El sentido común del Upac

Por Súl Hernández Bolivar

El Tiempo,Bogotá

Junio 9 de 2009

Urge subsanar el abusivo desfase entre lo que se presta y lo que se cobra.

En medio de la parálisis de la Política (con mayúscula) que nos afecta hace meses, donde sólo se habla de reelección y los opositores no tienen propuestas distintas a torpedear el referendo y llamar a la abstención, pasó prácticamente desapercibido el décimo aniversario del aparente final de una tragedia nacional, un verdadero terremoto que empezó a temblar por allá en 1992 y aún sigue dejando familias sin vivienda, el cataclismo del Upac (hoy llamado UVR).

Es provechoso para todos que los bancos sean sólidos y cada trimestre reporten billones en ganancias, pero si su poder es tan fuerte como para que los políticos hagan mutis por el foro y los medios denuncien sus atropellos con bastante timidez es perentorio que alguien le ponga el cascabel al gato. Se han convertido en un nefasto oligopolio y hay que oír las justificaciones de Asobancaria ante la más nimia observación.

Por eso, es inexplicable que políticos de toda laya -como Hernán Andrade o Rodrigo Lara- tengan que recurrir a préstamos de dudoso origen cuando han guardado un silencio cómplice con el sector bancario. Ya es hora de que dirigentes respetables y economistas reputados señalen cuál es el número de veces aceptable que puede cobrarse un préstamo, no desde un punto de vista 'moral' y demagógico, sino desde el punto de vista legal, pues parece que el Upac estuviera blindado contra el delito de usura, que establece un límite al que se supedita cualquier crédito, a excepción del hipotecario.

Hace dos semanas, el presidente de E.U., Barack Obama, promulgó una ley catalogada como "histórica", para proteger a los deudores de tarjetas de crédito que tienen grandes deudas por el abuso de los bancos. Obama dijo que se trataba de "reformas de sentido común diseñadas para proteger a los consumidores", pero subrayó que su gobierno no "excusa ni condona a quienes han actuado de forma irresponsable" y que la gente "tiene que vivir dentro de sus medios y pagar lo que debe".

Aplicando esos criterios aquí, es de sentido común reclamar un arreglo definitivo para acabar con esas aberraciones que hemos visto con los créditos hipotecarios; el típico caso de un crédito de 2 pesos para comprar una vivienda de 3 en el que, diez años después, se han pagado 6, se deben 10, el inmueble vale 7, las cuotas mensuales son hasta del triple de lo que vale el alquiler de una propiedad similar y el banco termina rematándola en 5 pesos. Todo eso carece de lógica. Pero la idea no es exacerbar la irresponsabilidad y la desfachatez entre los deudores, ni perdonarle la deuda a Raimundo y todo el mundo, sino subsanar el abusivo desfase entre lo que se presta y lo que se cobra.

Eso apunta, necesariamente, al imperativo de atar los créditos hipotecarios a la inflación, como se hizo con gran éxito hasta 1992, y no al DTF, cosa que los bancos manipulan como les da la gana.
El Emisor ha bajado las tasas en 5 por ciento en el último semestre y eso todavía no se refleja en los préstamos o tasas de colocación. Además, hay una serie de criterios sanos que deben tenerse en cuenta: que se trate de la vivienda familiar, cosa que se les respeta hasta a los narcos en la extinción de dominio de sus propiedades; que el alivio sea gradual hasta el estrato 3 o 4; que el núcleo familiar tenga ingresos inferiores a 4 salarios mínimos, criterio que el Gobierno tiene en cuenta para los subsidios de vivienda, etc.

No sé por qué los bancos -un gremio respetable- insisten en parecerse a esos vulgares agiotistas del sistema 'gota a gota', y a cosas peores. No les hago el juego a esos correos irresponsables que recomiendan sacar todos los ahorros y cesar el pago de las deudas, dizque para que se quiebren, pero es que ellos insisten en sus abusos. Portafolio acaba de informar que aumentaron hasta en un 100 por ciento el costo de muchos de sus servicios. De esto no opinan los candidatos; a lo mejor, les regalaron una licuadora o un DVD.