La tentación totalitaria

Editorial

El País, cali

Septiembre 09 de 2009

Demandas, amenazas, clausuras y calificativos de “terroristas”, intentos de crear leyes para legalizar la mordaza, constreñimiento mediante el uso de grupos para estatales o de aparatos judiciales para amedrentar periodistas y propietarios de medios de comunicación, son algunas de las prácticas que crecen como bola de nieve en varios países de nuestra América Latina.

La forma de presionar al periodismo ha cambiado, sin que ello signifique que la violencia, el asesinato y el delito en todas sus formas hayan sido abandonados por las organizaciones criminales y las mafias de la corrupción, interesadas en ocultar la huella que dejan sus andanzas antisociales. Ahora las consecuencias pueden ser peores, cuando los cambios en la política ocasionan el resurgimiento de regímenes populistas o totalitarios, que se amparan en la voluntad popular para silenciar a quienes denuncian sus abusos.

Ese es el oscuro panorama que parece abalanzarse sobre la libertad de expresión, de información y crítica, en la región. En Venezuela es el régimen chavista que judicializa a los periodistas y los medios que no son afectos a él. Y son los grupos de choque leales al Gobierno, o las mismas autoridades policiales, las organizaciones que tratan de liquidar la información que no coincide con los dictados oficiales. Hace dos años fue Radio Caracas Televisión. Después, el turno les correspondió a 32 emisoras descalificadas por su independencia. Ahora es el canal Globovisión, acosado por investigaciones administrativas y fiscales, por multas y acusaciones penales del alto gobierno, procesadas con velocidad admirable en los despachos judiciales.

Cuando los países llegan a permitir que los gobiernos puedan calificar como terroristas a los medios, sin que la Justicia ponga freno a esos excesos verbales, cualquier cosa puede suceder. Es lo que acontece en Venezuela o en Honduras, lo que empieza a aparecer en Ecuador y lo que hace rato sucede en Bolivia. En todos los casos, los afanes de acallar las voces disidentes y la aparente legitimidad que generan los a veces enormes respaldos populares en las urnas, son interpretados por los gobernantes como la potestad de hacer lo que quieran. Por eso amenazan con leyes cuyo supuesto interés en defender la verdad sirve de mascarón para imponer el pensamiento único y lograr el silencio cómplice.

Más allá de las normas, la práctica ha demostrado que el periodismo libre, crítico e inquisidor de las conductas que le hacen daño a la sociedad, está en la esencia misma de la democracia. Y no son los códigos hechos para callar y la coerción, los factores que evitan los abusos y las desinformaciones nacidas de intereses distintos a la verdad.

Así como la libertad de expresión no puede ser usada como licencia para lesionar la honra y desvirtuar los hechos, tampoco es aceptable que el triunfo electoral y el control absoluto de un Estado terminen decidiendo lo que se puede o no informar, cuándo existe el delito de opinión y de qué manera puede silenciarse su capacidad de denuncia. Esa es la tentación totalitaria que Latinoamérica debe rechazar.