Editorial
El Mundo, Medellín
Septiembre 6 de 2009
En ese momento, todos saldrán de sus encasillamientos para reconocer que las elecciones son la solución ideal.
En resumidas cuentas, la dificultad en la resolución del conflicto hondureño radica en que ninguno de los tres poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– aceptan volver a las condiciones en las que se encontraban, antes del golpe del 28 de Junio, que es lo que en esencia se propone en el Acuerdo de San José, al que las partes saludaron de dientes para afuera pero al que ambas le encuentran objeciones de fondo para ponerlo en práctica.
La propuesta presentada el 23 de julio por el Nobel de Paz y presidente de Costa Rica, Oscar Arias, establece “la integración y legítima conformación de los poderes constituidos al 28 de junio de 2009”, lo que implica el regreso de Zelaya a la Presidencia y de Micheletti a la jefatura del Congreso. Ni Micheletti ni el Congreso aceptan esa condición y tampoco la Corte Suprema de Justicia, que divulgó a fines de agosto un documento titulado ‘Opinión sobre el Documento de propuesta de Convenio de San José’, en el cual dice enfáticamente: “En relación con el retorno del ciudadano José Manuel Zelaya a la presidencia de la República, hasta la conclusión de su período gubernamental, el 27 de enero del 2010, debe tenerse en cuenta que (...) existen acciones penales presentadas por la Fiscalía General de la República y no puede eludirse que (Zelaya) tendría que someterse a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal para responder por los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones”.
Insiste la Corte en la tesis de que en Honduras ha habido “una sucesión constitucional”, en contra de la opinión internacional y de Zelaya, de que aquello fue un golpe de Estado. Nosotros hemos puesto en duda la existencia del golpe, aun cuando consideramos un grave error que en lugar de procesarlo y juzgarlo conforme a las leyes hondureñas, lo hubieran sacado a empellones del país, convirtiéndolo en la víctima de una dictadura y en un héroe de la democracia. Lo que hemos dicho es que su gobierno dejó de ser legítimo en el momento en que decidió traicionar al Partido Liberal, que lo eligió el 27 de noviembre de 2005 con el 49,9% de los votos y le entregó además unas mayorías parlamentarias, para declararse socialista e inscribir a su país como el más incondicional satélite en la órbita del Socialismo del s. XXI del coronel Chávez.
El gobierno de Micheletti ha dado un paso importante para mostrar que no está tan cerrado a una solución y es convocar a elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. La campaña está en marcha, con la promesa de que serán unas elecciones limpias y democráticas, pero la OEA, a rastras de lo que piensan Zelaya y sus socios del Alba, ha resuelto no reconocer ni los procesos, ni los resultados de las mismas. A pesar de esto, el presidente de facto ha declarado que “habrá elecciones, nos reconozca el mundo o no”.
En ese punto resulta fundamental examinar el papel que viene jugando Estados Unidos que, a nuestro juicio, va a ser definitivo, no en la implementación de un acuerdo que ya está visto que fracasó, no obstante la excelente disposición y el respeto con que el presidente Arias ha manejado las cosas, sino en la concreción de una elección Presidencial como solución definitiva.
Resulta significativo que, mientras está en retirada o al menos aplacada la pretensión del señor Chávez de convertirse en actor principal de la crisis, faroleando con invasiones y acusando al Imperio y a la CIA de estar detrás del golpe, el presidente Obama y el Departamento de Estado han ido valorizando su posición mediante la política de repartir garrote y zanahoria para un lado y otro, sin descalificar el marco de intervención de la OEA. Primero, el presidente Obama aprovechó la plataforma de la cumbre de Guadalajara, del 10 de agosto, con el presidente de Méjico Felipe Calderón y el premier canadiense Stephen Harper, para lanzar una pulla irónica a Chávez y sus socios: “Actúan en forma hipócrita los que hoy exigen a mi gobierno reinstalar en Honduras a Manuel Zelaya y ayer se quejaban del intervencionismo de EEUU en América Latina”.
El jueves, el Departamento de Estado anunció “la suspensión de una amplia gama de ayudas al gobierno de Honduras... de conformidad con la legislación estadounidense”, pero reconoció “la complicada naturaleza de las acciones que llevaron al golpe de Estado... Estos hechos implican complejas cuestiones fácticas y legales y la participación tanto de la rama legislativa como de la judicial del gobierno, así como de los militares”. Allí está claramente expresada una reserva sobre el carácter sui generis del cambio abrupto de gobierno. Después dice que “la elección presidencial está actualmente prevista para noviembre. Esa elección tiene que realizarse de forma libre, justa y transparente. Además, debe estar libre de mancha y abierta para que todos los hondureños puedan ejercer su derecho democrático. En este momento no estamos en condiciones de respaldar el resultado de las elecciones previstas”. Pero lo van a estar seguramente en un mes o mes y medio, cuando las misiones de observación de la OEA y del propio Departamento de Estado certifiquen que el gobierno de facto está cumpliendo con las garantías exigidas. En ese momento, todos saldrán de sus encasillamientos para reconocer que las elecciones son la solución ideal.
Arias, viejo zorro de la política y experto negociador ya puso una pica en Flandes: A la pregunta que le hizo el martes un periodista de Folha de Sao Paulo sobre si son válidas las elecciones del 29 de noviembre, el mediador costarricense no dejó duda de que sí lo son, como lo fueron las que se celebraron bajo el régimen de Pinochet en Chile, en 1989, que dieron paso a la democracia, y dio a entender que él mismo reconocería el resultado.
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