Por Rafael Nieto Loaiza
El País, Cali
Junio 14 de 2009
La constituyente barajaría y repartiría de nuevo, de manera que la nueva Constitución consagraría una arquitectura institucional adecuada a la posibilidad de tres períodos consecutivos. En otras palabras, la constituyente, si bien abriría las puertas a una segunda reelección, adecuaría los términos, mandatos y sistemas de elección de las otras ramas del Poder Público de manera que se acotara el poder presidencial y se limitara su capacidad de influir en la designación de sus funcionarios.
El Gobierno, además, tendría un argumento adicional: a principios de este mandato la idea de la constituyente fue promovida por connotados dirigentes de la oposición. Si entonces la impulsaban, ¿con qué razones podrían oponerse ahora?
Pues bien, quizá esté saltando la liebre. Esta semana Roy Barreras, ahora congresista del Partido de
Sin embargo, el silencio gubernamental no deja de preocupar. Es verdad que el Presidente anduvo en Norteamérica en esos días y tal vez ni siquiera se enteró de la propuesta. Pero el Ministro de Interior sí estaba presente, tenía a su cargo las funciones presidenciales y estos asuntos son los de su competencia. Y no ha dicho esta boca es mía.
Alguien dirá que me contradigo y que mal puedo criticar la idea una constituyente si estoy convencido de que es el único mecanismo para conseguir el equilibrio de los poderes frente a la eventualidad de una nueva rerreelección.
Pues ocurre que la constituyente produce más miedos que certezas. Es una caja de Pandora de la que pueden surgir más males que bienes. Como bien recordó William Calderón en estos días, la del 53 se le voltió a Laureano Gómez, declaró la vacancia presidencial y validó el golpe de estado. La del 57 pretendió la reelección del dictador. Y la del 91, que nació con funciones acotadas y específicas, se autodeclaró competente para lo divino y lo humano.
La verdad es que nadie puede garantizar que la constituyente sí cree una carta política equilibrada y verdaderamente democrática. También podría recorrer los caminos de Chávez y de Evo y llevarnos al despeñadero. En el entratanto la incertidumbre política y la inseguridad jurídica generarían daños inmensos.
Mejor haría el Gobierno en aclarar que no está en semejante despropósito y los parlamentarios gobiernistas en dejar el culillo y votar con dignidad la conciliación pendiente.
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