Por Andrés Fernández Acosta
El Tiempo, Bogotá
Junio 11 de 2009
El problema de tierras de las comunidades afrocolombianas del Chocó no apareció en este Gobierno; al contrario, es de vieja data, al cual precisamente el gobierno actual ha tratado de encontrar una solución apropiada.
Una vez entrada en vigencia
Mediante resolución 2424 de 2007, el Incoder estableció que el área del Consejo Comunitario del río Curvaradó es de
La resolución 2159 de 2007 del Incoder estableció que el área del Consejo Comunitario del río Jiguamiandó es de
Los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y del Interior y Justicia lograron la recuperación administrativa y jurídica que permitió recuperar legalmente
Para la recuperación material, sin ser responsabilidad del Ejecutivo, este Ministerio apoyó y acompañó a la comunidad en la instauración de dos acciones de tutela. La primera fue interpuesta en el mes de enero del año en curso ante el Tribunal Administrativo de Quibdó y se está a la espera de esta decisión judicial y otra presentada por el Ministerio del Interior como garante de los derechos de las comunidades negras y que se falló en contra, al considerar el juez que no se acreditó que los beneficiarios fueran comunidades negras.
La recuperación material de tierras no es una tarea del Gobierno. Dicha responsabilidad recae sobre las instancias judiciales. Sin embargo, este Ministerio sigue acompañando las acciones de la comunidad.
De acuerdo con el levantamiento topográfico, se determinó que el área cultivada en el título colectivo de Curvaradó es de
Fue precisamente este Ministerio quien solicitó la revocatoria de los registros que ostentaban particulares, quienes, valiéndose de figuras jurídicas existentes o mediante la adulteración de documentos, lograron que se titularan a su nombre los territorios de los consejos comunales de Curvaradó y Jiguamiandó. Sin esta acción, las tierras hubieran quedado en manos de particulares.
En febrero del 2009, el grupo de acompañamiento dispuesto por este Ministerio logró la devolución de
Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura dispuso recursos para cofinanciar el programa de Fortalecimiento del Desarrollo Tecnológico y Transferencia de Tecnología de Cultivos o especies priorizadas en Territorios Colectivos.
Es importante señalar que las empresas operadoras y comercializadoras son seleccionadas de forma concertada con la comunidad, sin que en ningún caso se haya apoyado directamente a ninguna empresa particular, como las bananeras o palmeras, asentadas durante décadas en la región.
Este Ministerio seguirá acompañando el proceso de Curvaradó y Jiguamiandó, para lograr los beneficios sociales, económicos y ambientales para las comunidades que habitan en la región.
Esperamos con esta información haber aclarado las afirmaciones imprecisas y recomendamos a la doctora Claudia López informarse mejor de las responsabilidades de los diferentes entes estatales que hacen parte en este proceso de hacer respetar los derechos de los afrocolombianos.
* Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
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