No hubo funeral sino nacimiento

Por Jorge Arango Mejía

El Mundo, Medellìn

Septiembre 12 de 2009

Como estaba previsto, las invitaciones al entierro del proyecto de ley que convoca el referendo para reformar la Constitución y hacer posible la segunda reelección del presidente Uribe, se quedaron impresas porque no hubo funeral sino nacimiento en medio del júbilo de los amigos del gobierno. Ahora han salido otros constitucionalistas de nuevo cuño a predecir que la Corte Constitucional declarará inexequible la ley. Como lo he dicho, no comparto esa opinión: sostengo que declarará su conformidad con la Constitución, a menos que salgan a la luz hechos hasta hoy completamente desconocidos. Veamos.

Como lo he repetido, y como lo ha definido la Corte en varias oportunidades, el Congreso sí podía modificar el texto del proyecto, sin cambiar su sustancia. Lo que hizo, innecesariamente, fue una aclaración. Siempre fue evidente que quienes firmaron querían manifestar su aspiración a que el presidente siguiera en su cargo, que no se retirara al terminar el segundo mandato. Pero un inexplicable temor de los promotores de la iniciativa, los llevó a pensar que la Corte podría desconocer la realidad y fallar en el sentido de que solamente podría ser candidato en 2014.

De otra parte, nada impide que el trámite en la Corte se acelere. El procurador puede emitir su concepto en pocos días, porque nada lo obliga a tomarse todo el término. Y el sustanciador puede presentar su ponencia también con anticipación.

Con todo respeto por las opiniones contrarias, pienso que esto sería lo que debería hacerse, para disipar las dudas que entorpecen la campaña, que no permiten que comience en serio.

Por ejemplo, no es políticamente aceptable la conducta de los que dicen que serán candidatos solamente si Uribe no lo es. No, si alguien aspira a gobernar a Colombia, hay que presumir que tiene un programa propio para someterlo al examen de los ciudadanos. Y que es autónomo, que no depende de lo que otro diga o haga.

Tampoco hay que esperar que la investigación ilícita, contraria al artículo 185 de la Constitución, que adelanta la Corte Suprema de Justicia en virtud de la denuncia presentada por un representante a la Cámara contra 86 colegas suyos, prospere. Tarde o temprano la Corte Constitucional ratificará la inviolabilidad parlamentaria, elemento esencial del régimen democrático. Ese proceso absurdo está, por fortuna, condenado al fracaso.

Se ha empezado a hablar de la modificación del censo electoral. Por necesaria que sea, ésta sería inoportuna, contraria a la limpieza de la controversia política. Además, es inaceptable tomar como base el número de quienes votaron en las últimas elecciones y sumarle el de las nuevas cédulas expedidas desde entonces. ¿Por qué eliminar a quienes se abstuvieron? ¿Por qué el no haber votado los privaría, en la práctica, de la ciudadanía? Conseguir que en el referendo participen más de siete millones de electores, no es tarea imposible, sobre todo si se tiene en cuenta que gobernadores y alcaldes serán jefes de debate.

Todo este episodio no favorece los intereses de la nación. Hemos retrocedido porque con el pretexto de recurrir al “constituyente primario” se ha vuelto una costumbre mala y perjudicial reformar la Constitución para satisfacer las ambiciones o los caprichos del gobernante. Es cierto que en l957, para restablecer el Estado de Derecho que había desaparecido durante las dictaduras, se dio al pueblo la oportunidad de reformar la Constitución. Pero Alberto Lleras y los demás inspiradores de esas normas, tuvieron cuidado al disponer que en adelante las reformas solamente se harían en la forma prevista en el artículo 218, vale decir, por el Congreso. Así se impedía la manipulación del pueblo, maleable por naturaleza. Lamentablemente, los reformadores de 1991 no aprendieron esa sabia lección.