Asilo "nica" a otro terrorista

Editorial

El Mundo, Medellín

Junio 11 de 2009

Hacemos votos porque el gobierno del presidente García logre una salida que retorne la paz a la hermana nación.

Como tenía que ser, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA celebrada el martes, el Gobierno peruano defendió la actuación de la fuerza pública en la región amazónica para recobrar el orden y la seguridad ciudadana, gravemente alterados desde abril por violentas protestas indígenas encabezadas por Alberto Pizango. Este ciudadano, quien fungía como presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), después de los enfrentamientos del viernes pasado en la ciudad de Dagua, que dejaron más de 30 muertos, entre ellos 24 policías, tomó las de Villadiego para evitar ser capturado, pues la Fiscalía le elevó cargos por rebelión, sedición, asonada y ataque a la autoridad; el lunes apareció en la sede de la embajada nicaragüense en Lima y, como era de esperarse por los antecedentes conocidos, el gobierno del comandante Daniel Ortega le concedió el ‘asilo político’.

Alegando “razones humanitarias” y atribuyendo a la ligera al señor Pizango el carácter de “perseguido político”, el gobierno del señor Ortega corrió a protegerlo de la acción de la justicia peruana, como ya lo hizo con “las heroínas” y supuestas víctimas de “terrorismo de Estado”, la mejicana Lucía Morett y las colombianas Doris Torres Bohórquez y Martha Pérez Gutiérrez, conocidas estas últimas en la guerrilla de las Farc con los alias de “Susana” y “Diana”, las tres sobrevivientes del ataque al campamento de ‘Reyes’ en Ecuador y prófugas de la justicia colombiana, lo que fue oportunamente denunciado por el embajador Camilo Ospina ante el Consejo Permanente de la OEA como una descarada intromisión y un respaldo abierto de ese gobierno al terrorismo, sin que ese organismo se dignara emitir un pronunciamiento acorde con las circunstancias.

En una ejemplar actitud de firmeza institucional, al día siguiente de esa intervención, el propio presidente Alan García declaró que “como país democrático aceptamos, y está en nuestra Constitución que la calificación la hace el país que concede el asilo. Si Nicaragua considera que el señor Pizango es una persona que merece el asilo porque no tiene aquí las condiciones de juicio justo, pues hay que reconocerlo, aunque no le guste a uno”. Quedan al menos, como constancia histórica, las muy claras explicaciones de la embajadora peruana en la OEA, María Zavala, sobre las ‘hazañas’ del nuevo ‘héroe’ del olimpo sandinista, principal instigador de los lamentables hechos de Bagua, que, por cierto, fueron presentados en un comienzo – en una versión tramposamente politizada a favor del movimiento indígena y acogida en forma irresponsable por el sistema informativo mundial – como un “genocidio” por parte de la Policía peruana, que habría arremetido contra los manifestantes, causando numerosos muertos y heridos, y, a la hora de la verdad, resultó todo lo contrario. La masacre fue contra los agentes del orden institucional de la República del Perú, que habían llegado allí el 5 de junio con la misión de despejar la carretera ‘Fernando Belaúnde’ en el lugar denominado ‘Curva del Diablo’, y fueron objeto de ataques planificados y violentos que resultaron en el asesinato de 13 efectivos de la Policía Nacional. Según la embajadora, “está comprobado fehacientemente que los 13 policías fueron torturados y asesinados. Asimismo, 38 efectivos policiales y un civil fueron tomados como rehenes en la denominada Planta de Bombeo No. 6 del Oleoducto Nor Peruano y el sábado 6 se estableció que 10 de estos policías rehenes habían sido cruelmente asesinados, hallándose rendidos y sin haber en momento alguno disparado sus armas”. Aunque en principio se propaló la versión de que habría decenas de muertos entre los manifestantes, hasta ahora sólo se conoce oficialmente de nueve, mientras que los heridos suman 155, entre agentes y civiles.

Aparte de la justeza o no de los reclamos de los indígenas contra la nueva Ley Forestal, un debate que sabemos se adelanta en el Congreso y en los medios de opinión ciudadana y que de la mejor manera tendrán que resolver los propios peruanos, hay dos aspectos concomitantes para que se desatara la tragedia de Bagua, absolutamente condenables. El primero, la pretensión del señor Pizango y sus conmilitones de imponer su opinión por la fuerza, bloqueando carreteras e impidiendo por 55 días el transporte de personas, alimentos, combustibles, y toda clase de mercancías, desde esa región hacia el resto del país. Y el segundo, la descarada intromisión extranjera en un conflicto netamente peruano, como lo denunció el presidente García: “Tras los hechos de violencia existió influencia externa, porque antes de la jornada de protesta, en la Región de Puno, se realizó un congreso indígena, con representantes de varios países, que llamaron a la insurgencia...”. Y a ese encuentro, agregó el presidente, “el gobernante de un país cercano y vecino, envió mensajes incandescentes respecto a la conducción de nuestras naciones por las etnias indígenas y aborígenes”.

Se refería, sin mencionarlo, al presidente Evo Morales, quien envió una carta – ampliamente divulgada – en la que apremiaba a la indiada peruana a levantarse primero para protestar en defensa de los derechos de las etnias, luego a impulsar una rebelión contra el régimen neoliberal, y en tercer lugar, hacer la revolución. En lugar de contribuir a la coexistencia, la de Morales fue una incitación a la violencia, que demuestra que en el Perú no hay propiamente una movilización de las comunidades indígenas por reivindicar sus derechos ancestrales, sino una confabulación política de extrema izquierda con vinculaciones internacionales, prueba de las cuales, además, es el atrabiliario ‘asilo político’ concedido por el ‘presidente rufián’ al terrorista Pizango. Pero, a pesar de la tempestuosa violencia de estos días, conservamos la esperanza y hacemos votos porque el gobierno del presidente García logre una salida que retorne la paz a la hermana nación.