Chávez y "el delito mediático"

Editorial

El Mundo, Medellín

Agosto 1 de 2009

Ya todo lo que en alguna forma lesione esa figura emblemática del señor Chávez se convierte en un crimen de lesa patria.

El coronel presidente Chávez ordenó hace poco a la Asamblea Nacional, donde, como se sabe, los pocos diputados de oposición no cuentan para nada, que antes de que termine la legislatura debía aprobar un conjunto de leyes “revolucionarias” y derogar las “contrarrevolucionarias” que impiden que el socialismo del siglo XXI avance. “¡Leyes revolucionarias, inexorables – las llamó –, para terminar de demoler las viejas estructuras del Estado burgués y crear las nuevas estructuras del Estado del proletariado, bolivariano”.

No resulta extraño que el primer paquete de tales “leyes” esté encaminado a convertir la censura de prensa, que existe prácticamente desde que se instaló en el poder, en una cada vez más asfixiante mordaza sobre periodistas, propietarios de medios de comunicación, columnistas y, en fin, todo aquel que haga uso del derecho de información y opinión para disentir de su gobierno o incluso para informar sobre realidades políticas, económicas y sociales que al régimen no le interesa que se conozcan.

Primero fue la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado miércoles 15 de julio, mediante la cual se pretende dar un ropaje de legalidad a procedimientos tan arbitrarios como la revocatoria de las concesiones de 285 emisoras de radio y televisión, anunciadas el 3 de julio por Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas en su curioso rol simultáneo de presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, y que incluía sanciones como el decomiso de sus equipos de transmisión y la prohibición de operar durante cinco años. Actualmente cursa ante la Asamblea Nacional un proyecto llamado “Nueva Ley de Periodismo” que, entre otras “novedades”, elimina el “secreto de la fuente”, es decir, el derecho que tienen los periodistas en toda democracia que se respete, a reservarse el nombre de la fuente que le suministra una información. En más de 50 códigos de ética periodística que existen en el mundo, se encuentra la expresa referencia al sigilo o secreto profesional como un elemento indispensable para el ejercicio de la libertad de prensa, entre otras razones porque no hay otra manera de garantizarle al público el acceso a ciertas informaciones.

Y para cerrar ese círculo calamitoso sobre la libertad de expresión y de prensa, la Fiscalía General, otra institución de bolsillo del régimen, acaba de presentar el proyecto de Ley Especial de Delitos Mediáticos. La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz – recuerda El País, de España – durante un programa de radio, el 3 de julio pasado, se había jurado a sí misma y había jurado a la audiencia que redactaría un proyecto “para sancionar a aquellas emisoras, televisiones, diarios y páginas web que con sus informaciones generaran zozobra y pánico entre los ciudadanos”. El “nuevo tipo penal” que se inventa doña Luisa está definido así en el proyecto: Delitos mediáticos son “las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social”.

En consecuencia, según el proyecto, “los periodistas, locutores, conferenciantes, productores nacionales independientes, artistas o cualquiera otra persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación impreso, televisivo o de cualquier otra naturaleza” que, “a juicio del Estado”, cometan cualquiera de las acciones u omisiones referidas, “incurrirán en penas de entre 6 meses y cuatro años de prisión”. Resulta preocupante que se diga que es “a juicio del Estado”, cuando todo el mundo sabe que allí el poder judicial deja muchas dudas de su independencia frente al Ejecutivo y que quienes sean acusados de los supuestos “delitos” sí van a ser juzgados con arreglo al debido proceso. Pero más grave aun es que, como lo que se busca es amordazar a la prensa crítica e independiente, sea el Gobierno el que se arrogue la potestad – por aquello de que “L’état c’est moi”, como proclamaba Luis XIV y a su manera lo ha hecho el coronel Chávez – de interpretar, motivar y concluir que, por ejemplo, a la luz del artículo 5 del proyecto, un medio de comunicación incurrió en “divulgación de noticias falsas” que ocasionaron “una gran alteración a la tranquilidad pública” o que produjeron “un perjuicio a los intereses del Estado”, por lo que el responsable sería castigado con entre dos y cuatro años de prisión. Y qué tal eso de que el mismo castigo está reservado para los que “manipulen” o “tergiversen” una noticia, “generando una falsa percepción de los hechos o creando una matriz de opinión en la sociedad”. Detrás de ese último galimatías está la queja reciente de Chávez de que si no fuera por la supuesta tergiversación de la información en su contra, su Gobierno tendría más del 80% de aprobación. Al jefe le hizo coro la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, quien en un foro sobre el auge de la criminalidad en Venezuela aseguró que, en realidad, lo que había aumentado allí no era la delincuencia y el crimen sino “la sensación de inseguridad promovida por los medios de comunicación”.

Poco a poco se va conformando allá una simbiosis entre la persona, los intereses y los designios del señor Chávez con el Estado venezolano. Ya todo lo que en alguna forma lesione esa figura emblemática se convierte en un crimen de lesa patria. Es decir, la confusión total del Estado con la persona, o el culto a la personalidad que es típico de las dictaduras