Por Guillermo Perry
El tiempo, Bogotá
Agosto 1 de 2009
El Gobierno ha presentado una nueva reforma tributaria para garantizar el financiamiento de los gastos en defensa. El lunes pasado, en un debate auspiciado por Fedesarrollo y el Instituto de Ciencia Política, se llegó a un amplio consenso sobre el tema.
Para comenzar, se reconocieron los logros del esfuerzo que ha hecho el país en esta materia a partir de 1990 y, en especial, bajo las administraciones Uribe. El considerable aumento en gastos de defensa ha resultado en una disminución radical de homicidios, secuestros y atentados y en una creciente recuperación del control del territorio por parte de la fuerza pública. Pero este proceso no está aún completo. Para consolidarlo se requiere no solo sostener el actual pie de fuerza, sino, probablemente, aumentarlo y mantener y renovar el equipamiento en curso en las áreas de movilidad, inteligencia y capacidad ofensiva. Por tanto, es necesario garantizar el financiamiento permanente del gasto actual en defensa y un crecimiento real de un 4 por ciento anual en equipamiento. El control territorial requiere presencia de la fuerza pública y de otros servicios básicos del Estado, por lo cual, entre otras razones, el gasto en defensa no puede hacerse, como hasta ahora, a expensas de otras funciones estatales.
Ahora bien, el debate concluyó que no es apropiado seguir financiando la inversión en equipamiento militar con impuestos temporales específicos, como propone el Gobierno. No solo por cuanto lo que se requiere es un esfuerzo permanente, sino porque
Hay dos alternativas. La primera es financiarlo con recursos ordinarios del presupuesto. El problema radica en que el presupuesto está gravemente desfinanciado, como ha reconocido el Ministerio de Hacienda, por cuanto el Gobierno se gastó la mayor parte de los ingresos extraordinarios de los últimos años y no ahorró para enfrentar el actual periodo de vacas flacas. Por tanto, requiere recursos adicionales no solo para financiar la inversión en defensa, sino para mantener el ritmo de gasto e inversión en otros sectores. En otras palabras, se hace necesaria una reforma tributaria estructural. Esta debe incluir la reducción de los privilegios exorbitantes que el Gobierno ha otorgado a diestra y siniestra. De hecho, reconociendo sus excesos, está proponiendo que las Zonas Francas no gocen de la deducción tributaria por adquisición de activos, que esta última se reduzca en forma general del 40 al 30 por ciento y ser más responsable con los contratos de seguridad jurídica. Sería más apropiado, consideró unánimemente la reunión, avanzar hacia un régimen de tasa más baja para todas las empresas sin privilegios especiales. No será fácil hacerlo a partir de la colcha de retazos que legará la administración Uribe, pero hay formas de enmendar gradualmente el entuerto, algunas de las cuales se expusieron en el debate.
Sin embargo, se convino en que una reforma tributaria estructural debe ir mucho más allá. Debe sustituir el recaudo de los parafiscales (que promueven la informalidad y el desempleo) y el impuesto a las transacciones financieras (que está encareciendo y limitando la expansión del crédito) por recursos ordinarios. Hacerlo requiere simplificar el IVA para que resulte más productivo en términos de recaudo, pues la multiplicidad de tarifas y exenciones hace que sea muy costoso de administrar y rinda poco, y elevar su tasa básica.
La segunda alternativa que surgió para financiar la inversión en defensa, pero que no obvia la necesidad de una reforma tributaria estructural para cubrir el desfinanciamiento general del presupuesto nacional y reducir las costosas distorsiones presentes, sería la de destinar una fracción de las regalías recibidas por la explotación de petróleo y minerales a este propósito. Esta idea, que requeriría una reforma constitucional, merece considerarse. Chile destina una parte de las regalías del cobre a este propósito y otra al desarrollo científico y tecnológico.
*Ex ministro de Hacienda
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