Las pruebas incautadas

Editorial

El Mundo, Medellín

Septiembre 8 de 2009

Una vez más queda de manifiesto ante el país y el mundo el papel cojitranco – por decir lo menos – de la senadora Piedad Córdoba.

El lunes, 31 de agosto, la senadora Piedad Córdoba entregó a parientes de 9 de los 24 militares y policías secuestrados por las Farc, pruebas de vida convenientemente editadas y maquilladas por instrucción de los criminales, con la pretensión de que su impacto no se tradujera en mayor descrédito para quienes, violando todas las normas del Derecho Internacional Humanitario, retienen a esos colombianos desde hace 10 y 11 años en condiciones sólo comparables a las de los judíos bajo el régimen nazi. Ese mismo día, la depositaria de los videos aseguró que estaban en camino las pruebas de los demás secuestrados del llamado “intercambio humanitario”, pero se curó en salud ante los angustiados y decepcionados familiares que no obtuvieron ese día las de sus parientes, diciendo que “no creía que llegaran en ocho días porque eso no es nada fácil, pero creo que van a llegar muy rápido”.

Pues, para su decepción y la de sus corresponsales en el monte, las pruebas llegaron más temprano de lo que prometía la senadora Córdoba, porque el Ejército las incautó el sábado pasado, tras un exitoso operativo de inteligencia que dio con la captura, entre Villavicencio y Bogotá, del estafeta del frente 44 de las Farc, Ramiro Valbuena Ospina, en cuyo poder se encontraron los videos correspondientes a cuatro miembros del Ejército y seis de la Policía Nacional, secuestrados en noviembre de 1988 y en julio de 1999. Nos congratulamos con los valientes uniformados, con sus familiares y también con sus comandantes y compañeros en el Ejército y la Policía, que hacía por lo menos seis años no tenían noticia cierta de su condición mental y física.

En una decisión que aplaudimos, el Gobierno y el Comando Superior de las Fuerzas Armadas sólo esperaron cumplir los trámites de rigor ante la Fiscalía y el juez de garantías –en lo relativo a la captura del portador– para dar a conocer esas pruebas de supervivencia, tal como las incautaron, en primer lugar, a sus familiares, por un elemental principio de humanidad y de respeto por su dolor, y después a los medios de comunicación para su divulgación a todo el mundo. El General Freddy Padilla de León, comandante de las FFMM, dijo que todo indica que los videos iban dirigidos a mandos de las Farc en Bogotá, que los revisarían y editarían, para su posterior divulgación a través de la senadora Córdoba. La primera brutal evidencia de que los entregados por ésta última hace ocho días fueron editados y maquillados es que allí aparecían el general Luis Herlindo Mendieta y los otros ochos oficiales y suboficiales, en mangas de camisa y sin las cadenas y candados que pesan sobre los cuellos de los diez servidores de la patria que aparecen en los videos incautados por el Ejército. ¡Qué mejor prueba ante el mundo de la crueldad de sus carceleros y la degradación a que ha llegado la narcoguerrilla de las Farc, cuyos comandantes acaban de recibir un contundente golpe a su pretensión de seguir utilizando a esos colombianos como “moneda de cambio”!

Se les acabó ese “tesoro escondido” de las llamadas “pruebas de supervivencia”, que por cierto tenían embargadas desde hace cinco meses y a la espera de una buena oportunidad para soltarlas a ‘cuenta gotas’, según se desprende de la fecha en que fueron grabadas, tanto las de ahora como las que se conocieron hace una semana, que es el 12 de abril de este año. La incautación pone fin al show mediático de las Farc y sus socios, y pone en manos de la justicia unos documentos que, por el hecho de no haber sido editados ni modificados después de su grabación, constituyen valiosa prueba contra Cano y compañía como perpetradores de un crimen de lesa humanidad, como es el del secuestro, en condiciones, además, excepcionalmente crueles y degradantes.

En ese sentido, se trata de documentos de un valor inmenso para la etapa en que está la batalla del gobierno contra la línea dura de esa narcoguerrilla, que ya no es tanto en el frente militar propiamente dicho, como en el frente jurídico internacional. A esas pruebas se suman las incautadas en noviembre del 2007 por el Ejército y el CTI de la Fiscalía, cuando fueron capturados en Bogotá tres miembros del frente 1 de las Farc con 5 discos compactos, una memoria USB y fotografías y cartas de los plagiados, entre ellos Ingrid Betancourt y varios de los que luego fueron liberados mediante la Operación Jaque, para la cual seguramente fue muy valiosa la información allí contenida.

Una vez más queda de manifiesto ante el país y el mundo el papel cojitranco – por decir lo menos – de la senadora Piedad Córdoba, quien en este momento tiene trato directo y prácticamente un contrato de representación exclusiva con el comandante Cano. Un papel en la penumbra, que el gobierno ha tolerado unas veces, en otras lo ha autorizado como una mediación supuestamente necesaria a favor de la libertad de los plagiados, y en otras ha tenido que rechazar con motivos más que suficientes hasta dónde puede llegar la tolerancia con una persona que en público es la representante de un grupo de delincuentes, secuestradores y terroristas, como los tienen clasificados la Unión Europea y el Departamento de Estado. Como pedía hace un año el analista de El País, de España, Moisés Naím, los colombianos debemos exigir la liberación de todos los secuestrados, sin condición alguna, porque es algo que las Farc saben hacer y pueden hacer si quieren – lo hace todos los días a cambio de cuantiosos rescates – ¡ahora mismo, sin circo y sin payasos!