Por Eduardo Mackenzie
Blog Debate Nacional
París, Junio 11 de 2009
El Espectador no es un diario uribista. Todo lo contrario. Sin embargo, el informe que publicó el 9 de junio de 2009, intitulado “Los movimientos financieros de los magistrados”, muestra el grado de independencia de ese matutino. Fernando Londoño Hoyos es un ex ministro de Justicia y del Interior del gobierno de Álvaro Uribe. Abogado, escritor y periodista, Londoño es el analista más agudo y valiente de Colombia. Sus comentarios en La Hora de la Verdad, en Radio Súper, de Bogotá[i], son escuchados por millones de personas. Sus editoriales del 9 y 10 de junio pasado y el citado artículo de El Espectador, encarnan, cada uno por su lado, desde horizontes diferentes, el honor del periodismo colombiano.
Esos excelentes trabajos lograron por primera vez poner en orden los elementos del rompecabezas judicial colombiano, un asunto especialmente turbio. A pesar de las enormes presiones que ejercen altos magistrados de la Corte Suprema de Justicia sobre los media, esas contribuciones mostraron la oportunidad, importancia y legitimidad de las investigaciones adelantadas por la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), adscrita al ministerio de Hacienda.
Lo que revelan los informes de la UIAF es desolador: cuatro altos magistrados están involucrados en transacciones millonarias con obscuros empresarios, como Asencio Reyes Serrano, y con un mafioso italiano, Giorgio Sale,amigo del jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Sin hablar de otro asunto curioso que allí aparece: Yesid Ramírez Bastidas, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, recibió dineros, por la vía de una operación bancaria, de Fernando Morales, un fiscal de Neiva.
Los graves hechos que la UIAF presentó a la Fiscalía en dos informes, en mayo y septiembre de 2008, han sido corroborados, además, por otros organismos de control, como el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
La investigación de la UIAF no fue desatada contra los magistrados. Comenzó tras la captura de Giorgio Sale en diciembre de 2006. Así fue como esa unidad descubrió que el presidente en ese entonces de la Corte Suprema de Justicia, Yesid Ramírez Bastidas, y el empresario Asensio Reyes Serrano tenían vínculos entre sí y con Giorgio Sale y que Reyes Serrano había tenido negocios con José María Ortiz Pinilla, un extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico.
Eso no es todo. La UIAF se enteró además de que José Alfredo Escobar Araújo, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, había recibido dineros del señor Reyes Serrano. La esposa de Escobar Araújo, Ana Margarita Fernández, renunció al cargo de secretaria general de la Procuraduría Nacional al comprobársele que había recibido regalos de Giorgio Sale.
La UIAF y el DAS descubrieron, por otra parte, un movimiento inverso de dineros, entre dos magistrados y Asencio Reyes Serrano. En efecto, el magistrado Escobar Araújo y Rafael Ostau de Lafont, actual presidente del Consejo de Estado, habían entregado más de 27 millones de pesos a Reyes Serrano.
Nadie ignora la historia de los viajes y comilonas en Neiva, Sincelejo, Barranquilla y Santa Marta pagadas por Asencio Reyes Serrano a Yesid Ramírez y a otros magistrados y las fiestas organizadas por Reyes Serrano en las Residencias Tequendama de Bogotá, donde estuvieron presentes varios magistrados. La UIAF descubrió, igualmente, trazas de unos negocios no muy claros de Carlos Isaac Nader, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, con Asencio Reyes y con Giorgio Sale.
Todo eso es gravísimo. Sin embargo, la Fiscalía se ha dormido. O como dice la agencia Colprensa, no ha querido “tomar decisiones” contra Asensio Reyes. ¿Por qué?
Lo nuevo es que ahora, otro alto magistrado, que no está involucrado en esos escándalos de dinero y de vínculos ocultos con un mafioso notorio, salta a la palestra y trata de desprestigiar y destruir la labor cumplida por la UIAF, el CTI y el DAS. Augusto Ibáñez, nuevo presidente de la CSJ, calificó, en efecto, de “columna de humo” las conclusiones de la UIAF, reveladas en estos días, con cuentagotas, por la prensa. Y como el mal ejemplo cunde rápidamente, los cuatro magistrados objeto del informe, se lanzaron a la aventura de tratar de erigirse, por arte de magia (pues no hay ley que autorice eso), en procuradores de la UIAF y de sus informes.
La situación es grotesca: los magistrados objeto de la investigación son los mismos que proclaman ante los media que esa investigación es “ilegal” y algunos les creen. Ello es absurdo. En Derecho nadie puede ser juez y parte. Cuando la parte se hace juez la justicia es abolida.
Esa es la impresión que queda, sin remedio, cuando se leen, por ejemplo, las deplorables tesis del magistrado Rafael Ostau de Lafont, quien afirma que la investigación de la UIAF “desacredita a la rama judicial”, y que ella fue hecha “sin autorización”. ¡Lo que desacredita a la rama judicial es la cantidad de movimientos sospechosos que esos magistrados han realizado!
¿La UIAF debía haberse abstenido de hacer esas investigaciones? No. Si no las hubieran hecho habría violado sus obligaciones. La UIAF no es un ente cualquiera. Ella hace parte de un organismo internacional muy legítimo destinado a luchar contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La UIAF tiene unos métodos y una deontología conocidos, que aquí no han sido violados. Tratar de desprestigiar a la UIAF y a sus directivos es inadmisible y daña la imagen de Colombia en el exterior. Hacer eso es, además, muy peligroso en un país como Colombia donde los desafíos del narcoterrorismo son inmensos. Es muy mal síntoma que ese intento desestabilizador de la UIAF venga, entre otros, de un alto magistrado, como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien debería ser el primer protector de esa unidad especializada.
El magistrado Ibáñez va muy lejos cuando dice que el informe de la UIAF equivale a una “absolución absoluta” de los magistrados en cuestión. Tal salida es increíble e ilógica. ¿No dice el acaso que ese informe es “irregular”? ¿Cómo un documento “irregular” puede absolver a alguien?
¿La UIAF debió interrumpir sus indagaciones cuando vio que en los negocios del mafioso Giorgio Sale había pistas que conducían hacia algunos magistrados? Claro que no. ¿Por que el Fiscal General, Mario Iguarán, no declaró ilegal esa investigación cuando recibió copia de la misma en mayo y septiembre de 2008? ¿Por qué no la pasó inmediatamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes?
En Francia, las investigaciones de TRACFIN, el equivalente francés de la UIAF, son intocables. En diciembre de 2008, el parlamentario Julien Dray, importante jefe del Partido Socialista, fue indagado de la noche a la mañana pues esa unidad había observado movimientos de dinero sospechosos entre él y una Ong francesa. El 10 de junio de 2009, cuatro colaboradores de Dray fueron detenidos e interrogados durante 36 horas por los mismos hechos. Los locales de la asociación de Dray, SOS Racisme, fueron allanados por la policía judicial y los computadores fueron decomisados. Ningún diputado levantó la voz para declarar “ilegal” esa investigación.
En Colombia, por el contrario, se trata de vulnerar esa unidad y de bloquear las fases ulteriores de esa investigación. Con el pretexto de que la investigación era supuestamente “irregular” la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, quien debería estudiar el caso de esos magistrados, dice que no lo hará. El embrollo es pues total. Aunque esa Comisión quisiera investigar a los cuatro magistrados, como es su deber constitucional, no tendría como hacerlo. ¿Sobre qué base? ¿Podría utilizar la información recogida por la UIAF, considerada por los interesados como “ilegal”?
Una justicia que torpedea las investigaciones y que exige al investigador pedirle permiso al investigado para investigarlo es una justicia de opereta.
Si ese estilo se impone, si los creadores de ese estado de cosas logran consolidar su dictadura, llegará el día en que el presidente de la CSJ declare ‘ilegal” tal acción de cualquier organismo del Estado contra el narcoterrorismo, porque tal acción no fue “ni autorizada ni pedida” por la Corte.
La lógica que se desprende de esos esfuerzos es que el poder judicial es una autocracia intocable y en lucha contra los otros poderes públicos y que todo intento de buscar la verdad sobre las actuaciones indelicadas o ilegales de los magistrados constituye un desafío a ese poder usurpador.
Este escándalo estalla en momentos en que otros actores de la sociedad colombiana, como militares, policías, parlamentarios y ministros del gobierno de Álvaro Uribe, son objeto de acusaciones, detenciones y procesos, en donde muchos principios y normas de Derecho son violados por los fiscales.
Estamos ante una sucesión de casos de doble moral: por un lado, detenciones basadas en falsos testimonios, instrucciones defectuosas donde las pruebas de descargo son mal evaluadas o simplemente rechazadas y, del otro lado, un espíritu de bloque que pretende impedir que actuaciones irregulares de magistrados sean investigadas y sancionadas. Fernando Londoño reveló que los registros electrónicos de las entradas de Giorgio Sale a la CSJ fueron borrados.
No es todo. Las investigaciones sobre la complicidad real o figurada de congresistas y diputados con las bandas de paramilitares se extienden y prolongan ad infinitum monopolizando, o casi, la acción de la CSJ y de la Fiscalía. Al mismo tiempo, las investigaciones sobre la complicidad real o figurada de congresistas y diputados con las FARC y el ELN, siguen en el limbo pues la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, donde trabaja el magistrado Yesid Ramírez, no está interesada por ese asunto.
No es la única extraña coincidencia: semanas antes de que se destapara el escándalo de la UIAF, el DAS, un organismo importante de inteligencia, que depende del poder ejecutivo, fue el objeto, por parte de líderes de la oposición, de una confusa campaña de acusaciones en medio de la cual algunos aprovecharon para pedir el desmantelamiento de ese organismo. Otros solicitaron la renuncia del presidente Uribe. El magistrado Augusto Ibáñez, por su parte, se sumó a los clamores y le exigió brutalmente al jefe de Estado colombiano que se explicara por las actuaciones del DAS. No obtuvo lo que quería, pero es evidente que esa operación de desestabilización apunta muy lejos: ahora se sabe que las pruebas reunidas por la UIAF habían sido recolectadas por el DAS. Augusto Ibáñez es visto ahora, sobre todo por los sectores uribistas, como alguien que utiliza su alto cargo para hacer política. El odio que algunos le profesar al presidente Uribe en esas altas esferas los está llevando a hacer locuras.
{i] http://www.lahoradelaverdad.com.co/
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