Defensa del acuerdo militar

Por Jaime Tobón Villegas

El Mundo, Medellín

Agosto 14 de 2009

He venido observando la multitud de comentarios que han expuesto sobre este problema, tanto en la prensa nacional como internacional, de donde se desprende la legitimidad del acuerdo para perseguir los dos flagelos que se presentan en Colombia, como son: el terrorismo a cargo de las organizaciones criminales Farc, ELN y AUC y el narcotráfico a nivel internacional. Las bases no serán para vigilar países vecinos, ni para montar guardia contra ellos. En el caso de Venezuela, ningún país protestó cuando el coronel Chávez resolvió armarse hasta los dientes, porque es su capricho y voluntad, ese sí preparándose para invadir a Colombia por el oriente, para que su súbdito Rafael Correa lo haga por el sur. A esto habría que agregar lo de Nicaragua, el fenómeno de Honduras y lo de Evo Morales en Bolivia.

La lucha contra el terrorismo está planteada en Europa con la Unión Europea y en América Latina y Estados Unidos, Colombia, México y el Brasil. ¿No será oportuno auspiciar un movimiento internacional para que se defina si América Latina se quiere convertir en tierra de nadie o manejada por los bárbaros que dirigen con la engañosa política bolivariana a fin de acomodar sus caprichos violentos para la expansión territorial; o sí, por el contrario, América Latina reacciona y en un frente común con los países que defienden las instituciones democráticas, el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y el estado social de derecho, como el nuestro, toman la dirección correcta?

Considero que no debemos seguir observando pasivamente unos cuantos locos apoyados en su narcisismo enfermizo para pretender manejar un continente de 400 millones de habitantes para satisfacer sus aficiones por la guerra, la sangre, el delito y el desorden total.

Pensaría que es necesario solicitar del Gobierno Nacional, prudentemente, que designe embajadores de la más alta solvencia moral y categoría académica y profesional, conocedores del país y de sus instituciones, para llevar la representación de Colombia ante países como Brasil, Argentina, Chile, Perú, México, Centro América y, por qué no, en Venezuela y Ecuador.

Estas representaciones tienen que ser de la más alta categoría para evitar que sigan demeritando las políticas económicas y sociales que el gobierno del presidente Uribe y su equipo de colaboradores están llevando hasta el final de su mandato.

No olvidemos que los últimos gobiernos antes del 2002 decidieron entregar una parte de nuestras embajadas en Europa a los amnistiados y perdonados de los más graves delitos, como la toma del Palacio de Justicia y el sacrificio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el asesinato de candidatos a la Presidencia de la República y de eminentes periodistas, y tales representantes utilizaron la representación diplomática para organizar multitudes de ONG que se convirtieron en los peores enemigos de Colombia; y los que regresaron, hoy hacen parte de la administración pública y sobre todo, son dizque voceros del pueblo dentro del Congreso.

¿Hasta cuándo seguiremos ignorando la historia?