Uribe, no tiene fundamento. Conocer las calidades es una garantía de que la persona es idónea para ocupar, en este caso, el cargo de Fiscal. El ser conocidos no significa que sean apéndices del Presidente, cualquiera sea el Presidente. Podríamos comparar con procedimientos de países reconocidamente demócratas.

Creemos que la Corte tiene la suprema obligación de elegir entre uno de los tres postulados. No hacerlo, es faltar a su deber constitucional. Por tanto, frente a esa manifiesta omisión, podría ser objeto de una Acción de Incumplimiento, si cualquier ciudadano acude "ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo", conforme al Artículo 87 de la Carta Magna, reglamentado por la ley 393 de 1997.

El comportamiento de la Corte Suprema de Justicia es aún más inaceptable, porque es ella la llamada a dar ejemplo en cuanto a la fidelidad a la Constitución Nacional de la República de Colombia. En esto radica uno de los fines fundamentales de su existencia.

Nos preocupa que se está jugando con la institucionalidad del país y su estabilidad. Se está jugando con fuego porque se pone en riesgo el mismo Estado de Derecho y, no nos cansaremos de repetir, se está sembrando caos que puede llevar a que Colombia deje de ser. Entonces, les estaremos negando a las niños y jóvenes de hoy y a las futuras generaciones, el país que se merecen. Jamás pensamos que tuviésemos que escribir un Editorial pidiéndole a la Corte que cumpla la Constitución Nacional. Es como para Ripley, ícono del absurdo y de lo increíble.