Por Mg (r) Henry Medina Uribe
El Colombiano, Medellín
Agosto 7 de 2009
La Asociación que aglutina al cuerpo de generales y almirantes en retiro de las Fuerzas Militares ha publicado un documento denominado " La justicia injusta " en el cual manifiesta su inmensa preocupación por lo que viene ocurriendo en los procesos contra personal militar, acciones que generan aprensión y desconfianza hacia la Fiscalía General de la Nación. Su contenido es una queja por comportamientos irregulares de algunas instancias de la Fiscalía en procesos judiciales contra personal militar, donde se desconocen bases específicas del derecho procesal para inducir a sentencias condenatorias, cuando el sindicado es un militar no culpable del delito del cual se le inculpa.
La lectura y análisis del documento lleva a recomendar la reflexión, la investigación a fondo y, si fuese del caso, la acción correctiva inmediata, por el riesgo que para la buena salud del Estado representa cualquier fisura grave entre dos instituciones críticas en la vida nacional.
Situación delicada cuando se afirma que la Fiscalía, en el caso de los militares, únicamente está investigando lo desfavorable del acusado. O peor, si una entidad de tanta respetabilidad conceptúa que la administración de justicia no está contribuyendo a forjar perspectivas de paz.
Se critica la creación de las comisiones de ejecuciones extrajudiciales creadas para investigar exclusivamente a personal militar, las cuales el informe califica de parcializadas y de llevar a convertir las bajas en combate en simples homicidios. Advierte que los militares están convencidos de que algunos fiscales obran con animadversión manifiesta, tomando partido por ideologías o intereses ajenos.
Rechaza el protocolo firmado el 14 de junio del 2006, denominado "Apoyo a la Justicia Penal Militar" y firmado por el Fiscal General y el Ministro de Defensa, pues, según el documento, se rompe con los principios de legalidad y de juez natural, deslegitima las operaciones militares y la justicia penal militar. De ser así, ello incidiría negativamente en el ánimo de los militares y, por ende, en el resultado de las operaciones contra los agentes de violencia.
Cuestiona también el documento la Unidad de perfiles criminales de la Fiscalía, encargada de instruir los sumarios contra miembros de la institución castrense, señalando que no parte de la presunción de buena fe, tanto así que toma a la capacitación profesional y a la experiencia en combate como una tendencia homicida y un agravante o indicio grave en el análisis de los hechos donde hay un militar inculpado. Igualmente, argumenta que se aceptan testigos y testimonios falsos y se desconoce el fuero carcelario a los militares.
Para los autores del documento es claro que el desconocimiento del Derecho Internacional de los Conflictos Armados (Dica) y otros factores induce a pensar que por medio de lo que han denominado "la justicia injusta" se pretende obstruir la acción legítima del Estado contra las organizaciones armadas al margen de la ley.
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