Justicia cuestionable

Por Jorge Enrrique Pava Quiceno

El País, Cali

Septiembre 18 de 2009

No sabe uno qué pensar acerca de la justicia colombiana cuando las decisiones de los jueces no parecen guardar ecuanimidad, lógica, severidad ni rectitud. A diario vemos cómo las calles de nuestras ciudades se atiborran de delincuentes reconocidos que, cuando se les captura, son dejados inmediatamente en libertad o sólo pagan unas condenas nimias que les permite seguir delinquiendo con tranquilidad y con la seguridad de que su “negocio” no será interferido, ni intervenido, ni reprimido.

Eso de que a un delincuente que es pillado en flagrancia se le encuentre un prontuario de decenas de entradas a la cárcel por los mismos delitos, no tiene razón de ser. Y menos la tiene si inmediatamente se le reconocen unos supuestos derechos que le son negados al ciudadano del común que sí le teme a la “justicia”, y contra quien se ensañan para ponerlo como ejemplo de la rigurosidad del aparato judicial. Por eso vemos entonces unas cárceles llenas de inocentes o de presos condenados a altísimas penas por delitos menores, cuando en las calles deambulan tranquilos aquellos criminales que saben cómo atemorizar a jueces y fiscales o cómo llegar hasta sus debilidades para conseguir la impunidad.

Pero el colmo de esta debilidad judicial ha quedado en evidencia en algunos casos recientes: el del futbolista Javier Flórez, quien compró su libertad por 150 millones de pesos, después de asesinar con premeditación a un hombre que cometió el “execrable delito” de reclamarle por su mala actuación en un partido. O el caso de Ramiro Balbuena, estafeta de las Farc, quien fue capturado con las últimas pruebas de supervivencia de soldados y policías secuestrados por estos terroristas, y dejado en libertad inmediatamente por supuestos errores de procedimiento en su captura. O el despropósito en la condena a cuatro años de prisión sin beneficio de excarcelación que sufrió el hombre que hace unos meses manoseó el trasero de una dama. ¿Guardarán proporción estos hechos con las condenas?

Cómo no desconfiar de la justicia entonces, si la gravedad de los delitos ya no depende de lo estipulado en los códigos, sino de quien los juzgue o quien los cometa, o de su situación económica, y las condenas pueden ser canjeadas por algunos pesos, o la libertad comprada como en una subasta cualquiera. En este orden de ideas no sería de extrañar que empecemos a ver jueces enriquecidos de la noche a la mañana, mientras coincidencialmente salen libres los mayores criminales que manejan inmensas fortunas; o condenas aún mayores que las del manoseador de traseros por hechos que bien podrían merecer sólo una reconvención.

Pero volviendo al caso del estafeta de las Farc, no puede ser aceptable que al miembro de un grupo de delincuentes, terroristas y asesinos, se le concedan beneficios inéditos cuando ellos son los mayores violadores de los derechos humanos, y la propia evidencia incautada demuestra la forma como irrespetan los mínimos derechos fundamentales de ciudadanos colombianos cuyo único delito es haberle prestado un servicio a la Patria. ¿Qué podrán pensar los familiares de los secuestrados por las Farc al ver que nuestra justicia les garantiza derechos cuestionables a los secuestradores, mientras las víctimas se pudren en la selva? ¿Cómo confiar en una justicia que les garantiza o les acomoda los derechos a los criminales, mientras miles de inocentes carentes de recursos económicos o extorsivos padecen crueles e inapelables condenas?

Estos precedentes que sientan los jueces que irresponsablemente subastan la justicia colombiana, pueden ser fatales para la convivencia ciudadana. Y así nos piden que denunciemos, que acudamos a las autoridades cuando seamos testigos de un delito, o que colaboremos con los órganos de justicia, como si esta fuera de fiar. ¿Quién se atreverá a instaurar una denuncia en contra del criminal capturado en flagrancia, si al otro día estará en las calles cobrando venganza por nuestra delación? ¿Para qué acudir a la justicia colombiana si los fallos parecen no ser en derecho sino sujetos a la permeabilidad, debilidad o mediocridad del juez? ¿Dónde quedan nuestras leyes penales si se aplican discriminadamente y bajo unos parámetros total y aberrantemente subjetivos?

Y ante estos hechos de los jueces que han fallado con la mayor lenidad en casos gravísimos, las Altas Cortes y los colegas judiciales guardan un silencio cómplice que acrecienta la inestabilidad de nuestros códigos constitucionales de convivencia. Y no se sabe si es por temor, por guardar las espaldas a sus colegas o porque estamos llegando a un extremo de impunidad desvergonzado, pero lo cierto es que algunos de los llamados a aplicar la justicia colombiana cada vez pierden más credibilidad y merecen más criticas. Es decir, cada día son más cuestionables y merecen el repudio y el castigo que la misma ley contempla en estos casos. ¿Pero quién impondrá esos castigos en este mar de impunidad, complicidad, connivencia y corrupción?

* * *

¡Y llegamos por fin al Cable Aéreo! Es grandioso para Manizales que se haya podido concluir una obra de esta magnitud, a pesar de la oposición de quienes siempre quieren interponer palos en la rueda de nuestro progreso. ¿Qué dirán ahora aquellos que pelearon a brazo partido para que esta obra no se hiciera? ¿Y qué pensarán nuestros vecinos de Villamaría cuando tuvieron la oportunidad de estar también ad portas de utilizar este medio de transporte desde su municipio, pero que las intrigas gubernamentales y la manipulación que se dio en el proceso inicial se los impidió? ¡Ojalá Villamaría esté muy pronto conectada a este sistema de transporte y se logre beneficiar de sus oportunidades, hoy que ya existe la voluntad del Gobierno Departamental y del propio municipio para llevar a acabo la obra!