Referendo a la Corte

Editorial

El Heraldo, Barranquilla

Septiembre 3 de 2009

La Corte Constitucional tiene ahora una de las más grandes responsabilidades de su historia frente a la revisión de la convocatoria al referendo reeleccionista que aprobó el Congreso. El país pone en ella toda su confianza.

Lo que muchos políticos y precandidatos presidenciales no creían y por lo que incluso apostaban en su contra, debido a que estaban agotados los plazos de su discusión en el Congreso, pasó finalmente una de sus tantas pruebas obligadas. La conciliación del referendo reeleccionista en la Cámara de Representantes fue aprobada antenoche en medio de las habituales acusaciones por compra de votos.

Sin que signifique conformarse con la imposición de un hecho irregular, razón por la cual a esa votación le caben todas las investigaciones del caso a partir de las denuncias que se hagan, hay que aceptar que la iniciativa de convocatoria al pueblo para votar si está o no de acuerdo con que el presidente Álvaro Uribe se presente para una segunda reelección en los comicios del 2010 ya surtió su efecto en el legislativo.

Ahora la responsabilidad la tiene la Corte Constitucional a donde deberá llegar el Referendo, sancionado por el Presidente, para que allí se analice si en el accidentado trámite que tuvo en el Senado y en la Cámara no se presentaron vicios de inconstitucionalidad que invaliden la iniciativa.

Por fortuna existe esta instancia en la cual los colombianos tenemos una amplia confianza pues sus integrantes, más allá de simpatías o antipatías políticas o personales con el presidente Uribe, tienen que centrarse en el cumplimento de preceptos establecidos en la Constitución, con lo que sabrán valorar los distintos episodios que se sortearon en virtud de la polémica intención de los millones de colombianos que dieron su firma.

Naturalmente los ojos del país político, económico y social van a estar puestos en la alta corporación que tendrá tres meses para valorar el contenido de la ley de referendo. Allí le esperan duras pruebas al texto debido a las dudas que hay por el financiamiento del proceso de consecución de las firmas, por las recusaciones contra los congresistas que lo votaron, a las demandas de inconstitucionalidad por querer cambiar la Carta Magna del país y a la forma como se votó en las comisiones y en las plenarias de las dos corporaciones del Congreso.

Tampoco podemos olvidar que hay otros escollos no menos importantes que pueden incidir en la suerte final de la convocatoria al Referendo, como son la carencia de recursos en el presupuesto nacional para realizarlo, la aplicación de la ley de garantías y la depuración del censo electoral. Y como si lo anterior fuera poco está quizás la más difícil de todas las pruebas que es, en el evento de dársele el visto bueno a la ley, la votación de los colombianos.

No es fácil pues el camino que queda y por eso sólo basta pedirles a quienes tienen la responsabilidad de decidir sobre su legalidad que lo hagan con toda la responsabilidad que demanda un asunto de estas características. Tenemos que lamentar sí que este proyecto haya polarizado tanto al país, que haya hecho mella en la estructura de varios de los partidos políticos, y que de los que en una u otra dirección actuaron cayeran en procedimientos innobles y sucios para logar su cometido a favor o en contra.

Quedará, después de lo que suceda con la Corte, una ley que será aplicable no sólo al presidente Uribe, sino a quien llegue algún día a sucederlo en el cargo, bueno o malo. Por otra parte, hay que esperar que definido el asunto en el Congreso se dediquen a legislar con juicio en todas las iniciativas que requiere el país para avanzar en su desarrollo y que estaban represadas por cuenta del Referendo.