Por Eduardo Mackenzie
18 de septiembre de 2009
Lo que hay en este momento no es otro choque entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Estamos ante el apogeo, el clímax, de una larga ofensiva de la Corte Suprema de Justicia contra un gobierno legalmente constituido. Una ofensiva cuyo objetivo es hacer prevalecer sus atribuciones e intereses sobre los poderes ejecutivo y legislativo. Lo que trata de hacer la Corte Suprema de Justicia, a nivel jurídico, técnico y simbólico, es enorme: imponer su visión política, en materia grave, al presidente de la República de Colombia.
Si la situación es grave es porque no estamos ante una simple divergencia entre esos dos poderes. Ni ante un “nuevo pulso” entre el Ejecutivo y la Corte Suprema, como dicen algunos editorialistas. Estamos ante algo de mucha más profunda significación.
La situación real es ésta: si el presidente Álvaro Uribe se inclina ante la CSJ y retira la terna presentada y envía una nueva al magistrado Augusto Ibáñez, ello querrá decir que un bloque mayoritario de magistrados de la Corte Suprema de Justicia logró imponer nuevos criterios que no existen en la Constitución colombiana vigente. Querrá ello decir que el poder ejecutivo ha aceptado, de hecho, convertirse en un poder subordinado, inferior, respecto de la Corte Suprema de Justicia, y que las atribuciones que le confiere la Constitución nacional al presidente de la República y a la CSJ en la escogencia del Fiscal general de la nación, pueden ser discutidas, glosadas, modificadas, esquivadas y derogadas por un bloque mayoritario de magistrados de la CSJ.
Tal situación inédita de desquicio jurídico de las grandes instituciones del poder en Colombia no ha sido creada por el jefe del poder ejecutivo. Lo ha sido por un grupo mayoritario y rebelde de magistrados (contra el criterio de una minoría fuerte de magistrados de la misma Corte) que desde unos años para acá viene tratando de imponer una lectura nueva, curiosa y arbitraria, de la Constitución política de Colombia, así como de las leyes y de los principios universales de Derecho.
Pues no es cierto que la Constitución colombiana, ni las leyes, faculten a los magistrados de la CSJ para vetar las ternas enviadas a su consideración por el presidente de la República. El deber de ellos es elegir uno entre tres candidatos, sin entrar en “reflexiones profundas” sobre las “destrezas” de los candidatos, ni en consideraciones ajenas a las exigidas por la carta magna. Tampoco están facultados para juzgar sobre la idoneidad profesional y personal de los miembros de la terna, si éstos cumplen, como es el caso actual, los requisitos exigidos por los artículos 232 y 249 de la Constitución nacional.
La Constitución es taxativa y nadie puede inventarse una nueva taxatividad. La Constitución dice que el Fiscal general de la nación será elegido “por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el presidente de la República”. El artículo 249 de la CN sólo exige, en materia de idoneidad de los miembros de la terna, una cosa: que éstos “reúnan las calidades exigidas para ser magistrado de la CSJ.”
Los integrantes de la terna rechazada cumplen con creces esos requisitos, es decir los previstos por el artículo 232 de la carta magna. Es más, el bloque mayoritario que desde hace dos meses se niega a designar el nuevo Fiscal general no rechaza esto. Ni está lanzando imputación alguna contra ninguno de los candidatos. Lo que pretende el magistrado Augusto Ibáñez, presidente de la CSJ, y el grupo que lo respalda, es ir más allá de la Constitución colombiana, y agregarle, de hecho, una exigencia más a la Constitución: que los miembros de la terna sean “especialistas en derecho penal”. Eso hace pensar que una Constitución virtual, que nadie ha aprobado, guía los pasos del bloque mayoritario citado.
Tal proceder es inaceptable. La tal exigencia (y otras que son menos explícitas, pero que los medios ya han aireado) no es contemplada por ningún artículo de la Constitución colombiana. Esta es sabia al exigir que los candidatos a ese alto cargo sean colombianos de nacimiento y abogados, que no hayan sido condenados por sentencia judicial, y “haber desempeñado, durante diez años, cargos en la rama judicial o en el ministerio publico, o haber ejercido, con buena credibilidad, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente.”
La responsabilidad del presidente de la CSJ en esta crisis es evidente y total. Su empecinamiento en doblegar al jefe del Ejecutivo e imponerle la obligación de enviarle una terna de candidatos a la Fiscalía general que sea afín a los gustos personales, profesionales y políticos del bloque que respalda a Augusto Ibáñez, es decir coincidente con los designios de las corrientes políticas minoritarias que apoyan esta dudosa empresa, ha llevado a una división de esa alta institución (una brecha existe entre una mayoría de 13 magistrados contra una minoría de ocho magistrados), a la semi parálisis de la Fiscalía general y, lo que es peor, a una crisis política nacional sin precedentes.
El apoyo sin falla que Augusto Ibáñez recibe de Carlos Gaviria, la eminencia gris del Polo Democrático, muestra que la batalla no es únicamente jurídica sino que ambiciones políticas de gran calado están jugando aquí un papel central. Los lazos de Carlos Gaviria con el régimen venezolano es otro de los elementos que hacen de este asunto realmente explosivo, lo que exige de los colombianos la más alta vigilancia.
Si el gobierno elegido dos veces por los colombianos es substituido de hecho por un gobierno de los jueces, que la Constitución no contempla ni permite, tendremos que asumir conductas que partan de esa constatación, es decir del hecho de que los equilibrios estratégicos del país han sido destruidos y de que las reglas del juego que todos acatábamos han sido abolidas.
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