El coronel Plazas es víctima de un nuevo caso Dreyfus. Yo acuso a la justicia colombiana de sobornar testigos

Por Jacques Thomet

Un journalisme d’ investigation

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Traducción de Eduardo Mackenzie

29 de agosto de 2009

Carta abierta al Procurador General de Colombia

Señor Procurador General,

Una flagrante injusticia aflige al coronel Alfonso Plazas Vega. Héroe de Colombia en la lucha contra el terrorismo y contra el tráfico de drogas, el fue detenido hace dos años y sufre un martirio cada vez más infame a causa de una falsa acusación.

Yo acuso a los jueces Angela María Buitrago y María Estela Jara de haber fabricado contra él una acusación imaginaria, cuyos fines ignoro y que los tribunales colombianos deberán establecer, mediante el soborno de un testigo clave, Tirso Sáenz, un individuo condenado entre otras cosas a 102 años de prisión por homicidio, violencias y falsificación de documentos. Esas jueces utilizaron ese falso testigo para manchar la probidad del coronel Plazas en su intervención a la cabeza de sus tropas, el 6 de noviembre de 1985, destinada a liberar el palacio de Justicia de Bogotá, asaltado e incendiado por el grupo terrorista M-19. Esa guerrilla mató ese día a 55 personas, incluidos numerosos magistrados. Casi 25 años después de los hechos, y por razones aún desconocidas, se ha acusado al coronel Plazas mediante declaraciones del señor Tirso Sáenz de ser el responsable de la desaparición de once personas en esa tragedia, sin otra prueba que la declaración de ese criminal.

Yo acuso a las jueces Angela María Buitrago y María Estela Jara de haber sobornado a un testigo, y aporto la prueba de ello. La prueba está contenida en la carta dirigida por Tirso Sáenz a la juez María Estela Jara el 25 de agosto de 2009. Ese falso testigo confiesa allí haber recibido, a cambio de una declaración de él contra el coronel Plazas, la promesa de una próxima “liberación”, así como otros “beneficios jurídicos y económicos por su colaboración”, incluida “una protección” para él y su familia y la posibilidad para todos ellos de salir “del país”. La prueba definitiva de ese montaje delictuoso reside en la amenaza pronunciada por Tirso Sáenz al final de su carta. El dice que si no es transferido “antes del 29 de agosto” (de 2009) de la prisión de Combita (Boyacá) a la cárcel de La Picota, en Bogotá, cosa que había sido convenida según él con la juez desde su denuncia hace un año, el “testigo” enviará una carta al coronel Plazas “para retractarse de todo lo que ha dicho”.

Señor Procurador General de la Nación,

Yo acuso a los jueces encargados de ese expediente, y a los funcionarios del INPEC bajo sus órdenes, de adoptar, por otra parte, una conducta inaceptable, contraria al respeto de los derechos humanos, en el reciente traslado por la fuerza del coronel Plazas del Hospital Militar, donde estaba siendo atendido, a la prisión de La Picota. La tortura del coronel continuó tras el trasladado de nuevo al Hospital Militar. El INPEC filma allí todos sus actos y gestos y sus abogados tienen todas las dificultades del mundo para entrevistarlo sin el visto bueno de esos funcionarios de prisiones, quienes de nuevo están violando los derechos humanos.

Usted no ignora, señor Procurador General de la Nación, el caso Dreyfus que escandalizó a Francia durante doce años, de 1894 a 1906. El capitán Dreyfus del ejército francés había sido acusado de traicionar a su patria en beneficio de Alemania. La acusación descansaba sobre documentos que resultaron ser falsos. Degradado y enviado a la prisión de Cayena, el capitán Dreyfus tuvo que esperar 12 años antes de ser rehabilitado.

Le corresponde a usted señor Procurador impedir que la tragedia del coronel Plazas, iniciada hace dos años, se prolongue también mucho tiempo. El coronel Plazas ha permanecido y permanecerá en la memoria de los colombianos por su acción patriótica contra el M-19 ese triste día de noviembre de 1985. Ante la prensa, y antes de poner fin a la toma del Palacio de Justicia, él había declarado: “Aquí estamos, maestro, defendiendo a la democracia”. Yo conocí personalmente al coronel Plazas durante mi estancia en Bogotá, cuando dirigía el cubrimiento de la Agencia France Presse en Colombia, Venezuela, Ecuador y el Caribe. El coronel Plazas estaba en esa época a la cabeza de la lucha contra el tráfico de drogas. Gracias a la acción del coronel, el Estado colombiano recuperó miles de millones de dólares con el decomiso de los bienes que estaban en manos de traficantes de cocaína. Recuerdo esa mina de oro a cielo abierto ante un lago dominado por una residencia lujosa, donde las actrices de televisión o las reinas de belleza de la época no dudaban en servir de incentivo a los reyes de la cocaína. El coronel Plazas tomó más tarde ese territorio donde había sido abolido el derecho y lo devolvió a las autoridades. Yo estuve allí. Nadie ignora en Colombia el combate contra la droga de ese hombre justo que no bebe ni fuma.

Esta iniquidad contra el coronel Plazas Vega es redoblada por una justicia no imparcial que amnistió a los jefes del M-19, autores de crímenes, atentados y secuestros. Esa gente está ahora ocupando algunos escaños en el Congreso colombiano o están de gobernadores. Le envío a usted esta petición, señor Procurador, y no al Presidente de la República, en virtud de la separación de los poderes que hace de Colombia un ejemplo en materia de Derecho en la América Latina.

Respetuosamente,

Jacques Thomet

Periodista francés, ex redactor en jefe de la Agencia France Presse y antiguo director de la AFP en Colombia (1999-2004).