Del Estado de Opinión

Por Humberto Galvis Cote

Vanguardia Liberal, Bucaramanga

Agosto 7 de 2009

El término que por estos días tiene pensando a magistrados, políticos y estudiosos del derecho constitucional, es el de “Estado de Opinión”, denominación que el presidente Uribe ha venido empleando en sus recientes discursos y que se considera como descriptivo del estilo de gobierno del mandatario de los colombianos. Ya ha empezado a interpretarse esta locución, cuyos eventuales aceptación y arraigo en el trasegar político colombiano, puede llegar a implicar gran trascendencia.

Antes que nada, es preciso anotar que la situación de hecho que da pie a la utilización de lo que pudiese llegar a convertirse en nuevo concepto dentro de la ciencia política, no es ni nueva, ni ha tenido origen en territorio patrio. Se trata de una situación registrada en no pocas ocasiones a lo largo del siglo XX, consistente en la importancia que tanto para la evaluación de las relaciones de un gobernante con sus gobernados, como para la construcción del futuro de tal nexo, tienen las acciones y evidencias del contacto directo de aquel con éstos. El Presidente o el primer Ministro acude a la comunicación personal con la ciudadanía como estrategia de gobierno.

A las críticas que se hace a la actividad política, debe agregarse ahora la de la volatilidad que presenta su ejercicio. Desdibujados los partidos, como acontece en diversos lugares del mundo, los candidatos buscan el favor popular, anunciando en sus propuestas la realización de acciones específicas que solucionarían necesidades concretas de sectores clave del electorado potencial. La priorización de las expectativas de los ciudadanos se ha dejado en manos de la inspiración e interpretación, que en el fondo se convierte en intervención del aparato mediático. La dictadura de las encuestas es la que en el denominado sistema democrático termina decidiendo los programas de gobierno hoy en día. Esa interrelación con los gobernados es la que se pretende ahora mantener a lo largo del mandato del Ejecutivo.

Con la reforma constitucional de 1991, en Colombia, del Estado de Derecho se pasó al Estado Social de Derecho, sistema político en el que la democracia, además de representativa, se convirtió en participativa. Los mecanismos de comunicación oficial, existen desde entonces. La opinión pesa y determina el curso del accionar político, este es un hecho visible en todas las latitudes. Lo importante es que se canalice su expresión, por los conductos jurídicamente establecidos, sin desdibujar la estructura constitucional del ejercicio del poder.