Por Saúl Hernández Bolivar
El Mundo, Medellín
Agosto 10 de 2009
Por estos días se ha desatado una nueva polémica en torno del significado del llamado ‘Estado de Opinión’, concepto que el Presidente Uribe viene mencionando cada vez con más frecuencia y en el que la oposición cree ver el peligro de una violación o suplantación del Estado de Derecho.
En contraste, otros creen que se trata simplemente de un estadio superior de la democracia, en el que se amplía el espacio de debate y decisión de las políticas públicas, dándole a la democracia representativa un carácter más participativo y directo.
Si bien hay quienes consideran que esto es un regreso al pasado –al tipo de democracia ateniense–, otros piensan que es un rasgo propio de los tiempos modernos, pues a medida que aumenta el nivel educativo de la gente y la penetración de los avances tecnológicos en todos los estratos sociales, aumenta también la aptitud de las personas para intervenir en la gestión pública de maneras que trascienden la mera participación en las elecciones.
Piénsese que, hace apenas una década, los medios de comunicación difícilmente abrían sus espacios a ciudadanos de a pie, y eso con una muy definida modulación del contenido. En cualquier estación de televisión, por ejemplo, se rechazaba el material de video grabado en formatos no profesionales, lo que constituía un prejuicio insólito que no reprobaba el fondo sino la forma. En cambio, hoy en día se admiten registros fílmicos de baja resolución –grabados con teléfonos celulares o cámaras de seguridad– por considerarse documentos de interés público de alto valor testimonial. También son comunes los informes realizados por televidentes.
A esta tendencia no escapa ningún medio.
Diversas tecnologías, articuladas en internet, han empoderado al ciudadano a tal punto que cualquier persona puede llegar a tener más lectores a través de un blog que un columnista tradicional en un diario reconocido; las noticias de último minuto circulan primero por sitios como Twitter; un video puede tener más difusión en Youtube que en la televisión; y una convocatoria como la del 4 de febrero de 2008 –la del ¡No más Farc!– sólo es posible a través de algo como Facebook. Y todo esto está al alcance del ciudadano común.
El llamado Cuarto Poder ya no volverá a ser como antes. No sólo porque internet le está dando partida de defunción al impreso sino porque los dueños de los medios ya no tienen el control. La democratización de los medios y la información es un hecho ya incuestionable que irremediablemente va a vulnerar las esferas del poder pero no necesariamente al Estado de Derecho. En vez de revolución, la opinión convoca a la coherencia, a que los políticos y la gente sigan el mismo camino y se eliminen las distorsiones que distancian al Estado y los súbditos. Porque, hasta hoy, cuando se habla de ‘consensos políticos’, se hace referencia a la conformidad o a los acuerdos de los pocos que manejan los hilos del poder y no de las mayorías. A la gente no le preguntan. Y lo que está ocurriendo con los medios y la información es un abrebocas de lo que ocurrirá en el ámbito político.
Es recurrente que los gobernantes impongan medidas contra las que se habían manifestado en la campaña electoral y que incumplan las promesas más básicas, desdeñando el consenso mayoritario. Más de fondo subyace la pretensión de las minorías de mantener el status quo del que se benefician, apelando muchas veces a la defensa de la ‘tradición jurídica’ como si se tratara de un valor inamovible que produce bienestar general.
Si bien las mayorías no ilustradas podrían propender por la satisfacción de sus sentimientos elementales, como prohibir los impuestos o triplicar el salario mínimo, llegará el momento en que la democracia directa se implante plenamente y deje de ser necesaria le delegación del poder en intermediarios que no representan a nadie más que a sí mismos y convierten el Estado de Derecho en un vergonzoso feudo de bolsillo.
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