Conflicto de intereses

Por Juan José Perfetti Del Corral

El Colombiano, Medellín

Septiembre 18 de 2009

En estos días se han conocido las inquietudes de ciertos sectores económicos respecto a la situación de los precios de los alimentos. En particular, algunos gremios agropecuarios han expresado su preocupación por el hecho de que en la actual situación económica, que ha derivado en una baja en los precios de los alimentos, no sólo el ingreso de éstos se está viendo afectado sino que dichas bajas de precios no encuentran correspondencia con los precios al consumidor final, pues los agentes que intervienen en las cadenas de comercialización parecieran estar aprovechándose de la situación, porque mantienen altos los precios de venta y se benefician de la baja en los precios de compra de los productos. De esta forma, se agrava aún más la situación de ingresos de los productores agropecuarios, pues la oferta sectorial se enfrenta a unos consumidores que no reciben la señal de unos precios a la baja.

Como es de esperar, los gremios agropecuarios buscan que el Gobierno nacional adopte algunas medidas que hagan que los intermediarios, mayoristas y minoristas, y las cadenas de supermercados no ejerzan su poder oligopólico y dejen que los precios reflejen la real situación del mercado, al tiempo que quieren que el Gobierno adopte medidas compensatorias que eviten un daño mayor en la rentabilidad del sector.

Por su parte, un sector de los sindicatos de trabajadores ha hecho la propuesta de congelar los precios de la canasta básica de consumo de los colombianos. De esta forma se defiende el ingreso de los trabajadores.

En ambas propuestas prevalecen los intereses grupales sobre los del resto de la sociedad y, además de ser antagónicos, buscan afectar los mercados sin importar las consecuencias futuras de dichas intervenciones. Si el Gobierno hiciera caso de la solicitud de los sindicatos y decretara el congelamiento del precio de los alimentos, no sólo se afectaría el ingreso de un grupo importante de colombianos, los productores agropecuarios, entre los cuales se encuentran los grupos más pobres de la sociedad colombiana, sino que a la vuelta de unas pocas semanas el flujo de alimentos a las ciudades se vería afectado y generaría una presión sobre la medida de congelamiento, presión que encontraría su salida en la violación a dicha medida o el surgimiento de un mercado negro de alimentos. Todo ello, en vez de ayudar a quienes supuestamente deberían ser los beneficiarios de la medida, termina afectándolos. Algo parecido, pero en sentido contrario, ocurriría en el caso de que se impongan medidas compensatorias a los productores agropecuarios. Finalmente, en el país no se cuenta con medidas coercitivas eficaces que impidan que los intermediarios o comerciantes de las cadenas agropecuarias actúen en detrimento de los demás actores económicos.

En circunstancias como las que se viven actualmente en Colombia, se hacen evidentes las fallas de la política agropecuaria. Así, por ejemplo, por décadas no se le ha puesto mayor atención a la importancia que tiene la información como mecanismo para acabar, en la comercialización, con las asimetrías de poder que se presentan entre los productores agropecuarios y los intermediarios. Tampoco se ha hecho mayor cosa con la modernización de los mecanismos de comercialización. La infortunada experiencia de las centrales de abasto, donde se concentra el poder de unos pocos compradores, no ha encontrado solución en mecanismos más competitivos, como las subastas de productos, que tan buena acogida ha tenido en la ganadería, y que se aplican, de manera exitosa, en la comercialización de bienes agrícolas en otros países del mundo. Igualmente, la falta de apoyo a la modernización y a la capitalización del campo no permite sortear, desde la productividad, la actual situación de baja demanda.