Por Diego Arria *
Poder 360
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29 de julio de 2009
El retiro de un Embajador representa un expresión de inconformidad por algún hecho o actuación de otro país. No es un rompimiento de las relaciones diplomáticas, pero sin duda representa su paso previo. En el caso de Venezuela – Colombia se origina con el propósito de distraer la opinión pública de un hecho que podría acarrear responsabilidades criminales para el Estado Venezolano si es comprobado. La denuncia gobierno colombiano, corroborada por la empresa fabricante Saab Bofors Dynamics, y por el propio gobierno de Suecia, establece que los lanzacohetes encontrados en posesión de la organización narco terrorista de las Farc habían sido vendidas a las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela en 1988.
Los lanzacohetes suecos AT-4 registrados a nombre de Venezuela -encontrados en manos de la FARC- son iguales a los utilizados por los militares golpistas encabezados por el hoy jefe de Estado venezolano que el 4 de febrero de 1992 atacaron la residencia presidencial de La Casona. Al no poder responder satisfactoriamente ni al gobierno de Suecia ni al gobierno colombiano por esta grave acusación, el gobierno venezolano optó por la decisión de retirar el cuerpo diplomático en el vecino país, que hasta ahora no ha extendido retirando también al Embajador de Venezuela en Estocolmo. La situación se agrava porque el retiro de la representación diplomática de Venezuela en Bogotá fue ordenada públicamente con instrucciones precisas por el propio del jefe de Estado. Su declaración de dejar en Bogotá solamente a un solo funcionario del mas bajo nivel diplomático expresa claramente su intención no mantener relaciones con Colombia.
Por otra parte, las instrucciones del Estado venezolano al “ordenar sustituir las compras a Colombia” van mas allá del retiro del personal diplomático. Implica casi una agresión económica que al estar acompañada de la amenaza de "expropiar las empresas colombianas" ante cualquier motivo que pueda molestarle, constituye una situación preocupante. El presidente Hugo Chávez se refirió específicamente a aquellas "empresas colombianas distribuidoras de alimentos", como si estas empresas comercializaran productos venezolanos, lo cual no es para nada el caso. De hecho Venezuela le debe cerca de $250 millones de dólares a los exportadores colombianos. Las fronteras no han sido cerradas aún, debido a que mientras Venezuela no logre diversificar su fuente de suministros de Colombia –lo cual no para nada sencillo- no podría arriesgarse a crear situaciones de desabastecimiento nacional. La posición de Hugo Chávez implica un endurecimiento progresivo que probablemente escale rápidamente a un rompimiento de relaciones acompañado de una acción de movilización militar a la frontera, como lo anunció en el pasado, bajo el argumento de estar preparándose para defenderse de una Colombia asociada a las “fuerzas imperialistas de los Estados Unidos”.
De esta manera, los gobiernos del Presidente Pastrana al igual que el del Presidente Uribe vienen siendo victimas de un chantaje comercial por parte del régimen venezolano. De hecho a pesar de que estos gobiernos vienen diciendo que tienen pruebas “reinas” suficientemente contundentes para acusar al gobierno venezolano de cooperación activa con la organización de las Farc, han decidido simplemente amenazar con estas pruebas, comprometiendo de manera significativa su propia seguridad e impidiendo que la comunidad internacional asuma una posición más activa en esta material. Esto ya que los intereses comerciales de Colombia con Venezuela representan cerca de $5 mil millones de dólares anuales. Es fácil presumir que la amenaza de Venezuela de cortar el comercio con Colombia aspira a doblegar nuevamente al gobierno del presidente Uribe para que no presente las pruebas del origen de los lanzacohetes suecos , al igual que lo hizo con la información contenida en las computadoras de Reyes, donde se mencionaba el armamento ofrecido por Venezuela a esa guerrilla, la cual incluía cohetes antitanques. (Según el computador de Reyes, el guerrillero Iván Márquez menciona que el 3 de enero de 2007 se reunió con los generales venezolanos Clíver Alcalá y Hugo Carvajal -los dos oficiales más cercanos al Presidente Chavez- “quienes me ofrecieron armamento…” que describió en detalle).
Si Bogotá no cede al chantaje comercial venezolano, eso dará para que el próximo paso sea romper formalmente las relaciones diplomáticas. Esa sería la única manera de no dar explicaciones a Colombia por el tema de los lanzacohetes, aunque sí tendrá que darlas al gobierno de Suecia y hasta a la Unión Europea que tiene a las Farc en su lista de organizaciones terroristas. Ellos no pasarán por alto un acto irresponsable y criminal como el que ha originado esta situación.
* Diego Arria es diplomático venezolano y ex Embajador ante la ONU.
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