Editorial
La Patria, Manizales
Junio 14 de 2009
La Corte parece no actuar con la misma diligencia contra los congresistas con vínculos con los paramilitares y aquellos relacionados con los grupos guerrilleros.
La Procuraduría General de la Nación levantó una polvareda el pasado miércoles al revelar que esa entidad adelanta, desde octubre pasado, una investigación preliminar contra varios congresistas por sus presuntas relaciones con el grupo terrorista de las Farc.
Alejandro Ordónez reconoció que el despacho a su cargo con base en información que contenían los computadores que se decomisaron luego del operativo del 1 de marzo de 2008 en el que cayó abatido el segundo hombre en importancia de las Farc, alias 'Raúl Reyes', recopila datos testimoniales y otro material para saber si amerita abrir procesos contra los senadores Jorge Enrique Robledo y Gloria Inés Ramírez, del Polo Democrático, y Piedad Córdoba, del Partido Liberal, además del representante a la Cámara Wilson Borja, del Polo.
Se trata de un nuevo capítulo en el complejo historial de supuestos nexos de congresistas con grupos armados ilegales, pero que hasta antes de este pronunciamiento del Ministerio Público sólo se había concentrado alrededor de la parapolítica, asunto en el que la Corte Suprema de Justicia, juez natural en las investigaciones contra legisladores, ha recorrido un gran camino logrando la condena de unos e investigando a otros, por lo que mantiene pendientes decenas de procesos.
La decisión de la Procuraduría, criticada de manera airada por la oposición política que encarna el Polo Democrático, el cual argumenta que se trata de un montaje y una conspiración desde el Gobierno Nacional, deja entrever que sí hay elementos para iniciar investigaciones por la supuesta relación de legisladores con el grupo guerrillero, lo que pone en entredicho el papel de la Corte Suprema que con pruebas similares a partir de las cuales ha enredado a congresistas por sus supuestos nexos con los 'paras' no muestra decisiones para abrir procesos o cerrarlos en esta otra sindicación.
Y es que no es un secreto que mientras hay congresistas y ex congresistas investigados y hasta encarcelados porque aparecieron en una fotografía acompañados de algún ex combatiente paramilitar, a senadores como Piedad Córdoba, que está demostrado que se reunió de manera clandestina en las selvas del país en varias ocasiones con miembros del secretariado de las Farc, no les han abierto ningún proceso.
Desde esa perspectiva la Corte deja ver cierto sesgo e inquina contra el gobierno pues la mayoría de los procesados por este delito hacen parte o lo fueron de la coalición que respalda al presidente Álvaro Uribe, mientras no se ha procedido con la misma diligencia contra quienes, de manera altruista o no en favor de un diálogo por la paz, se relacionaron con el grupo guerrillero.
Además, hay que decirlo claramente de nuevo, la Corte Suprema está obligada a darle agilidad al trámite de las investigaciones que sigue por la supuesta parapolítica pues no se justifica que senadores o representantes, sindicados o señalados de supuesta colaboración con autodefensas, lleven un año y hasta dos encarcelados y aún no se les defina su situación.
Por eso ahora que legisladores del Polo Democrático son señalados por la Procuraduría no se entiende que salgan a criticar al titular del Ministerio Público porque los persigue, mientras sí puede el mismo organismo y la Corte Suprema hacerlo contra otros congresistas en el caso de la parapolítica.
Hay que lamentar, como lo hemos hecho en ocasiones pasadas cuando los afectados han sido congresistas caldenses, que en el proceso del Ministerio Público figure un dirigente político de la tierra, el senador Jorge Enrique Robledo. Creemos en su limpia trayectoria política y que no debe estar salpicado por acciones indebidas, por eso si siempre ha manifestado su creencia en la actitud limpia de la Corte, debe confiar en la de la Procuraduría.
Infortunadamente al Polo en Caldas le cayeron dos males esta semana que acaba de pasar pues a lo del senador del MOIR se le suma la culpabilidad del ex diputado Félix Antonio Hernández Alcalde y del ex candidato a la Alcaldía de Supía, Arney Antonio Tapasco Reyes, en relaciones con las Farc. Ojalá fueran asuntos que se pudieran aclarar.
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