La liberación de Moncayo

Editorial

El Mundo, Medellín

Junio 6 de 2009

Es una pena que el doctor Samper esté utilizando el caso Moncayo para exteriorizar sus antipatías con el Presidente y su aproximación al equipo de la senadora Córdoba.

El Tribunal Superior de Bogotá, en una decisión que aplaudimos por su claridad en la defensa de la institucionalidad colombiana, negó al profesor Gustavo Moncayo la tutela que había interpuesto el pasado 18 de mayo contra el Presidente de la República por la presunta violación de los derechos constitucionales fundamentales a la vida y la igualdad de su hijo, el cabo del Ejército Pablo Emilio Moncayo, secuestrado por las Farc desde el 21 de diciembre de 1997.

Alegaba el demandante que por “las trabas que ha puesto el presidente Álvaro Uribe” no ha sido posible la liberación del suboficial, anunciada unilateralmente por las Farc el pasado 16 de abril. La principal traba habría sido la negativa del Gobierno a que en la liberación estuvieran presentes él y la senadora Piedad Córdoba, una condición aparentemente inamovible de la guerrilla, y en cambio, “(el presidente Uribe) no aceptó nuestra intervención e indicó que solamente autorizaba a la Iglesia Católica y al Comité Internacional de la Cruz Roja a efectos de las gestiones pertinentes, impidiendo así la liberación de mi hijo”. En la acción de tutela el profesor Moncayo sostenía que esta situación constituía “una vulneración a los derechos fundamentales a la vida y a la igualdad de su hijo, ya que en liberaciones como las de Alan Jara y Sigifredo López sí se autorizó sin reparo la presencia de la senadora Córdoba”.

El Tribunal Superior de Bogotá consideró improcedente la acción de tutela porque quien está violando los derechos fundamentales del cabo Pablo Emilio Moncayo no es el presidente Uribe sino el grupo criminal que lo secuestró hace más de once años y lo ha mantenido, junto a otros militares y policías, en campos de concentración en plena selva y en las condiciones más miserables. Primero las Farc lo utilizaron, junto a sus demás compañeros de armas y los políticos secuestrados, como “moneda de cambio” por guerrilleros presos, y en el último mes y medio lo viene utilizando como pieza publicitaria – ampliamente valorizada por el exagerado despliegue mediático que ha tenido la caminata del profesor Moncayo – para lavar su imagen ante una comunidad internacional que los tiene claramente catalogados como terroristas y secuestradores sin entrañas.

Para nosotros es claro que si no fuera por el carácter de prenda publicitaria que le dan las Farc al cabo Moncayo, probablemente ni siquiera lo habrían escogido como la ficha siguiente en su juego perverso de “liberaciones a cuenta gotas”, porque si de liberarlo se tratara, como un gesto de buena voluntad, bastaría con que lo entregaran a la Cruz Roja Internacional o a la Iglesia Católica, como les ha ofrecido el Gobierno, garantizando de paso la suspensión de operativos militares en la zona de su liberación. Aun más, si lo sueltan en cualquier lugar de Colombia, por sus propios medios o con ayuda del primer compatriota que se encuentre, el cabo Moncayo podría estar en brazos de su padre antes de que éste concluya su anunciada nueva marcha de presión sobre el Gobierno.

Para el Tribunal Superior de Bogotá el Primer Mandatario “no está obligado a aceptar exigencias del grupo armado para lograr un acuerdo humanitario a efectos de la liberación de los secuestrados”. Es evidente que otro de los objetivos de las Farc con esta liberación es poner al gobierno contra las cuerdas con el tema del ‘canje de prisioneros’, ganar la condición de ‘fuerza beligerante’ y recuperar imagen internacional y fuerzas después de los rudos golpes que les ha propinado el Ejército.

En el alegato de tutela el señor Moncayo pedía que “el presidente habilite (convoque) una reunión en el término de 48 horas con la senadora Piedad Córdoba, con los delegados de la Cruz Roja Internacional y con el mismo padre del retenido”, habida cuenta de que, con su negativa a autorizar la intervención de Córdoba se estaba violando el derecho a la igualdad del secuestrado, porque sí se había autorizado en otros casos. El TSB fue categórico: “Se trata de una manifestación de la facultad exclusiva del Presidente de la República como Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa en materia de orden público”. Además, “las decisiones gubernamentales, sin ser discriminatorias, pueden ser diferentes y no por ello se vulnera el derecho a la igualdad que se predica”.

Es una pena que el doctor Ernesto Samper esté utilizando el caso Moncayo para exteriorizar sus antipatías con el Presidente y su aproximación al equipo de la senadora Piedad Córdoba, quien parece estar más en la línea de las Farc que en la de cualquiera otra línea política en Colombia. Ayer, desde Madrid, España, el ex presidente acusó nuevamente al presidente Uribe de “torpedear” la liberación de Moncayo y de “politizar” el tema. Defendió la participación de la senadora porque “no es política, sino humanitaria”, simplismo que ni él mismo cree porque todo lo que ha hecho en su vida pública la doctora Piedad, incluida la mediación por la liberación de secuestrados, ha sido eminentemente político. Ahora está ondeando la bandera política de la extrema izquierda y dentro de esa extrema izquierda hay una línea que es de tolerancia y de colaboración con el mantenimiento del prestigio de los últimos reductos de la guerrilla.

Reafirmamos nuestra solidaridad con el cabo Moncayo y su familia, pero, definitivamente, la institucionalidad colombiana no se puede derrumbar para darle gusto al profesor ‘caminante’ y a sus poderosos padrinos.