Pelea de poderes

Editorial

La Patria, Manizales

Septiembre 12 de 2009

No es sano para el país la creación de más tribunales responsables de investigar a los congresistas, sin embargo resulta justificable el pedido de que exista para ellos una segunda instancia, como en la justicia ordinaria, cuando no hay garantías de imparcialidad de la Corte.

Otra dura pelea de poderes públicos se registra en Colombia por cuenta de la decisión del Partido de la U de presentar un proyecto de acto legislativo para crear un tribunal especial, distinto a la Corte Suprema de Justicia, que se encargue de juzgar tanto a congresistas como a magistrados de las altas cortes.

La iniciativa, que alteró el ambiente político nacional, surge como contrapeso o retaliación frente al hecho de que el máximo organismo judicial del país haya determinado, de manera arbitraria a nuestro juicio, retomar los casos de los ex congresistas que en su momento renunciaron a su fuero para que los investigara la Fiscalía.

Lo actuado por la Corte acrecienta las profundas diferencias que tienen el poder judicial con algunos congresistas y con el ejecutivo debido al manejo que se les ha dado a procesos de los legisladores acusados de tener vínculos con grupos de autodefensas, en lo que se conoce como parapolítica.

Frente al polémico asunto hay que hacer obligatorias precisiones. Primero, no compartimos la creación de más tribunales, distintos a los que existen, responsables de la investigación de actuaciones de representantes y senadores, pues ya está ordenado por la ley que esa es tarea exclusiva de la Corte Suprema.

Segundo, frente al evidente hecho de falta de imparcialidad de la Corte en el manejo de algunos de los procesos de parapolítica, que no por ello pretendemos desconocer se registraron y como tal hay que investigarlos y si hay méritos proferir las condenas necesarias, resulta justificable el pedido o reclamo de que exista una segunda instancia, como en la justicia ordinaria, para que quien sienta o crea que en el primer fallo o decisión única se le vulneraron derechos pueda apelar y su caso sea revisado por otro protagonista judicial, trátese del Consejo de Estado, Corte Constitucional o Consejo Superior de la Judicatura.

En ese sentido más que un nuevo tribunal o cambiar la esencia de la Constitución para que a los congresistas los juzgue un poder distinto al judicial u otro alterno, valdría la pena, previo diálogo y concertación con los máximos representantes de los distintos poderes públicos (judicial, legislativo y ejecutivo), discutir la conveniencia o no de establecer una segunda instancia.

Insistimos, a nuestro juicio una segunda revisión de los fallos contra los congresistas es necesaria hoy pues no son confiables algunas providencias, menos cuando en no pocas actuaciones e incluso en manifestaciones públicas magistrados de la más alta de las cortes, sin despojarse de sus investiduras, han dejado ver su descontento político por alguna decisión o preferencia del gobierno nacional y de quien lo encarna, el Presidente de la República.

Aunque parece que el Partido de la U está decidido a reconsiderar dicha idea debido a su inconveniencia por el desgaste político y en imagen internacional que puede generar no sólo para esa colectividad sino para el gobierno y para el país, se necesita mucho juicio, diálogo y sindéresis para que lo que se vaya a hacer ayude a superar este mal momento antes que a empeorarlo.

Nadie puede desconocer el enorme daño que políticos corruptos y amigos del paramilitarismo, de la guerrilla y del narcotráfico le han hecho a la institucionalidad y a la democracia nacional tras sus peligrosas alianzas, al punto de que el legislativo actual es el de menos legitimidad en la historia del país. Por eso el llamado, para que esto se esclarezca y paguen los responsables, es que la Corte y la Fiscalía, de acuerdo con la competencia que tienen, les den rápido trámite a los procesos (los recientes y los más viejos), se den los fallos y se acabe de una vez con la incertidumbre jurídica y política que hoy se vive.